Las Brigadas de Incendios Forestales se encierran para reivindicar sus derechos

En las diez bases desplegadas por toda España que las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) se ha llevado a cabo un encierro de 24 horas por parte de sus 550 trabajadores para exigir a la dirección de la empresa pública Tragsa, de la que dependen estos trabajadores, que se respeten sus derechos laborales así como que se escuchen sus peticiones.

Dos de estas diez bases se encuentran ubicadas en Castilla-La Mancha, concretamente en La Iglesuela (Toledo) y en Prado de los Esquiladores (Cuenca), donde también se han encerrado los trabajadores.

Este cuerpo fue creado en 1991 para extinguir y prevenir los incendios forestales, pasando de trabajar sólo durante los meses de verano a trabajar en algunos años durante los 365 días. Actualmente están contratados 10 meses y medio, pasando el otro mes y medio en el paro. Quitando la labor de extinción de incendios en verano, en la que trabajan como un medio helitransportado, su labor durante el resto del año va destinada a la prevención de los incendios y la limpieza de montes para que precisamente en época de alerta por incendios, estos no existan o sean lo menos virulentos posibles.

Esta brigada fue un encargo directo del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que se asignó a la empresa pública Tragsa y cuenta con unos costes de obra y presupuestos de alrededor de 25 millones de euros anuales. Sin embargo, a pesar de tener un protocolo incluso con el ministerio que les ha dado estabilidad laboral, los trabajadores critican la actitud de la empresa de la que dependen, Tragsa, ya que ni se digna a escucharles. En 2005 crearon precisamente una asociación de trabajadores para defender sus derechos, pero desde Tragsa no se quieren reunir con ellos, alegando que no son un interlocutor válido. Sí se reunieron con ellos responsables del gobierno nacional, de comunidades autónomas así como responsables sindicales.

Los miembros han querido dar las gracias a todo el mundo que les ha mostrado su apoyo y han estimado que el encierro ha sido seguido por un 70% de los empleados. “Nunca pensamos que tendríamos tanta repercusión y no existen palabras para señalar todo nuestro agradecimiento. Gracias, mil gracias por entendernos, comprendernos y apoyarnos”, señalaban desde fuentes de la Asociación de brigadistas.

La nota negativa del encierro la puso de nuevo Tragsa, la empresa que quieren que les escuche. Los miembros encerrados en las bases recibieron visitas de responsables de la empresa que les ordenaron identificarse, tomaron nota del DNI e identidad de cada uno de los miembros ahí movilizados y les amenazaron con la imposición de una multa a cada uno de los asistentes (que sólo puede ser de carácter leve al encontrarse fuera del horario laboral).

Los trabajadores piden a la empresa Tragsa su reconocimiento como bomberos forestales, algo que la empresa no tiene reconocido, así como su recálculo de la edad de jubilación que tendrían en vista de ejercer una actividad peligrosa y las condiciones que tendría un empleado en ese puesto de trabajo (laborales, de seguridad, sanitarias, de descanso, etc.).

Los brigadistas ya fueron incluidos en un ERE que fue declarado nulo, por lo que no se pudo efectuar. La empresa alude motivos económicos para la reducción de jornadas y salarios, y presentará este año unas cuentas con unas pérdidas de 40 millones de euros, pero sin embargo repartirá 4 millones de euros al final del año en calidad de “bonus”.