En una entrevista reciente el profesor Juan Luis Arsuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca, destacaba lo que hubiéramos sido capaces de hacer si los 25.000 millones de euros inyectados a Bankia se hubieran dedicado a ciencia y tecnología y el impacto que esto hubiera tenido sobre la hambruna político-intelectual que vino después. No hay mucho que añadir a eso. Hace unos días, con todo el país y el Gobierno volcado en la quimera olímpica, fuimos muchos los que nos alegramos de que no dieran la sede olímpica de 2020 a Madrid. Nuestro Gobierno estaba dispuesto a invertir 1500 millones de euros para garantizar el proyecto. En fin, un paso al frente para consolidar el modelo que nos llevó al abismo, construcciones y servicios. Poca imaginación, ¿no? De nuevo, sólo imaginar que ese dinero se hubiera comprometido en un nuevo modelo de desarrollo basado en ciencia y tecnología pondría la piel de gallina. Recordemos que el gasto real en I+D presupuestado para 2013 por el estado es de 2266,78 millones de euros.
Sin embargo lo que tenemos en este momento es penuria y lo que nos hubiera gustado que ocurriese es sólo parte de nuestros sueños. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, impone un corsé absolutamente intratable para la ciencia nacional y especialmente para la universidad pública, su motor más importante. Se impone una tasa de reposición de puestos de las administraciones públicas del 10 %, que se llevará a cabo de manera indiscriminada. De nuevo una medida que claramente indica que la crisis es una excusa ideológica para desmontar lo que se fue construyendo entre todos en los pasados 30 años.
En las universidades se producen situaciones dantescas. En algunos casos, en las más envejecidas, es una descapitalización en toda regla. Universidades como la de Sevilla han perdido más de 150 funcionarios en el último año. Con la tasa de reposición sólo se pueden cubrir 15 plazas. Da lo mismo si las bajas se producen en sitios científicamente productivos, en otros capaces de generar recursos para la universidad o, sencillamente, en áreas o departamentos con mucha carga docente. La medida es ciega; absurda, nos atrevemos a decir.
En el otro extremo están las universidades jóvenes. Por ejemplo la universidad Rey Juan Carlos, que con una plantilla en consolidación sólo jubiló a 8 funcionarios docentes en el 2012. La comunidad de Madrid, interpretando el decreto de la forma más cicatera, indicó que no puede convocarse ninguna plaza en este año al no alcanzar el valor cabalístico de 10 ¿Qué hacer? ¿Quizás acabar con algún profesor para que sumen 10 las bajas y jubilaciones? Perdón por la licencia.
Muchas universidades, al amparo de su autonomía, hicieron caso omiso al decreto y convocaron plazas de funcionarios docentes a pesar de todo. Plazas en muchos casos urgentes, como las necesarias para consolidar contratos de Ramón y Cajal a su término, tal y como se habían comprometido a hacer al incorporar a dichos investigadores y convencidos de que, de no ser así, se perdería ese capital tan valioso. Ante el asombro de toda la comunidad universitaria, el ministerio de Economía y Competitividad puso sus servicios jurídicos a pleitear para echar atrás todos esos concursos. Para sorpresa de todos, dichos servicios solicitaron la suspensión cautelar de las convocatorias.
Desgraciadamente, las 47 plazas de la Universidad de Valencia recurridas por Hacienda no son el único ejemplo. Esta suspensión implica, para los legos en temas jurídicos, que estos nuevos funcionarios docentes e investigadores vuelven a su posición anterior al concurso hasta que todo se resuelva, lo cual puede llevar años. Además, demostrando una sensibilidad fuera de lo común (han obviado que) en la mayoría de los casos esa vuelta es imposible; por ejemplo, los contratados Ramón y Cajal por quedar extintos o, sencillamente porque las plazas que dejaron ya están ocupadas.
Afortunadamente, algunos jueces no han admitido dicha suspensión aunque el recurso ha sido elevado a instancias superiores. Pero nos da una idea de los métodos que no duda en poner en juego el Ministerio de Economía y Competitividad cuando alguna universidad se atreve a levantarle un poco la voz. Y, una vez más, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué ahorro representan estas poquísimas plazas que se han convocado? ¿Cómo se compara este mínimo gasto con todo lo demás y cómo se compara su retorno? No, no son recortes, son mandatos ideológicos sin ninguna justificación económica real. Especialmente cuando los profesores no estabilizados, si no emigran, se ven muchas veces abocados a buscar trabajo en universidades privadas, obvias beneficiarias de los recortes en la universidad pública.
Por supuesto que era necesario una reforma de la carrera investigadora y docente, una reforma que ajustase los recursos y las plazas en función de la competitividad, eficacia, internacionalización y éxito, medido como se decida, para ajustar las plantillas. Acabar con esos sumideros de profesionales deshonestos que no hacen nada y desaparecen con las vacaciones de los estudiantes, contratados sin méritos en procesos endogámicos y arbitrarios. Esa lacra no merece un sitio en esas reformas. Desafortunadamente no avanzamos en esa dirección, y lo que el Gobierno pone sobre la mesa son recortes que estrangulan a las universidades y centros de investigación de manera indiscriminada, impidiendo la entrada de profesionales excelentes a la vez que dificulta la capacidad de investigar y reduce la calidad de la docencia del personal estable. Lejos de aprovechar la crisis para mejorar la universidad, la gestión estatal se ceba de manera descorazonadora en la gente que ha trabajado bien y ha conseguido sus habilitaciones externas.
Para los colegas a los que les han recurrido las plazas, el sueño de que el dinero de Madrid 2020 pudiera ir a parar a ciencia y tecnología sería una esperanza. Vana ilusión porque seguramente irá a cualquier otro sitio, quizás para reajustar algún desequilibrio de alguna entidad financiera un poco agobiada.
Sobre este blog
Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
