La consejería de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña debería desaparecer del próximo gobierno, por coherencia con los recortes que se han concentrado precisamente en sus políticas. Valdría más crear una consejería de Promoción del Negocio Bancario o bien, si Esquerra Republicana se empeña, de Control del Negocio Bancario.
El gobierno de la Generalitat debe en estos momentos 453 millones de euros a las entidades catalanas de servicios sociales, de los que el 65% corresponden a contratos y subsidios firmados por el departamento de Bienestar Social, tal como ha denunciado esta semana la Mesa del Tercer Sector, sin tener en cuenta el dinero que se ha dejado de asignar debido a los recortes.
La deuda se ha acumulado durante los últimos meses porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Parlament de Cataluña en mayo de 2012, con los votos de CiU y PP, obliga a satisfacer en primer lugar los compromisos de la Generalitat con los bancos y, si le queda dinero, en segundo lugar los contraídos con las entidades sociales. Los bancos cobran de manera preferente por decisión del Parlament, mientras las entidades de servicios sociales se ven empujadas a la precariedad: el 51% han tenido que reducir plantilla y el 90% aplazar pagos de la nómina.
“Las familias, los niños y les personas vulnerables no estamos entre las prioridades”, ha declarado esta semana la presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Àngels Guiteras. También ha reclamado que la Generalitat cree un plan de devolución de la deuda y que intervenga para que los bancos reabran las líneas de crédito que el incumplimiento de la administración ha cerrado. En estas condiciones, mantener la existencia y el nombre de la consejería de Bienestar Social es un escarnio.
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