Castilla-La Mancha ya prepara una Ley de Vivienda para frenar desahucios
Es una de las promesas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizó durante su debate investidura y en posteriores comparecencias, y también una petición muy reiterada desde las diferentes Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comunidad autónoma. El futuro anteproyecto de Ley Social de Vivienda de Castilla-La Mancha está echando sus primeras raíces tras convocar la Consejería de Fomento varios encuentros con los colectivos implicados o afectados, como los trabajadores sociales, colegios profesionales, entidades financieras y ayuntamientos que cuentan con empresas u oficinas propias de vivienda.
Según ha podido saber eldiarioclm.es, el departamento que dirige Elena de la Cruz ha convocado a estos colectivos a una serie de entrevistas realizadas por un equipo técnico. El objetivo, según consta en el escrito, es regular esta materia con atención especial a las “necesidades y demandas habitacionales” de los ciudadanos de la comunidad autónoma y “en el convencimiento de que se trata de una cuestión de notable relevancia e incidencia en el conjunto de nuestra sociedad y, en particular, en el desarrollo personal y la calidad de vida de sus miembros”.
Debido al objetivo de asegurar una “participación temprana” de los diversos sectores de la sociedad castellano-manchega concernidos por la futura ley, la Junta quiere “conocer de primera mano” las necesidades y propuestas de los distintos colectivos. El Ejecutivo un texto legislativo “más completo y consensuado, que ofrezca respuesta a las problemáticas con las que los actores se encuentran en su día a día”. Por ello, las entrevistas se realizarán por el equipo técnico encargado de prestar apoyo en la redacción de la Ley de Vivienda. Se tratará de “entrevistas abiertas, por separado, sin cuestiones predefinidas, con vistas a ofrecer un espacio de expresión real”.
El presidente de Castilla-La Mancha ya adelantó hace unos meses que esta norma sería “potente, revolucionaria y provocadora” y que gravaría a aquellos que “acumulen y especulen con la vivienda”. También avanzó que se obligaría a los bancos y a las inmobiliarias a notificar a la Administración regional, antes de que se produzca cualquier desahucio por razones sociales, dicho lanzamiento, y se dotará al Gobierno de un mecanismo claro de intermediación.
Es decir, la norma vendrá a completar la política antidesahucios del Ejecutivo castellano-manchego, hasta ahora materializada a través del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, donde se incluyen las denominadas Oficinas Antidesahucios, en marcha desde el año pasado, y consideradas “insuficientes” desde los colectivos antidesahucios. Es, de hecho, la normativa regional de vivienda una de las demandas que estas plataformas han venido solicitando desde hace años.
Evitar “guetos sociales”
El presidente de Castilla-La Mancha también adelantó que la normativa incluirá una obligación para que en toda la planificación urbanística que se realice en la región, las distintas tipologías de viviendas se generalicen por todos los barrios. Es decir, buscará, mediante una mejor distribución, que no se “estanque” a la gente en función de la renta, ni se concentre a determinados colectivos en un barrio a modo de “gueto social”.
Este miércoles se producirá la reunión con el Colegio castellano-manchego de Trabajo Social. Con motivo del encuentro, este colectivo ha manifestado la importancia que el sector da a la vivienda para el “desarrollo de una vida plena”. Precisamente, la semana pasada la Consejería de Bienestar Social y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) organizaron un seminario de voluntariado donde se abordó el carácter social de esta normativa, compartiendo diferentes modelos de “vivienda inclusiva”.
En Castilla-La Mancha, ya existe un proyecto piloto de vivienda social en Puertollano. En esta localidad ciudadrealeña, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, anunció hace unos meses la puesta en marcha de un programa piloto de gestión de viviendas públicas, con la intención de un futuro modelo de oficina de gestión regional a este respecto, es decir “exportable” al resto de la región.
