Descubrimos quiénes están tras el polémico proyecto de la Ley de caza regional

El nuevo proyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que ha reunido 117.000 firmas en contra de su aprobación en la que es la mayor recogida de firmas contra una ley en concreto de la comunidad autónoma en su historia y contra la que se prepara una manifestación el próximo sábado a las 17:00 horas en Toledo (con viajes preparados desde todas varias capitales regionales así como otras ciudades) nació para proteger la caza en la región, pero sobre todo para proteger los intereses de determinados cazadores, altos cargos de la Consejería de Agricultura. Unos intereses económicos que van más allá del ocio o de la afición por la caza sino también por mantener los negocios de unos cuantos.

Una persona es el principal redactor de toda esta nueva ley: Luis Basurto. Es ingeniero de montes y actualmente el Jefe de Servicio de Caza y Pesca de los Servicios Periféricos de Ciudad Real. Porque toda esta nueva ley viene de la provincia ciudadrealeña, concretamente del Valle de Alcudia, y además hay una localidad que es clave en todo el entramado: Brazatortas.

Basurto es quien ha redactado la nueva ley, algo sabido por todos en la Consejería y reconocido incluso por sus propios jefes en declaraciones públicas, pero el proyecto ha pasado también por otras dos personas: sus dos jefes directos en el servicio. El primero es el Jefe del Servicio de Montes y Espacios Naturales de Ciudad Real, José María Toledano Toledano (importante recordar este apellido). Para saber qué intereses tiene en la caza este hombre hay que trasladarse a una finca de la localidad ciudadrealeña de Mestanza, a 30 kilómetros de Brazatortas. La finca es 'Cristo de Orense'. Es un coto de caza cuyo propietario es José María Toledano. Con la curiosidad además de que el Cristo de Orense es el patrón de Brazatortas.

La jefa de Basurto y de José María Toledano es la coordinadora de los Servicios Periféricos de Ciudad Real: Pilar Vargas Pineda. Vargas también tiene otro coto de caza: la finca 'El Castaño Oeste', en Brazatortas (propiedad de su marido), según ha querido matizar la propia Vargas en una nota enviada a este diario. 'El Castaño' era una finca entre Brazatortas y Almodóvar del Campo que hace 15 años se ha partido por dos hermanos: 'El Castaño Oeste' de Luis Nicolás Aragón Toledano, el marido de Pilar Vargas, y la otra mitad de la finca llamada 'El Castaño Este', ya en parte de Almodóvar del Campo, de Santiago Aragón Toledano, cuñado de Vargas, lógicamente. Además a Vargas se le ha agradecido en los últimos tiempos su trabajo para sacar adelante la ley de caza en numerosos encuentros con cazadores que ha hecho, y en su finca no se realizan monterías como en un primer momento apuntamos, pero la propia Vargas reconoce que tiene derecho a un gancho de caza y que el gancheo se viene realizando en la finca de su marido desde hace 15 años. Actividad que debe autorizar los servicios periféricos de Montes de Castilla-La Mancha, es decir, ella misma. Y las coincidencias de todos ellos en diversas cacerías y monterías son varias, la última hace un mes en Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

La propia Vargas también señala que el gancheo que realizan en la finca de su marido no se comercializa, por lo que “no tiene intereses en la caza”, pero sin embargo reconoce su existencia en los terrenos de su cónyuge. También señala que “no he cazado en toda mi vida ni me gusta cazar”, algo que sin embargo no hemos indicado, pero sí que acude a las mismas muchas veces invitada por los propios cazadores, como la celebrada en Carrión de Calatrava hace un mes. El acudir no implica que Vargas cace, como ella misma indica, pero sí que tiene relación con los propietarios y asistentes a las mismas. Y reconoce también que 'El Castaño Oeste' tiene licencia de “coto de caza menor con aprovechamiento secundario mayor”, licencia que debe pasar por los servicios que ella gestiona.

En este punto es donde se juntan los intereses de los altos cargos de montes como propietarios de cotos de caza y de Aproca. Aproca es la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente, conocidos cazadores y propietarios de cotos. Con los mismos intereses, aunque por diferentes motivos, no es de extrañar que las figuras de Basurto, Vargas y los Toledano se hayan juntado con la del presidente de Aproca, Luis Fernando Villanueva.

Aproca es una asociación nacional, pero dirigida desde la federación de Castilla-La Mancha, que es la que tiene más peso de España. De hecho Villanueva coincide en algunas cacerías con algunos de los cargos que han redactado la ley, donde en ocasiones se practica una caza intensiva y comercial, lo que más anhela Aproca, que a su vez fomentará las cacerías en los cotos de los cargos de Montes antes citados.

Por la manifestación contra el proyecto de la ley así como por la recogida de firmas que hay en su contra fue preguntado Villanueva esta semana en una entrevista con el diario ABC. Sobre ello decía que “seguramente la gente vaya engañada, al igual que los que han firmado contra la ley. Yo he estado haciendo un seguimiento de la plataforma online que han creado y quienes han firmado lo han hecho pensando que en Castilla-La Mancha se van a matar perros y gatos de la gente que vaya andando. Cómo se puede decir una falacia tan grande como esta. Han dicho tal cantidad de barbaridades que entiendo que la gente que lo lea en Twitter o Facebook firme porque además no se van a leer lo que realmente dice la ley”.

Otros dos altos cargos de la Junta fueron los encargados de contestar las alegaciones hechas al anteproyecto de Ley de Caza. Designados por el Director General de Montes y Espacios Naturales, su neutralidad a la hora de tomar decisiones es dudosa por los intereses que tienen: Enrique Sánchez-Herrera era el Jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Montes. Se jubiló hace dos meses y es un habitual de las monterías organizadas por los primeros, declarándose abiertamente cazador además según fuentes de la Dirección que quieren mantenerse anónimas.

La afición de Ángel Fernández Díaz, otro técnico de caza de la Dirección General de Montes, va más allá. A este técnico le gustaría (reconocido en varias ocasiones entre los funcionarios y trabajadores de la Dirección que son los que cuentan sus aficiones) asistir a una cacería para lancear jabalíes. Regentaba hasta 2010 una empresa llamada 'Rutas Ecológicas S.L.', que se dedicaba, según el Registro Mercantil, al “turismo rural, rutas por vías pecuarias y caminos, ocio”, pero que muchas fuentes indican que entre esas actividades rurales que preparaba estaban las monterías y cacerías, así como su participación en las mismas. En 2010 a este técnico ya se le investigó porque esa empresa abrió una gravera en el camino de la Ventosilla, en Polán (Toledo), algo incompatible por ley a la vez con un técnico de Montes, y fue advertido internamente por ello desde la Consejería. Ese año deja la administración de la empresa, que pasa en 2012 hasta la actualidad a María Mercedes Fernández Calvo, que no sabemos qué relación tiene con él.

No obstante los intereses por la caza no vienen solo de los Servicios Periféricos de la Consejería en Ciudad Real o de los servicios centrales, sino que también los hay en Toledo. Por ejemplo en la “Dehesa de los Robledillos”, en Los Yébenes (Toledo). Esa finca pertenece a la familia de Miguel Sáez Palacios (concretamente a sus padres y a los hijos, por lo que es co-propietario) que hasta hace un año era Coordinador de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Toledo, ahora ya jubilado. Esa finca es un coto de caza mayor donde también han asistido a cacerías.

Reunión de amigos en una cacería hace un mes

Reunión de amigos en una cacería hace un mes

En Carrión de Calatrava se reunieron hace un mes varias de estas personas que han preparado la ley de caza, entre ellas Basurto y Pilar Vargas. Fue el primer acto que celebraron con el anteproyecto de la ley ya aprobado y los cazadores quisieron “agradecer” su trabajo a Vargas con una placa que ella a su vez dedicó “al padre de la criatura, Luis Basurto aquí presente”. Al acto acudió la alcaldesa del municipio y el presidente de cazadores de la localidad.

No es la primera cacería en la que aparecen juntos ya que es notorio que en Brazatortas las realizan según cuentan los propios vecinos, en la finca de Mestanza o en la finca de Los Yébenes, como también cuentan los propios funcionarios del Servicio de Montes.

Pero no es la alcaldesa de Carrión de Calatrava la que más ha hecho por la ley de caza, ni tampoco la máxima beneficiaria de ella. Para ello hay que volver a Brazatortas, donde gobierna Pablo Toledano. Este alcalde ha sido uno de los máximos defensores en la región de la caza, siendo incluso el alcalde que cerró una pedanía para hacer una montería en el mes de noviembre pasado. El apellido Toledano no es casualidad: José María Toledano y los propietarios de las dos fincas de 'El Castaño' son primos (no así el alcalde a pesar de su apellido).

Jefe del Servicio de Montes y Espacios Naturales de Ciudad Real y el marido de la coordinadora de los Servicios Periféricos de Ciudad Real: todos familia, todos con cotos de caza y todos con una actividad cinegética importante que se verían muy recompensados con la nueva ley de caza, no por su ocio sino también económicamente. Y por medio Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca. Puesto en contacto con este medio dice que nunca ha estado en ninguna de las fincas mencionadas, pero Aproca, la organización que él dirige, organizó una montería tradicional en esa finca (que hacen en noviembre, la misma que cerró la pedanía de Minas del Horcajo sin previo aviso). Todos tienen algo que ganar con esta ley y no es solo un hobby.

En el proyecto de esta ley no está previsto que haya incompatibilidades o conflictos de intereses entre los altos cargos de Montes y ser propietario de cotos de caza o ser cazador. A pesar de que una de las alegaciones presentadas era que los cargos de Agricultura encargados de la ley no pudieran tener cotos de caza o que no pudieran tener licencia de caza, ese punto fue desestimado por el gobierno del Partido Popular.