Castilla-La Mancha inicia su batalla legislativa contra el ‘fracking’
Nuevo frente abierto entre la Junta de Castilla-La Mancha y el Gobierno central en relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha dado luz verde al borrador del anteproyecto de ley por el que se aprobarán medidas adicionales para restringir las prácticas de fractura hidráulica en la comunidad autónoma. Es decir, su prometida Ley Antifracking. El anuncio lo han hecho el portavoz de la Junta, Nacho Hernando, y el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, junto a representantes de las plataformas ciudadanas contra esta práctica en el Campo de Montiel y La Mancha (Ciudad Real y Albacete) y en Guadalajara, que han participado en el segundo Consejo de Gobierno monográfico abierto al tejido asociativo.
Castilla-La Mancha se declara de esta forma como tierra ‘libre de fracking’, y la forma que buscará de impedir estos métodos de extracción de gas será endureciendo la legislación en un plazo de seis meses. Ha optado por no prohibir la práctica, para impedir que el Tribunal Constitucional tumbe la normativa al ser la regulación energética competencia estatal, como ha sucedido en La Rioja, Navarra y Cantabria. Por eso, la vía buscada es endurecer la prevención, en aras de la defensa de la salud y del medio ambiente, hasta el punto de imposibilitar que los proyectos puedan iniciarse. “No habrá problemas de inconstitucionalidad”, ha adelantado Martínez Arroyo, puesto que el proyecto de ley ha seguido los pasos de la normativa aprobada en el País Vasco, que actualmente sigue vigente y no ha podido declararse inconstitucional.
El borrador tomado en conocimiento busca un modelo energético alternativo en el que se tengan en cuenta los intereses de los castellano-manchegos del medio rural, y se basa en las recomendaciones que la Comisión Europea realizó en 2014 sobre fractura hidráulica. La prevención, la posibilidad de la contaminación de los acuíferos y de los suelos, “se pone por delante de todo”.
Además, dentro del mismo, en cuya fase final han colaborado las plataformas antifracking, se incluye la elaboración de un Plan Estratégico Sectorial de Castilla-La Mancha en materia de fracking, condición necesaria para que los ayuntamientos aprueben este tipo de actividades y que ahora no existe. La planificación obligará a tener en cuenta la sismicidad de las aguas, la contaminación, la zonificación del territorio, y la detección de zonas más vulnerables. O lo que es lo mismo, una serie de medidas “tan restrictivas” que harán que el fracking sea “imposible”.
¿Qué pasara con los los proyectos de 'fracking' de Castilla-La Mancha?
Actualmente, en Castilla-La Mancha hay dos proyectos activos de fractura hidráulica. El primero de ellos es en el Campo de Montiel, afecta a las zonas limítrofes entre Ciudad Real y Albacete y tiene permiso ambiental desde el año 2012. Según el consejero, cuando la ley entre en vigor, ya no se podrán desarrollar nuevas actividades en esta zona. En el segundo caso, el Proyecto Cronos de Guadalajara (que también afecta al sur de la provincia de Soria), aunque la competencia es del Ministerio de Medio Ambiente, también se verá afectado por el endurecimiento de la medidas de protección.
“Todo el 'fracking' desaparecerá de Castilla-la Mancha”, resumen desde el Gobierno regional. Incluso en el caso de encontrarse con la oposición de las empresas encargadas de las adjudicaciones, el consejero recuerda que dispondrán de su periodo de alegaciones y que tienen la opción de recurrir a los tribunales, “que podrán dictar sentencias en el sentido que sea”. El optimismo es tal que la Junta va a proponer que otras comunidades se sumen de la iniciativa.
Desde la Plataforma antifracking del Campo de Montiel y La Mancha, Javier López ha mostrado su satisfacción por que una administración haya iniciado el proceso y haya permitido la participación de la ciudadanía, al tiempo en que ha confiando en que se cumplan los plazos comprometidos. Por su parte, Antonio Sánchez, de la Plataforma de Guadalajara ha lamentado que esta normativa no se desarrollara por el Gobierno anterior. “No vamos a agradecer que lo hayan hecho ahora porque lo que están haciendo es su obligación”, ha afirmado, y ha pedido que se prohíba en toda España, ensalzando el lema “Fracking No. Ni aquí en ningún sitio”.
