Castilla-La Mancha pedirá una Ley estatal de Renta Mínima
La lucha contra la pobreza y la exclusión social es trasversal y requiere del compromiso de varias áreas del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo han manifestado los miembros de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) durante su participación en el Consejo de Gobierno de la región, donde han obtenido una serie de compromisos por parte del presidente, Emiliano García-Page, encaminados a reducir la alta tasa de pobreza en la región, actualmente del 36% según el último Indicador Arope.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha desgranado tras la reunión las cinco medidas que se han acordado con motivo de este encuentro, la primera de ellas referida a la creación de un grupo de trabajo con este departamento y junto a la Consejería de Fomento y EAPN para el estudio y elaboración de una Estrategia regional de Vivienda Social en Castilla-La Mancha.
En segundo lugar, el Consejo ha determinado que esta organización, que agrupa a varias entidades sociales, sea el órgano intermediario para la elaboración de la Estrategia castellano-manchega de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Del mismo modo, se ha encargado a EAPN la elaboración de un borrador de Ley del Tercer Sector para el periodo legislativo de 2017. El presidente de la Red Europa, Carlos Susías, ha detallado sobre este último punto que se trata de complementar en la región la normativa que ya existe a nivel estatal y donde se definen las funciones, los apoyos, la actividades y los planes de sostenibilidad de las entidades sociales.
Mesa de diálogo civil y renta mínima
El Gobierno castellano-manchego también se ha comprometido a la creación de una mesa de diálogo civil con todas las entidades representativas del ámbito social y también a instar al Gobierno central, a través de una iniciativa en las Cortes regionales, a la aprobación de una Ley de Renta mínima para todas las personas que se encuentren en situación de pobreza. El objetivo es que ese ingreso sea igual para todos los ciudadanos españoles y tenga su base en los Presupuestos Generales del Estado, si bien estaría complementado con el sistema de renta mínima de Castilla-la Mancha para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad socio-económica.
Aurelia Sánchez ha explicado que este Consejo de Gobierno monográfico también ha servido para constatar que la Consejería de Bienestar Social ha cumplido el 60% de las actuaciones contempladas en el informe elaborado por EAPN con peticiones contra la pobreza, y que el 40% restante se encuentra en curso con actuaciones concretas de distintas consejerías “dirigidas siempre a colectivos vulnerables”. Dentro de este informe de propuestas, hay peticiones que van desde dependencia hasta pobreza energética, empleo, renta básica y programas contra la exclusión social.
El presidente regional de EAPN, Braulio Carlés, ha agradecido el encuentro y se ha mostrado muy satisfecho de los acuerdos alcanzados para “profundizar” en las políticas destinadas a las personas. Actualmente, en Castilla-La Mancha y según el último estudio del Indicador Arope, hay un 36% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. El dato más preocupante y “sangrante” para la EAPN es el 8% de población que sufre privación material severa en su día a día, un dato que sigue en crecimiento.
