Cae la polémica medida para consolidar como personal a altos cargos castellano-manchegos
- Incorporada como enmienda de PSOE y Podemos a la nueva Ley de Medidas Administrativas, provocó un aluvión de críticas de los sindicatos
- La iniciativa trascendió coincidiendo con la entrada de la formación morada en el Ejecutivo de Emiliano García-Page
La presión sindical de los últimos días ha dado al traste con la primera polémica surgida a la luz del nuevo gobierno castellano-manchego formado por PSOE y Podemos. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido a ambos grupos parlamentarios que retiren su polémica enmienda conjunta a la ley de Medidas Administrativas mediante la que se permite la consolidación como personal funcionario de altos cargos de la Junta. En la formación morada, el diputado regional David Llorente, que no forma parte del Ejecutivo, ya había pedido a su grupo retirarla y había anunciado que no la apoyaría en su tramitación.
De forma previa al inicio de la Comisión de Presupuestos de las Cortes, el consejero ha ratificado su decisión de analizar dicha enmienda, insistiendo en que no se trataba de aprobar sobresueldos para altos cargos, sino que simplemente se limitaba a abordar los progresos en la carrera profesional de aquellos funcionarios que hayan ocupado altos cargos en el Gobierno. Tras consultarlo con el presidente regional, Emiliano García-Page, ha decidido pedir su retirada y someterla a la consulta de los agentes sociales de la función pública.
No obstante, ha querido destacar la “demagogia” que ha habido con esta cuestión: “solo estamos estableciendo mecanismos jurídicos para que los que tienen una actividad pública no vean perjudicada la carrera profesional al volver a su actividad”.
La polémica surgió cuando los sindicatos, primero el STAS y posteriormente CSIF, CCOO y UGT, alertaron contra esta iniciativa por considerar que con ello se “transgredía” la carrera profesional. Concretamente, en la enmienda objeto de la polémica se establece que el personal funcionario de carrera con destino definitivo en la Junta de Castilla-La Mancha que pase a la situación administrativa de servicios especiales por desempeñar cargos en la Administración regional, “consolidará por el desempeño de dichos cargos públicos desde su nombramiento el grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo”.
Las críticas de los sindicatos provocaron la reacción del diputado de Podemos David Llorente, quien publicó en Twitter dos mensajes en los que afirmaba que no había participado en la negociación de la enmienda criticada y recordaba que no es funcionario ni alto cargo. También afirmaba haber planteado ya en su Grupo Parlamentario que retiren su apoyo a esa enmienda y que se rechace cualquier otra “que pueda suponer privilegios”.
PSOE y Podemos acceden a retirarla
Tras la petición del consejero, los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE han aceptado la propuesta del consejero de retirar la propuesta. En rueda de prensa conjunta, los diputados de PSOE Rafael Esteban y de Podemos María Díaz han confirmado esta decisión, si bien la intención ahora es sentarse a negociar la tramitación de esta medida por otra vía tanto con agentes sociales como con los grupos parlamentarios.
Esteban ha recordado que esta propuesta nace a raíz de que el último Gobierno del PP con María Dolores de Cospedal a la cabeza eliminara estas consolidaciones de grado a los funcionarios, algo que se mantiene “en todas las comunidades autónomas menos en Asturas y Extremadura”. También ha rechazado la idea del PP de que esta medida fuera a suponer “un sueldo vitalicio” para estos altos cargos. “Lo que no queremos es que las personas que forman parte de los gobiernos pierdan derechos con respecto a sus compañeros”.
De su lado, la diputada de Podemos María Díaz ha defendido que su partido no quiere que ser parte de la vida pública suponga privilegios, pero tampoco que “se menoscaben los derechos de los trabajadores”. En este punto, ha criticado las “desinformaciones interesadas” del PP al respecto de esta medida. “El espíritu de esta enmienda no es establecer privilegios, ni sobresueldos ni pensiones vitalicias. Nosotros lo que hemos intentado era reparar una discriminación que hoy existe con trabajadores públicos que dan el paso a la vida pública”.
