El Defensor del Pueblo inicia una investigación sobre el proyecto de tierras raras
A falta tan solo de unos días para la manifestación que tendrá lugar el 21 de mayo, la oficina del Defensor del Pueblo ha comunicado a los representantes de la Plataforma Vecinal 'Sí a la Tierra Viva' su decisión de poner en marcha una investigación ante posibles defectos detectados en el procedimiento por el que se están tramitando las autorizaciones mineras de tierras raras en Ciudad Real. Según el escrito, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, esta actuación se dirige concretamente hacia la Vicepresidencia de la Junta Castilla-La Mancha, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y al Ayuntamiento de Torrenueva.
En este documento se expone que la decisión de desarrollar actividades mineras en la zona debe ser considerada una actividad estratégica de planificación por “condicionar” el actual modelo de desarrollo social, económico y ambiental. “Se trata, por tanto, de una decisión estratégica de planificación, que necesariamente debe ser previa al otorgamiento de los permisos de investigación (o debería haberlo sido) y de la propia evaluación ambiental de cada uno de los proyectos en los que se desglosa”, argumenta.
Considera asimismo que en esta decisión estratégica debe tener una importancia determinante la opinión de la Confederación Hidrográfica de no conceder los volúmenes de agua necesarios para esta minería, ya que detalla que se trata de una región con escasos recursos hídricos. Es más, añade que el informe de la Confederación Hidrográfica debe ser entendido entonces como vinculante, de manera que “su negativa impediría realizar los proyectos mineros”.
Seguidamente, advierte de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado sobre la imposibilidad de fraccionar un proyecto con el fin de eludir la evaluación de impacto ambiental, una de las denuncias realizadas por la Plataforma y por colectivos ecologistas. Y al mismo tiempo, recuerda que debe existir una protección reforzada de los espacios de la Red Natura 2000 y que el carácter radiactivo de algunos de los minerales que forman parte de la composición de las tierras raras exige informe del Consejo de Seguridad Nuclear
Por último, el Defensor del Pueblo también recuerda que las personas o entidades interesadas “tienen derecho a conocer en todo momento” el contenido del expediente y el estado de tramitación de los permisos, y que las solicitudes de acceso a consulta tienen que ser atendidas en el plazo máximo de un mes por parte de la administración. Y al final, se presta atención especial a los sondeos que ha denunciado la Plataforma y “las actuaciones del Ayuntamiento para sancionar las infracciones que en su caso, se hubieran cometido”.
Resumen del proyecto
‘Sí a la Tierra Viva’ precisa que desde 2013 se han otorgado 10 permisos de investigación minera para determinar la concentración de 'tierras raras', en concreto de mineral de monacita, y poder explotarlas. Estos permisos afectan a cuatro de las cinco comarcas de la provincia de Ciudad Real, La Mancha, Montes Norte, Campo de Calatrava y Campo de Montiel. Suman 27.330 hectáreas en los términos municipales de Torrenueva, Torre de Juan Abad, Santa Cruz de Mudela, Alhambra, Membrilla, San Carlos del Valle, Valdepeñas, Manzanares, Moral de Calatrava y Navas de Estena. Pese a ello, la Junta los ha venido tramitando por separado, evitando hacer una evaluación ambiental estratégica, tal y como ahora subraya el Defensor del Pueblo.
Las cinco organizaciones ecologistas más importantes de España (Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Seo/Birdlife y Ecologistas en Acción“, y muchos otros colectivos y ong's, junto a los sindicatos y las organizaciones agrarias ASAJA y UPAC y las Cooperativas Agroalimentarias de CLM han expresado ya su rechazo a estos proyectos mineros. Los Consejos reguladores de las Denominaciones de Origen del Vino de Valdepeñas, Vino La Mancha, del Aceite de Oliva del Campo de Montiel y del Queso Manchego también se han posicionado claramente en contra, así como muchos ayuntamientos de las comarcas afectadas.
El área donde se va realizar el proyecto se encuentra catalogada como Zona de dispersión de águila imperial, conforme al plan de recuperación aprobado por Decreto 275/2003, de 9 de septiembre y que declara zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha.
