Europa Laica denuncia que las privatizaciones den servicios básicos a corporaciones religiosas
El papel que cumple la Iglesia Católica en las instituciones políticas tiene poco o nada que ver con el desarrollo de la ciudadanía durante las últimas tres décadas. Mientras que la sociedad presenta unos altos niveles de secularización, la religión católica sigue estando muy presente a nivel institucional. Dos fenómenos en paralelo que conforman una situación muy particular y que lleva tiempo analizando Europa Laica. Con motivo de la puesta de largo de la organización Toledo Laica, el presidente de este colectivo europeo, Francisco Delgado, ha realizado un diagnóstico del laicismo en el país, así como de otros asuntos referidos a los privilegios religiosos o a la llegada de refugiados.
Delgado ha comenzado recordando que Europa Laica se fundó en Talavera de la Reina, por parte de un grupo de profesores alrededor del pensamiento político de Gonzalo Puente Ojea, al que también han rendido homenaje en el acto toledano. Toledo Laica quiere revitalizarse como grupo territorial con el objetivo de que esta organización europea pueda tener representación en todas las provincias del país. El objetivo es defender la laicidad como base de la democracia. “Nosotros no vamos en contra ni de religiones ni de creencias, pero entendemos que es bueno que haya un grupo que defienda los derechos humanos, la libertad de conciencia y la separación entre Estado y religión”, recalca.
Bajo esta premisa, el diagnóstico que hace Francisco Delgado a nivel nacional es que la sociedad española muy secularizada, incluso más que en el conjunto europeo. Pone como ejemplo datos estadísticos: cada vez más personas se casan por el rito civil, casi el 80%; y cada vez hay más niños que no se bautizan, casi el 45%. Esto indica que los ciudadanos están “muy alejados” de la “parte dogmática de las religiones al uso”.
Asunto diferente son las instituciones. El presidente de Europa Laica afirma que aún no han conseguido “quitarse el velo de la religión”. “Y eso choca con situaciones como que haya religión en la escuela pública, que se financie el 30% de los centros de ideario católico por parte del Estado, que los ministros juren su cargo delante de un crucifico o que los funerales de Estado sean católicos”, resalta.
Este “choque de realidades”, la política y la social, es lo que quieren cambiar las organizaciones que defienden el laicismo. Para ello, “los políticos tienen que entender que eso no va en contra de nadie, sino que hay que cumplir lo que dice la Constitución”. “Si todos somos iguales ante la Ley, eso significa que las iglesias tienen que pagar sus impuestos y que no pueden estar presentes en sitios que son de todos”. Y para ello, considera imprescindible romper el acuerdo concordatario con la Santa Sede de 1979, que es a su vez la continuación del Concordato isabelino de 1853 y del franquista de 1953.
De hecho, preguntado por el hecho de que nunca se hayan roto esos acuerdos, Delgado recuerda que ha habido avances en libertades y derechos civiles en contra de la Iglesia Católica como el divorcio o el matrimonio homosexual, pero no ha sido así en cuanto a la relación Iglesia-Estado. Y en su opinión, esto es así “por el miedo a perder votos” y también porque “los lobbies católicos se han introducido en los partidos políticos y hacen su trabajo muy bien”. “Todo el desmantelamiento del sector público, y su posterior privatización en sectores básicos como educación, sanidad y servicios sociales, ha servido para que estos servicios estén en manos de corporaciones religiosas y eso es una tragedia porque ahí se hacen fuertes y provocan que la gente que depende de ellos no tenga libertad de conciencia plena”, argumenta.
Por ejemplo, precisa que los niños que están en casas de acogida religiosas o los ancianos albergados en residencias del mismo tipo, están obligados a participar de esa doctrina y “con eso se vulnera la libertad de conciencia”, con organizaciones sociales “cada vez más en manos de la Iglesia, lo que no es positivo para un Estado democrático”. El presidente de Europa Laica, que perteneció al PSOE, afirma que si volviera a estar en política, no tendría “ningún temor” a cortar los privilegios a las organizaciones religiosas ni en avanzar en la secularización de las instituciones.
En cuanto a la controvertida cuestión de la exención a la Iglesia en el pago del IBI, Delgado señala que se trata de un tema complejo que se deriva de un entramado de leyes orgánicas, “unas superpuestas sobre otras” y “hay que modificarlas todas para cambiar esa realidad”. “Es el poder legislativo quien debería cortar esas exenciones, porque por muchas mociones que se aprueben en los ayuntamientos, si el Parlamento no hace nada, no se va a solucionar el problema; e incluso va a ser peor porque los tribunales les van a quitar la razón”.
Finalmente, el presidente de Europa Laica se ha referido a la crisis por la llegada de refugiados a Europa para dejar claro que “no todos los inmigrantes que vienen son religiosos”. “Tienen creencias, pueden seguir una determinada rama del Islam, pero también hay ateos y agnósticos. Y ese es el miedo con el que el poder establecido trata de de enfrentar a la sociedad. No puede ser, eso es atacar constantemente la libertad de conciencia”, concluye.
