Castilla-La Mancha prevé recaudar 15 millones de euros por tasas a empresas contaminantes
Que pague quien contamine y que esa tasa sea ‘verde’, es decir, que repercuta posistivamente en el medio ambiente. Es la tesis con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere evitar que las empresas gestoras de residuos vuelvan a provocar daños ambientales como los producidos en los incendios del cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo) y de la planta ilegal de reciclaje de Chiloeches (Guadalajara).
En total, esta administración prevé recaudar 15 millones de euros anuales en multas y fianzas a las empresas que contaminen. Es una cifra aproximada que ha aportado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, con motivo de la próxima aprobación de la Ley regional de Economía Circular, que permitirá implementar las tasas ya contempladas en el Plan de Gestión de Residuos.
Con motivo de la firma de un protocolo de colaboración con Ecoembes, el consejero ha querido destacar primero la importancia del reciclado de residuos, tanto en el ámbito doméstico como en las administraciones y las empresas. Dicho esto, ha insistido en que el mayor compromiso de Castilla-La Mancha en este sentido en la puesta en marcha de la Ley de Economía Circular, actualmente en su fase última de preparación. El anteproyecto pasará en octubre por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y en noviembre podría recibir luz de verde del Consejo de Gobierno.
Esta nueva ley, enmarcada en el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europa, prevé la implementación de fianzas para empresas que trabajen en la reutilización y gestión de residuos, así como multas para las empresas que contaminen. Ese dinero recaudado, ha remarcado Martínez Arroyo, se convertirá en “recursos públicos” para hacer políticas de medio ambiente. Además, para su desarrollo normativo, la Junta contará con la colaboración de Ecoembes.
Precisamente, esta organización de empresas y comercializadoras ha incidido en la importancia del reciclaje y ha puesto de manifiesto la relevancia de los protocolos firmados con las administración para la reutilización de envases ligeros, cartones y papel. Al convenio-marco ya firmado con la Junta de Castilla-La Mancha en 2005, se unen ahora otros particulares como el ratificado hoy para el uso de sus contenedores en los edificios de la Consejería en Toledo.
La directora técnica de Innovación de Ecoembes, Rosa Trigo, ha aprovechado para reafirmar el “magnífico” balance realizado de los 20 años transcurridos desde la firma de los primeros convenios, y también ha precisado las buenas cifras de 2016 en Castilla-La Mancha: un 78% de reciclaje ha sido de consumo doméstico en los contenedores azul y amarillo (por encima de la media nacional), con más de 59 millones de kilos reciclados.
“En Castilla-La Mancha tenemos una ciudadanía concienciada y recicladora”, ha resaltado, anunciando la intención de seguir facilitando a las personas que puedan realizar esta labor también fuera del hogar, en las administraciones (como es el caso de la Junta), en los centros de salud o en los lugares de ocio y esparcimiento.
Finalmente, la representante de Ecoembes, preguntada al respecto, también se ha referido a la posibilidad de estudiar alternativas para fomentar un mayor compromiso ciudadano con el reciclado de residuos. Según ha apuntado, propuestas como el ‘pago por generación’, donde el ciudadano que mejor recicle puede “tener un menos coste” por reciclar, están “encima de la mesa” y desde esta organización “apoyarán a la Administración en cualquier medida que vaya por este camino”.