“Falta de coordinación” con los juzgados en la atención a menores víctimas de abusos sexuales
Una foto fija que en realidad es muy variable. Así se desprende del informe ‘Ojos que no quieren ver’ de Save The Children donde se analiza el estado de la atención a víctimas de abusos sexuales menores de edad en todo el territorio español y en cada una de las comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha, esta organización constata una “falta de coordinación” con los juzgados por parte de los servicios sociales autonómicos, si bien reconoce sus avances en cuanto a la prestación de un protocolo público y universal. De hecho, la comunidad autónoma está incluida en aquellas que cuentan con estos recursos gratuitos para la atención de estos niños.
El estudio denuncia que en cuanto a poder recibir tratamiento, cualquier menor de edad puede solicitar una cita con el servicio de salud mental del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero apunta que “lamentablemente la salud mental es uno de los servicios peor cubiertos, con más lista de espera y menos profesionales por cada 10.000 habitantes”. Afirma por tanto que “no hay una cobertura eficaz de todas las necesidades en salud mental infantil”.
“Que haya atención depende de la voluntad y los recursos disponibles de organizaciones dedicadas a trabajar contra el abuso: se trata de territorios en los que además del trabajo de protección básico que se hace desde servicios sociales y de los limitados recursos de salud mental, hay alguna organización que, dependiendo de los recursos disponibles y por su compromiso social en este ámbito, cubre parte de las necesidades de tratamiento”, subraya.
Save The Children considera que esta asistencia es limitada porque los recursos no son suficientes para llegar a todos los niños o a todo el territorio. Es más, destaca que en algunos casos “puede ser muy precaria o intermitente y puede que ni siquiera esté financiada por la comunidad autónoma” porque la organización en cuestión se financie con fondos estatales o de otro tipo.
La organización elabora así un mapa de las comunidades autónomas: analiza si se han dado pasos importante para poder convertirse en una ‘Casa de los Niños’, es decir, que haya coordinación con los juzgados para que la valoración del testimonio del menor sea hecha por psicólogos del servicio especializado, pudiendo incluso configurarse la declaración del niño o niña como prueba preconstituida.
En Castilla-La Mancha “no se valora el testimonio”
No es el caso de Castilla-La Mancha, según el informe. Constata que esta región dispone de recursos públicos, universales y gratuitos, pero sin esa coordinación con los juzgados y con un acceso al servicio “que depende de que a la familia se lo den a conocer y se les llame”. “En esta comunidad no se valora el testimonio, ni se hacen pruebas preconstituidas. Lo que se ofrece a la familia y al menor es atención terapéutica, apoyo durante el proceso legal y abogados especializados, pero se procura no tratar al niño o niña hasta que no ha declarado en el juzgado”.
El estudio también ofrece otros datos comparativos entre comunidades autónomas, por ejemplo, la tasa de los procesos judiciales abiertos por abuso sexual a niños por cada 100.000 menores de 18 años. Castilla-La Mancha, con un índice de 11 procesos judiciales, se encuentra por debajo de la media nacional de 12 casos, y en la parte media de la tabla. Otra cifra aportada por el informe se refiere a la ratio de casos no sentenciados con relación a los procesos judiciales abiertos. Aquí, Castilla-La Mancha se encuentra en antepenúltimo lugar, con solo 57 casos no sentenciados, frente a los 72 de media nacional.
El documento hace hincapié en que los abusos sexuales a niños y niñas constituyen un tabú difícil de romper y que “la mayor parte” corresponde a “aquellos que no son detectados”. Incide en que se trata de una realidad cada vez más visible con los años y cita los datos del Ministerio del Interior, según los cuales las denuncias se han incrementado un 15,8% en un año pasando de 3.052 en 2015 a 4.056 en 2016. No obstante, el informe perfila los fallos con los que, a su juicio, cuenta el sistema de prevención, judicial y protección y que provocan que “la mayoría de los casos sigan permaneciendo ocultos”.
“Los fallos son sistémicos y en muchas ocasiones tienen que ver con los prejuicios, que dificultan que lleguemos a soluciones efectivas”, ha afirmado Andrés Conde, director general de la ONG. “De hecho, es un problema mucho más extendido de lo que creemos y mucho más cercano de lo que la población en general cree”, concluye.
