Castilla-La Mancha multará a altos cargos que impidan el acceso a información pública
Ya ha pasado el primer trámite ejecutivo una de las normativas qué más expectativas ha generado en Castilla-La Mancha desde el cambio de signo político. El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una pormenorizada normativa que tiene como principal objetivo la publicación de toda la actividad pública así como el derecho de acceso a las personas a este tipo de información. Esta ley, que forma parte del programa electoral del PSOE y del acuerdo firmado con Podemos para la investidura de Emiliano García-Page, tiene como principal novedad la inclusión de multas a altos cargos que impidan el acceso de los ciudadanos a información pública. Todo ello será objeto de seguimiento de un futuro Consejo Regional de Transparencia y Buen gobierno.
El anteproyecto, al que ha tenido acceso eldiario.es/clm y que en la legislatura anterior no pasó de anteproyecto, defiende un conjunto de medidas bajo los principios de libre acceso, responsabilidad, no discriminación tecnológica, veracidad, accesibilidad y gratuidad. Estas serán aplicables a toda la Administración regional; a las entidades y organismos de derecho público vinculadas a ella; a las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios asociados; y a la Universidad de Castilla-La Mancha. A su vez, estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público, los beneficiarios de subvenciones públicas y los prestadores de servicios públicos.
Una de las principales novedades será la puesta en marcha del Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha, donde se publicará toda la información objeto de publicidad activa. Su titularidad y gestión será de la Junta, y en esta web todos los organismos mencionados deberán publicar sus funciones, normativa, estructura organizativa, competencias y delegaciones, las relaciones de puestos de trabajo, los acuerdos de las condiciones de trabajo y convenios vigentes, la oferta pública de empleo, y los procesos de selección del personal.
En cuanto a las obligaciones de altos cargos, Ja junta y resto de entidades públicas deberán publicar los currículos profesionales y académicos, las retribuciones y dietas percibidas anualmente y las indemnizaciones, los gastos de representación y académicos, las resoluciones sobre posibles expedientes de compatibilidad, y las declaraciones de bienes, rentas y actividades.
Publicación de informes, ejecuciones mensuales presupuestarias y regalos
El Gobierno regional por su parte deberá hacer públicos los informes y memorias de los textos normativos, el resultado de la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones de carácter general, y los textos de anteproyectos de ley y dictámenes del Consejo Consultivo; así como mantener actualizados los procedimientos administrativos y de calidad de los servicios
En cuanto a información económica, presupuestaria y contable, el anteproyecto recoge que la Junta ponga a disposición de los ciudadanos, además de sus cuentas anuales, informes mensuales con datos de la ejecución presupuestaria, y los planes de reequilibrio de déficit, ajuste y financiacion, entre otros. También se incluye la publicación de información patrimonial y ambiental.
De igual forma , la nueva Ley establecerá , entre otras obligaciones, que los altos cargos no aceptarán regalos que superen los “usos habituales sociales o de cortesía” ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan comprometer el ejercicio de sus funciones. También se creará un registro de grupos de interés, considerados estos las organizaciones y personas que influyen en los procesos de elaboración de las políticas y normas, tanto de la Junta como de sus organismos y entidades publicas.
Infracciones y multas coercitivas
Otra de las principales novedades de este texto es que la Junta podrá acordar la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento de la información. Se consideran así infracciones leves en materia de publicidad activa y derecho de acceso, no actualizar la información susceptible de publicidad activa, no resolver solicitudes sin causa justificada, y la demora injustificada en facilitar la información. En ese caso, estarán multadas con amonestación y multa de hasta 600 euros cuando sean imputables a algos cargos o asimilados
Las infracciones muy graves serán suministrar injustificadamente información incompleta o parcial, desestimar sin motivación solicitudes de acceso, o incumplir los plazos establecidos para ello sin que exista una causa legal. En este caso, las sanciones para altos cargos van desde multas de entre 601 y 6.000 euros hasta el cese de un año en la actividad.
Finalmente, incumplir las obligaciones de publicación o de suministro de información cuando se haya desatendido el requerimiento de la Oficina de Transparencia o del Consejo, impedir u ocultar la existencia de información pública o manipular información relevante serán consideradas infracciones muy graves. Aquí las multas pueden ser de entre 6.000 y 12.000 euros, junto con una declaración de incumplimiento y el cese en el cargo e imposibilidad de ocupar puestos similares durante un periodo de entre uno y cinco años.
