Bienestar animal y economía circular: en busca de la vanguardia medioambiental

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural se ha convertido en una de las más activas de Castilla-La Mancha. Actualmente, es el departamento que más normativa con rango de ley tiene pendiente de aprobación y su titular, Francisco Martínez Arroyo, mantiene como objetivo que cada una de estas normas se conviertan en pioneras en el país. Para ello, ha esgrimido no solo las particularidades de la comunidad autónoma en materia de zonas naturales y especies protegidas sino también el hecho de que durante muchos años este aspecto no haya sido defendido como debía. Con la aprobación en marzo de la denominada Ley Antifracking, se cumplió una de las promesas de Emiliano García-Page durante su discurso de investidura -pese a que después ha sido recurrida-, pero aún están pendientes otros textos, todos previstos para los menos de dos años que restan de legislatura.

Ha sido la reforma de la polémica Ley de Caza que aprobó el Ejecutivo anterior de María Dolores de Cospedal la última en entrar en las Cortes castellano-manchegas. Con el visto bueno del Consejo de Gobierno, esta nueva norma hace de la “caza social y sostenible” su principal bandera. En total, se han llegado a redactar hasta ocho borradores diferentes y se han producido casi un centenar de reuniones con interlocutores del sector cinegético, del colectivo ecologista y de agentes sociales y económicos.

El Gobierno regional no ha conseguido consensuarla al cien por cien pero sí en gran parte de su contenido. Entre sus principales novedades, que previsiblemente entrarán en vigor tras su aprobación en las Cortes la próxima primavera, se encuentra la obligatoriedad de una evaluación ambiental en zonas de caza intensiva que se encuentren en áreas naturales “sensibles”, la recuperación de la prioridad del uso de caminos y montes para actividades como la micología frente a las acciones cinegéticas y la modificación de uno de sus preceptos más polémicos: el que permite disparar a animales “asilvestrados” como perros y gatos. Se ha incorporado que estos últimos no tendrán consideración de piezas de caza pero podrán ser capturados, priorizando la “captura en vivo y con métodos no lesivos”.

Asimismo, se contemplan exenciones de licencias de caza y pesca para jubilados mayores de 65 años residentes en la comunidad autónoma, se reducen en un 15% las tasas de cotos sociales que estén federados y se recupera la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos en el medio natural.

Sobre este punto se ha congratulado la Plataforma ecologista que se creó contra la Ley de Caza de Cospedal. Ha agradecido los cambios y ha valorado el “esfuerzo” realizado por el actual Gobierno para atender las demandas de un “cambio sustancial” en la normativa cinegética y, en particular, el realizado por Martínez Arroyo, “quien tiene que soportar a diario la desquiciada sobreactuación del lobby cinegético con sus indefendibles argumentos”. No obstante, considera que el proyecto aun se queda “corto” en cuestiones como la edad para cazar, la limitación de determinados métodos de caza como la nocturna o la eliminación de vallados ilegales.

Esta norma guarda algunas ‘fricciones’ con otra que el Gobierno castellano-manchego quiere convertir en una de sus normas ‘estrella’: la de Protección y Bienestar Animal. Básicamente, el objetivo es pasar de una normativa que data de 1990 y cuyas multas están en pesetas a otra con la que situarse “a la vanguardia” del país en la defensa de los derechos de los animales domésticos. En su fase de información pública, este proyecto ha recibido centenares de alegaciones que aún se están tramitando por parte del Ejecutivo regional, lo que ha provocado cierto retraso en su remisión a las Cortes, prevista también para el próximo año.

En el último borrador de este proyecto de ley se aumentan considerablemente todas las sanciones por maltrato animal e incluso cambia la categorización existente entre leves, graves y muy graves. De hecho, en infracciones muy graves, donde se incluye matar y envenenar animales, el máximo vigente de 6.000 euros se multiplicaría por diez, hasta los 60.000 euros. Ahora bien, es una normativa referida a los animales domésticos en la que no se incluyen los festejos taurinos (en cuyo reglamento ya se han incluido multas por utilizar animales en espectáculos crueles), la actividad cinegética y la producción ganadera, regulada a nivel europeo.

Entre las propuestas más novedosas se encuentra prohibir la utilización de animales salvajes en los circos. Sería dar rango autonómico a medidas ya impulsadas por muchos municipios de todo el país. Al incluirlo en la nueva Ley, se obligaría a todos los ayuntamientos a acatarlo. Entre otras novedades, la intención de la Junta es también prohibir el tiro al pichón, realizado en Castilla-La Mancha como actividad deportiva y que ha levantado ampollas en las federaciones creadas para tal uso.

Los animalistas quieren más

En el lado contrario, protectoras y colectivos animalistas consideran que los supuestos que contempla el  último borrador no con suficientes. APADAT, Arca de Noé, Ardeidas, Área de Protección Animal de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Ecologistas en Acción, Equo, la Federación para el Bienestar Animal o ADDA, entre otros, hablan de “notables carencias” que hacen que “quede lejos de abordar la especial problemática que en relación al maltrato animal y a la gestión de los animales domésticos existe en Castilla-La Mancha”. Consideran que no se debe permitir la utilización de animales como objeto de lucro o de divertimento banal, sean de especies salvajes o domésticas, y no solo en los circos sino también en cualquier tipo de espectáculo, fiesta, exhibición o feria. Además, proponen que se eliminen de la Ley de Caza, ya que de momento su reforma no lo contempla, las referencias a los animales asilvestrados y la posibilidad de cazarlos.

En otro orden de cosas, la región también quiere tomar la delantera en otro asunto medioambiental del que poco o nada se habla en España pero que viene marcado por la Unión Europea: la economía circular. Quiere ser la primera comunidad autónoma en elaborar una ley específica para su implantación y regulación, frente a otras regiones como Madrid y Catalunya que cuentan con planes estratégicos. La Administración regional busca evitar las desastrosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de incendios como el del vertedero de neumáticos de Seseña (Toledo) y el de la planta de reciclaje de residuos de Chiloeches (Guadalajara), así como su coste para las arcas públicas. En el borrador se incorporan formas alternativas de gestionar los residuos que genera la actividad humana en base a la ‘filosofía’ de este tipo de economía: que recursos como los productos de consumo, los materiales, el agua y la energía se mantengan en el mercado el mayor tiempo posible, reduciendo con ello al mínimo la generación de residuos. Es circular porque con ello, según los expertos, se cierra “el ciclo de la vida”, eliminando con ello las tradicionales formas de economía lineal.    

En Castilla-La Mancha no hay precedentes. La normativa es novedosa y trata de llevar al ordenamiento jurídico los principios de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo 'Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular'. El órgano ejecutivo europeo defiende un paquete de nuevas medidas sobre la economía circular para ayudar a las empresas y a los consumidores europeos en la transición a una “gestión sostenible, hipocarbónica, eficiente y competitiva”. 

La nueva ley pretende así incluir los principios de la economía circular en el sistema productivo de la región, y trata de dar soluciones a problemas como la gestión de los recursos naturales (agua, suelo, servicios ecosistémicos, diversidad biológica o energía), el proceso de producción, el consumo -aquí entraría en juego la economía colaborativa- y la gestión de residuos. Este último punto es  uno de los más importantes porque en el mismo se introduce el mercado de materias primas, plásticos, residuos de alimentos, residuos de construcción y demolición, biomasa y biomateriales. En la nueva normativa quieren establecerse las multas, fianzas o “fiscalidad ambiental”, que se aplicaran a empresas y particulares contaminantes y que ya se contemplan en el Plan regional de Gestión de Residuos. 

Por último, otro pilar de la legislación medioambiental pendiente de aprobación y que emana de la política comunitaria lo forma el nuevo anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental, condicionado por el que al mismo tiempo se está elaborando a nivel estatal. Actualmente en Castilla-La Mancha está vigente la Ley regional del año 2007, así como el Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental de 1999.

Son, por tanto, diez años desde la última modificación de la norma castellano-manchega, una década en la que la normativa comunitaria y estatal se ha modificado notablemente, y motivo por el que la Junta quiere abordar el nuevo anteproyecto. En general, el Gobierno regional no solo quiere evitar las situaciones de conflicto o dudas que surgen por existir diferencias y contradicciones entre la normativa regional y la estatal, sino también agilizar estos trámites y también dotarse de mayor protección. 

Con ello también se actualizará el listado de los proyectos y actividades que han de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental y se desarrollará una norma básica para poder incorporar las particularidades medioambientales de Castilla-La Mancha. De igual forma, la nueva Ley de Evaluación Ambiental conllevará la regulación de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, “garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible”.

La modificación de esta norma castellano-manchega es una petición antigua de casi todas las organizaciones conservacionistas tanto regionales como estatales. La gran cantidad de espacios protegidos y los problemas de la región en torno a la gestión pública del agua han hecho cada vez más complicado compatibilizar el desarrollo con la protección ambiental.