La Diputación quiere acabar con las fosas comunes de Ciudad Real para 2019
La Diputación de Ciudad Real ha anunciado su objetivo de que en 2019 no haya fosas comunes en toda la provincia. Se trata así de cumplir la Ley de Recuperación de Memoria Histórica, que habilita a las Administraciones públicas a facilitar a los descendientes directos de las víctimas que lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.
José Manuel Caballero, presidente de la institución, ha asegurado que no se trata de “suscitar controversias” sino de “reparar el daño” causado a las familias afectadas y que sean escuchadas en cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, destacó el artículo 11.1, que recoge la posibilidad de que los represaliados y sus descendientes recuperen la dignidad. El socialista quiso destacar el carácter “plural y objetivo” de la institución, que “permite” llevar a cabo estos requerimientos sociales.
De este modo, pretende firmar un convenio con el Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos de la UNED (CIEMEDH), que contará con la misma consignación económica que el acuerdo que suscribe con el Obispado, para la recuperación de iglesias y edificios pastorales, y el que renueva cada año con la Comandancia de la Guardia Civil para rehabilitar casas cuarteles en la provincia. En todos los casos la subvención asciende a 50.000 euros.
Se trata de una de las entidades “más acreditadas” en el campo de la recuperación de la memoria histórica, que trabaja con la Universidad de Barcelona y con la Sociedad de Investigación Aranzadi, impulsada por el acreditado forense Francisco Echevarría. Sólo quedarían en Ciudad Real las fosas de aquellas familias que no quieran recuperar los restos de sus familiares o si los científicos certifican la imposibilidad de la actuación.
En concreto, se trabajará en tres líneas bien diferenciadas. En primer lugar, en la indagación, localización, exhumación, identificación y traslado, en su caso, de los restos de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil, o en la represión política posterior, de acuerdo con el protocolo de actuación aprobado por el Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011.
Por otro lado, también se llevará a cabo la elaboración de informes, estudios, documentos, jornadas, seminarios, publicación de libros, webs, exposiciones, etc, sobre la Guerra Civil y la Dictadura en la provincia de Ciudad Real. Del mismo modo, se acometerá la señalización e instalación de elementos testimoniales en reconocimiento y dignificación de fosas, edificios, lugares y espacios geográficos vinculados a la memoria histórica en el territorio ciudadrealeño. No habrá, eso sí, cambios de nombres de calles o decisiones que sólo competan a los ayuntamientos.
Caballero ha calificado de “importante” la decisión y ha mostrado su “satisfacción” por el rigor científico y la profesionalidad con que se van a llevar a cabo los trabajos, ya que se intervendrá sin tener en cuenta consideraciones políticas, “únicamente atendiendo a una motivación profesional y científica” y respondiendo a lo que señala la Ley de Memoria Histórica.
Julián López, de la UCLM, ha señalado que el acuerdo permitirá iniciar un proyecto de investigación que permitirá documentar e intervenir en fosas generadas a partir de la dictadura fundamentalmente, porque desde la Universidad de Castilla-La Mancha se trabajará centrándose en la Guerra Civil. López también indicó que en 2011 se interrumpieron los trabajos que comenzaron en 2008 por falta de finaciación a pesar de que llegaron a tener un equipo de 15 personas. Alrededor de 3.800 nombres serán los que pretenden mostrar en las conclusiones de su investigación, que ha seguido a pesar de la falta de fondos.
López espera que dentro de tres años se pueda tener un conocimiento mucho más amplio y riguroso que atienda al por qué y al cómo sobre la violencia así como a la identificación e intervención en un marco de respeto a los derechos humanos, al reconocimiento de las víctimas y a la mejora de la calidad democrática en nuestro país.
