Ciudad Real reconvierte su empresa de suelo para dar servicios públicos

Un nuevo modelo de gestión de los servicios municipales ha convertido a Ciudad Real en Ayuntamiento pionero. Tras varias semanas de debates y propuestas, la Junta General de Socios de la Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda de Ciudad Real (Emusvi) ha aprobado la reactivación de la sociedad y el cese de los dos liquidadores que hasta ahora tenía. Con ello, la ciudad reconvierte esta empresa para pasar a gestionar servicios y remunicipalizar. Ahora se llamará Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real S.L.

Los nuevos consejeros de la Sociedad serán David Serrano y Sara Martínez, a propuesta del PSOE; Jorge Fernández, a propuesta de Ganemos; y los tres consejeros independientes que son funcionarios del Ayuntamiento de las áreas afectadas por la remunicipalización de servicios: Felipe Turrillo, Remedios Sánchez y Saturnino Camacho.

El PP, que gobernaba el Ayuntamiento en la anterior legislatura, se ha negado a participar y ha dejado vacantes sus dos consejeros. Según apuntan, la Junta General no está “válidamente constituida”. Tampoco Ciudadanos ha querido representación en la nueva empresa por “no creer en inferencias políticas” en las empresas públicas.

La Junta General de la ya Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real también ha fijado las dietas que percibirán por asistencia a órganos societarios los consejeros no políticos: 120 euros brutos por sesión. Cantidad que también percibirán el secretario e interventor de la sociedad.

La reconversión de esta empresa ha supuesto un fuerte debate político en la ciudad. Mientras que los ‘populares’, por boca de su portavoz municipal, Miguel Ángel Rodríguez, han acusado al PSOE de haber pagado una “deuda” con Ganemos (cuyos concejales apoyaron la investidura de la actual alcaldesa socialista, Pilar Zamora), desde el Ayuntamiento han defendido que esta iniciativa supone revertir la privatización de los servicios que llevó a cabo el Gobierno anterior de Rosa Romero.

“Que los servicios se presten a través de una empresa pública”

“Ellos hicieron la privatización de los servicios, y nosotros estamos en nuestro derecho de hacerlo al revés: que los servicios se presten como servicios públicos por la administración, en este caso a través de una empresa pública”, ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno, Nicolás Clavero. Además, ha dejado claro que la convocatoria se ha realizado conforme a derecho, y por tanto la reactivación de la sociedad y los acuerdos aprobados son legales y correctos.

En el punto de mira se encuentra también la denuncia que realizó el concejal de Urbanismo y encargado de liquidar la Emusvi, Alberto Lillo. Calificó de “operación ruinosa” la compra que se realizó desde esta empresa de un edificio destinado a viviendas del que solo se encuentra levantado su esqueleto desde el año 2011. Esta operación se realizó en septiembre de 2011 y desde entonces no se ha avanzado en la obra. El concejal se ha preguntado quién dio la orden, quién es el responsable de la adquisición de un inmueble en estas circunstancias, cuando en ese año iniciativa de promoción de viviendas “estaba complicada y la venta de viviendas era casi nula”.

Desde Ganemos, encargados ahora de la gestión de la nueva empresa, están convencidos de que este modelo es la mejor opción para mantener un control “serio y riguroso”, según su portavoz, Carmen Soánez. Se trata de una reivindicación que habían realizado desde el principio de la legislatura y que ahora deberá capitanear el concejal Jorge Fernández.

En la primera Junta General de Socios, el nuevo presidente, Jorge Fernández, ha adelantado que ya se ha encargado la realización de dos informes sobre las posibles fórmulas de contratación desde una empresa mercantil pública. Uno de ellos se ha pedido a José González Albo, secretario de la empresa municipal y asesor jurídico de la misma, y el otro se ha encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ciudad Real. Fernández ha afirmado que se está utilizando esta empresa pública “como vehículo, como resquicio legal para llevar a cabo la remunicipalización de los servicios” porque cree que “es lo mejor para garantizar el modelo de gestión pública”, que considera “será un modelo de gestión más eficiente y barato”.