El reciente artículo del presidente del CSIC, D. Emilio Lora-Tamayo, en el que se defiende que es razonable circunscribir el problema de la “fuga de cerebros” a la salida de funcionarios de plantilla del CSIC, no falta a la verdad con el restringido conjunto de datos al que premeditadamente limita su análisis, pero sí adolece de una grave falta de perspectiva. Dice la verdad, pero no toda la verdad de lo que está pasando en la I+D española y, en particular, en el CSIC. Su justificación de las causas (la crisis) es fácilmente rebatible y su análisis de las consecuencias es injustificadamente optimista.
En este artículo queremos dar una visión más completa de la difícil situación de la I+D y del CSIC, analizar sus causas y sus muy probables consecuencias y rebatir su inevitabilidad. Pero, antes de empezar, es conveniente dejar meridianamente clara la importancia de la I+D para nuestra sociedad.
Pasadas por fortuna las épocas de conquistas e invasiones, son solamente dos los caminos que permiten progresar a las naciones: la explotación de los recursos naturales, cuando los hay, y la I+D. El primer camino es ancho y fácil de tomar y lo siguen, entre otros, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, Libia y, en gran medida, España (pues dependemos, aún más tras la crisis, del turismo de sol y playa y la producción agrícola). El segundo es más estrecho y requiere perseverancia. Lo siguen, entre otros, los países escandinavos, Suiza, Holanda, Alemania, EEUU, Corea... y a él se están incorporando las llamadas economías emergentes (China, India, Brasil…). El primero a menudo acaba en un abismo, cuando los recursos naturales se agotan o cuando no hay más costa que urbanizar. El segundo tiene un recorrido mucho más largo, y de él dependemos además para saltar por encima del abismo de la sobreexplotación de los recursos, haciendo la agricultura más productiva y resistente, evitando epidemias, aumentando la eficiencia de los combustibles… Además, llevan a sociedades más educadas, libres y pacíficas. Pero es un camino que exige constancia para no descolgarse del pelotón de vanguardia, porque de lo contrario luego tocará redoblar el esfuerzo para reengancharse con recursos menguantes (por la menor competitividad de la economía) - y eso, a menudo, es imposible.
Por muchas vueltas que le demos, no hay más que esas dos opciones, y sólo la segunda es una auténtica garantía de futuro. Es posible salir de la crisis sin I+D, pero sólo para recaer. Si de verdad se cree en el potencial transformador de la ciencia y la cultura, como debería creer un Presidente del CSIC, no se pueden maquillar ni justificar los recortes - como ningún padre justificaría, incluso en medio de una crisis económica, una pausa de varios años en la educación de sus hijos: porque es su único futuro.
Pero analicemos cuál es la situación real de nuestra I+D y del capital más importante de que disponemos: nuestro capital humano.
Es importante destacar, en primer lugar, que los efectos de la crisis económica sobre la I+D española se han producido en un contexto de pérdida de competitividad de la I+D europea. La UE está perdiendo competitividad en I+D a toda velocidad - ya que la intensidad de su gasto en ese concepto (esto es, el % del PIB invertido), que ya era inferior a la media de la OCDE y muy inferior al de EEUU y Japón hace 20 años, ha sido igualado o superado por el de los países emergentes (como China y Corea, respectivamente) durante las dos últimas décadas. Además, durante la crisis, esa pérdida de competitividad ha sido mucho más pronunciada en España (y otros países del sur) que en el resto de la OCDE. Mientras que el moderado incremento del gasto público en I+D de los países de la OCDE (casi un 10% entre 2008 y 2012) permitió compensar primero el descenso del gasto privado, e impulsar después su recuperación (de forma que acabó creciendo cerca de un 8% entre 2009 y 2012), la fuerte caída del gasto público en España (que solo entre 2010 y 2012 descendió a los niveles de 2007) exacerbó primero la caída del gasto privado y limitó después su recuperación.
Esta pérdida de competitividad ha agravado el retraso histórico que apenas habíamos empezado a superar en España. La carencia de capital humano de la que partíamos era tan grave que, incluso en el año previo a la crisis (cuando, según nuestra Secretaria de Estado de I+D Carmen Vela, estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y “cada capital de provincia tenía un parque tecnológico”), España no sólo invertía mucho menos en I+D que sus vecinos europeos: también dedicaba muchos menos recursos humanos. En 2012, antes de los recortes de 2013 y 2014, España tenía 7.17 investigadores por cada 1000 empleados (“researchers per thousand employment”, datos de la OCDE), menos que los 8.24 de Alemania, 9.68 de Bélgica, 9.24 de Francia o 7.95 del Reino Unido (y menos de la mitad que los de los países punteros: 16.1 en Finlandia o 15.0 en Israel). Y esto en un país con un desempleo récord, con lo que las cifras de investigadores per cápita son aún peores.
Es sobre esa carencia histórica de capital humano que debemos juzgar la pérdida de personal investigador. Una pérdida que, la llamemos “movilidad exterior” o “fuga de cerebros”, tiene muchas más dimensiones que las que el presidente del CSIC y nuestro ministro de educación están dispuestos a reconocer. Incluso aceptando su marco de análisis, restringido a los investigadores de plantilla (funcionarios), lo primero sería reconocer el brutal descenso del número de incorporaciones. El número plazas convocadas en los organismos públicos de investigación descendió desde 681 en 2007 a 15 en 2013. En el CSIC, cayó desde 986 en el quinquenio 2004-2008 (casi 200 anuales) a 140 en el quinquenio 2009-2013 (menos de 30 anuales). Eso hace que 170 científicos que haría falta seguir incorporando para aproximarse a los demás países desarrollados, abandonaran “virtualmente” el CSIC cada año. Científicos inexistentes o no computables para el Presidente del CSIC, pero excelentes investigadores de carne y hueso, que o bien trabajaban en centros del CSIC (con los contratos Ramón y Cajal ideados justamente para “rescatar cerebros fugados”, por ejemplo) o bien lo hacían en otros centros o en otros países y podrían haber ingresado en el CSIC y contribuido a nuestro progreso y que no lo han hecho.
Pero la realidad es aún peor, porque además se ha producido una tremenda pérdida neta de personal científico funcionario. Desde 2012 se han repuesto menos del 10% de las jubilaciones. En ausencia de cifras oficiales, se puede estimar la pérdida neta de investigadores funcionarios por este motivo así: si se han convocado, en promedio, 30 puestos anuales, han debido jubilarse al menos 300, por lo que se han perdido unos 270 al año.
Estas cifras se suman a los 18 investigadores que han optado por irse al extranjero y los 29 que han cambiado de institución que son los únicos contabilizados por el Presidente del CSIC. Éstas son unas cifras tremendamente significativas porque se trata de investigadores con plaza permanente, grupos ya consolidados y fondos para la investigación (algunos muy sustanciosos) que pierde el CSIC. El traslado en esas condiciones requiere una tremenda inversión personal e intelectual y sus causas conocidas (la inoperante burocracia del CSIC, su falta de flexibilidad y de adaptación a la competición internacional, entre otras) merecerían ser explicadas y corregidas rápidamente, pero en vez de esto, se les quita importancia.
¿Estamos en condiciones de seguir perdiendo personal investigador? ¿Podemos permitirnos desperdiciar la inversión estructural hecha, con gran esfuerzo, en formar y dotar grupos (muchas veces gracias al dinero europeo) dejando que se vayan? ¿Estamos en condiciones de afrontar el enorme coste de oportunidad de interrumpir o no iniciar líneas de investigación, dejando que sea fuera donde se aproveche ese capital humano, y tratando de reiniciarlas (a toro pasado ya, como siempre) dentro de unos años?
Y, sobre todo, ¿podremos atraer ese capital en el futuro, compitiendo con países que tienen mejores condiciones y salarios? ¿Y de afrontar los costes de arranque (“start-up costs”) necesarios para reiniciar y dotar prácticamente de cero nueva líneas de investigación competitivas? Y, con esos mimbres, ¿cuándo estaremos en condiciones de transformar esas líneas de investigación en economía productiva? ¿Cuándo podremos crear las condiciones necesarias para facilitar el verdadero emprendimiento?
La situacion es dramática, no solo para quienes se tienen que ir, y ni siquiera para quienes no podrán ni querrán volver nunca, sino para la comunidad científica que se queda (sin poder trabajar por falta de recursos y de personal, a pesar de haber sido competitivos hace nada) y para la sociedad que depende de ellos para innovar y ser competitiva.
Confundir esta situación con argumentos acerca de la baja eficiencia de la I+D española, como hizo en su momento la Secretaria de Estado Carmen Vela, es además notoriamente falso. Por dos motivos.
Primero, porque si bien una parte considerable de la plantilla de nuestras Universidades y OPIs no están a la altura de lo que sería exigible, y está consumiendo recursos que serían vitales para grupos que sí son productivos, la realidad es que (incluso en esas condiciones) la productividad por euro de los PIIGS es igual o superior a la de otros países del G8. Sorprendente, pero cierto. ¿El motivo? Solo podemos especular. Probablemente, porque en todos los países hay ineficiencias, y en el nuestro hay muchas, pero también hay muchos investigadores que estiran hasta el infinito los magros recursos y las jornadas de trabajo. Bien lo saben nuestros “socios” europeos - que, a pesar de la crisis, están hinchándose a contratar españoles, griegos y portugueses (y menos mal que están ellos para hacerlo).
Segundo, porque nuestros líderes se han llenado la boca de excelencia, pero ni siquiera han sido capaces de aprovechar la crisis para eliminar peso muerto (ese pequeño pero significativo porcentaje de investigadores que no hacen su trabajo y, en algunos casos, apenas pisan sus centros) y retener a los mejores. Como sale más barato, o molestan más, han optado por dejar que se vayan los más competitivos.
Queda por discutir un último argumento: el de la falta de recursos causada por la crisis, que según el discurso oficial, habría hecho inevitable la reducción del personal investigador del CSIC causando la “fuga de cerebros”.
Este argumento palidece ante la comparación de las partidas de I+D con cualquier otra partida presupuestaria, particularmente las susceptibles de mal uso por nuestros gestores públicos (como la construcción o alquiler de edificios e infraestructuras). Aparentemente hay dinero para cualquier cosa: con el dinero que ha costado el cambio de sede de la CNMV, considerado injustificado por el Tribunal de Cuentas, los investigadores indios han mandado una sonda a Marte. También hay dinero para las fundaciones de los partidos y para sus “juventudes”. Hay dinero para armas aunque no se incluya en los PGE. Hay dinero (200 M€) para contratar a una consultora americana que nos diga qué hacer para que flote un submarino ya presupuestado en 500 M€. Éste es el típico gasto consecuencia directa de la falta de inversión en I+D (esos consultores podrían haber sido de una empresa española), pero no se acaba ahí: aun sin saber cómo harán para que funcione el submarino, parece claro que los 2000 M€ reservados para todo el programa (4 submarinos) es insuficiente y que habrá que gastar al menos 700 M€ más.
La indemnización a la empresa privada ACS por el fiasco del almacén Castor (1350 M€), otra consecuencia directa de nuestro mal uso del conocimiento experto, bastaría para cubrir todo el presupuesto del CSIC (recortado de 800 a 600 M€ entre 2010 y 2013) durante más de 2 años. Las indemnizaciones por el fiasco de las autopistas de peaje (entre 650 y 1300 M€) cubrirían ese mismo presupuesto durante uno o dos años. Los sobrecostes del almacén temporal de residuos nucleares serían suficientes para que el CSIC reviviera y para poner una sonda en Júpiter, por lo menos, y evitaría, al tiempo, que sigamos careciendo de empresas y personal capaces de hacer bien ese tipo de obras.
El programa Ramón y Cajal (el más prestigioso de nuestra I+D) tiene, en cada convocatoria, una previsión de gasto de 5 años de contratos para los seleccionados. Este año, está previsto contratar a 175 investigadores por 5 años, con una previsión de gasto de unos 50 M€. Esa cantidad equivale a la que se gastarán los ayuntamientos de Madrid o Barcelona en asesores nombrados a dedo (casi 12 M€ anuales, 60 M€ en 5 años, en cada uno de ellos) y a menos de un tercio de lo gastado en la misma partida por los 6 mayores ayuntamientos de España (34 M€ al año, 170 M€ en 5 años).
No es que no haya dinero: es una cuestión de prioridades. La ciencia y el I+D (y la cultura en general) no están entre las prioridades de nuestros dirigentes, que no ven más allá del código penal.
Lo mismo ocurre con las subvenciones a las energías renovables, o a la industria del cine, o muchos otros ejemplos. En España se subvencionan un montón de cosas. Se subvenciona a las eléctricas de mil maneras diferentes, la compra de coches, el diesel agricola, etc. Es una cuestión de prioridades, no de que las subvenciones fuesen o no sostenibles. Todos estamos pagando las subvenciones a la compra de automóviles, pero a nadie le parece mal, porque no le dejan ver lo que le cuesta que el vecino se compre un coche nuevo, pero le ponen muy claro lo que le ha subido el recibo de la luz. Ambas sirven para mantener puestos de trabajo en un momento difícil - pero ¿cuál de las dos promete asegurar la creación de puestos de trabajo en el futuro?
Dinero hay. Hay que decidir bien en qué gastarlo.
Tomás Ortín y Luis Santamaría son, respectivamente, secretario y presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE)
Sobre este blog
Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
