“El CSN está instalado en una carajera en la que no prima seguridad sino intereses políticos”

“El mix energético español es muy carbonizado. La media europea está bajando sus emisiones de CO2 mientras que en España está aumentando”, entre otras cosas porque la reforma energética se basa en las importaciones de gas y petróleo y en un cada vez mayor consumo de gas.

Es la opinión de Francisco Javier García Breva (Guadalajara, 1952), quien fuera director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria. El guadalajareño tuvo responsabilidades en la Consejería de Industria y Energía de Castilla-La Mancha y en el Congreso de los Diputados como vicepresidente 1º de la Comisión de Economía y portavoz de la Comisión Mixta de la Unión Europea en la VII Legislatura, con el PSOE, partido en el que ahora ya no milita.

García Breva preside N2E (Nuevo Modelo de Negocio Energético) y desarrolla su actividad profesional como experto en políticas energéticas desde La Oficina de JGB asesorando en temas relacionados con energía en edificación, seguridad jurídica en renovables y proyectos integrales de eficiencia energética.

Reivindica la implantación en España de un nuevo modelo energético que “ya está cambiando en todo el mundo” y que tiene como paradigma, en su opinión, lo que ocurre en Estados Unidos. “La pasada primavera se alcanzó la cifra de un millón de hogares con fotovoltaica, con almacenamiento y autoconsumo”.

Sostiene que la generación distribuida representa el cambio del modelo energético. “Se pasa de la generación en grandes centrales térmicas al autoconsumo y que cada lugar de consumo se convierta en centro de generación. Esto está teniendo ya una repercusión inmediata en el sector residencial y en las empresas”. Cree que el dato de EEUU es “revelador” porque más del 75% de las instalaciones fotovoltaicas en este país las han puesto en marcha las eléctricas. “Contemplan el autoconsumo como una manera de ahorrar y de fortalecer su red eléctrica de manera que no se utilice en demasía esa red que es ya vieja y que no quieren renovar”.

Lamenta que en España, la generación distribuida, sea justo “lo contrario” a lo que el Ministerio de Industria ha impuesto en los últimos años. El autoconsumo se ve como “un acto de depredadores”, en palabras del actual secretario de Estado de Energía, recuerda García Breva, con el llamado ‘impuesto al sol’ de por medio.

Plantea cambiar el modelo aprovechando las posibilidades que otorgan las directivas europeas. “Están vigentes las de eficiencia energética, de renovables y de eficiencia energética de edificios y desarrollan una serie de medidas y conceptos para favorecer la penetración de las renovables en los edificios y el transporte a través de la generación distribuida”.

Incluir la energía en los POM y las ordenanzas municipales

Recuerda que la mayor parte de las medidas que plantean estas directivas europeas afectan a las competencias urbanísticas que tienen los ayuntamientos. “No hay que esperar a que venga el Estado a hacer una ley para que los ayuntamientos incorporen en sus ordenanzas o en sus instrumentos de planeamiento urbanístico los principios de las directivas europeas”.

Por ejemplo, cree que pueden ponerse en marcha en los edificios de consumo casi nulo de energía, en edificios con autoconsumo, se pueden instalar renovables en los tejados, aplicar a los sistemas de refrigeración y calefacción sistemas de energías renovables o apostar por que todos los edificios tengan puntos de recarga para coches eléctricos. “Para que sea realmente una alternativa de transporte sostenible que elimine la actual contaminación de los motores a combustión”.

El exdirector general del IDAE apuesta por implementar un modelo energético “de abajo a arriba, que empieza por lo local para seguir hacia lo regional y lo estatal”. En este aspecto, lamenta que los ayuntamientos hayan “prescindido” de la energía en sus instrumentos de planeamiento urbanístico. “Uno de los elementos que determina la sostenibilidad de un territorio es la energía y prácticamente está ausente de las políticas urbanísticas”. Desde su punto de vista, “un ayuntamiento que quiera una ciudad sostenible y que no incluya la energía en la revisión de sus planes de ordenación municipal o en sus ordenanzas se engaña a sí mismo y a sus vecinos”. Y apuesta porque pueblos y ciudades incorporen la alta eficiencia energética a edificios y transporte “como principio fundamental”.

La “carajera” del Consejo de Seguridad Nuclear

García Breva se refiere también a la energía nuclear y en concreto a la continuidad de proyectos como el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) para preguntarse “¿hasta qué punto nos pueden garantizar que han tenido en cuenta todos los criterios de seguridad nuclear y de residuos a la hora de tomar la decisión?” En su opinión, esa es “la gran duda” que planea sobre el silo nuclear. “Solo esa duda debería provocar una paralización automática de las obras”, sostiene.

Y lo mismo que plantea con el ATC lo traslada a la central nuclear de Garoña, en Burgos. “¿Cómo se puede reconectar Garoña si no se han hecho las inversiones para aplicar los criterios de seguridad nuclear post-Fukushima”, se pregunta en este caso.

Acusa al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de estar instalado en una “carajera” y apunta que en su actividad “no prima la cultura de la seguridad sino intereses políticos, no sabemos de quién”. En este sentido, insiste que “mientras no se tenga como primera norma los criterios de seguridad nuclear hay que parar cualquier iniciativa como la de Villar de Cañas”.

El modelo energético en Castilla-La Mancha

Este experto en energía apuesta también por el “enorme potencial” de Castilla-La Mancha “aún por explotar” en lo que se refiere a energías eólicas y renovables. “No se está haciendo y se podrían abastecer, con creces, todas las necesidades de nuestra sociedad”. A García Breva no le valen excusas para que las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos no apuesten por este tipo de energías.

“Ya hay competencias autonómicas y en los ayuntamientos que permiten implementar medidas de alta eficiencia energética. Mientras no se haga eso, lo demás serán discursos de buenas voluntades e intenciones”. Cree que “en el fondo”, las administraciones públicas “siguen sometidas a los intereses de las grandes corporaciones energéticas que quieren mantener sus ingresos, que pagamos todos los consumidores, a costa de eliminar elementos como un mayor desarrollo del autoconsumo, la generación distribuida y la eficiencia energética”.

“Hay algo que no se dice en este país y es que la mayor penetración de energías renovables en el sistema energético, reduce los precios de la energía. ¡Qué casualidad! ¿Por qué no se apoyan las renovables desde el Estado y desde muchas autonomías? Simplemente porque eso supondría reducir los ingresos de las eléctricas”, asegura para mostrarse crítico con quienes impiden la implantación de renovables porque “se están poniendo trabas a que los consumidores se beneficien de sus externalidades positivas: reducir el precio de la energía, reducir las importaciones energéticas y también las emisiones de CO2”.

Elcogas una “ruina” que “no es racional” mantener

También habla de la central de Elcogas en Puertollano, cerrada y en proceso de desmantelamiento. En su opinión, “es la demostración de que la gasificación del carbón, lo que se llama eufemísticamente carbón limpio, es una ruina económica. Independientemente de su cierre o no es una ruina. ¿Es conveniente mantenerla por muchos intereses que haya? Yo creo que no”.

“No es una decisión racional mantener algo que produce pérdidas que luego pagamos todos los consumidores en el recibo de la luz” y rechaza el mensaje de quienes abogan por seguir invirtiendo en tecnologías de carbón limpio, de gasificación del carbón o de captura y almacenamiento de CO2. “El ejemplo de Elcogas nos viene a decir que son tecnologías ruinosas en las que no merece la pena seguir invirtiendo”.