Júcar-Vinalopó: el otro trasvase
La denominada ‘guerra del agua’ ha vuelto a tomar cuerpo en Castilla-La Mancha desde el cambio de signo político en el Gobierno a cuenta de los sucesivos recursos judiciales que la Junta ha interpuesto contra los trasvases que desde julio se han aprobado desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura. Sin embargo, no es este el único río, de los que transcurren por Castilla-La Mancha, que sigue sufriendo estas derivaciones de agua. Tras año y medio sin funcionamiento, por falta de obras y posible presencia de filtraciones, el Gobierno central, en la fase final de legislatura, ha decidido volver a activar el trasvase que transcurre desde el río Júcar (en su tramo del Azud de la Marquesa) hasta la zona del Vinalopó, L’Alacantí y la Marina Baja para 45.000 hectáreas de regadío.
Serán 50 los hectómetros cúbicos anuales que se trasvasarán nuevamente, a los que podrían añadirse otros 30 para el abastecimiento de la misma zona. Esta es al menos la posibilidad que contempla el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuya consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha vuelto a arremeter contra la política hídrica del Gobierno central acusándole de “esquilmar” los ríos de la región añadiendo “un nuevo trasvase”.
Esta infraestructura ha contado siempre con la postura contraria de colectivos como Ecologistas en Acción desde que se derogara el antiguo trasvase del Ebro y comenzara a defenderse una nueva política del agua. Desde entonces han argumentado que no hay excedentes de agua en el Júcar, que perjudica a zonas incluidas en la Red Natura 2000 y que el trasvase en sí mismo es inviable, debido a la disminución de los caudales y sl “desastre ambiental” en la cuenca del Júcar, entre otros motivos relacionados con las propias obras del trasvase.
“Está demostrando su desprecio hacia Castilla-La Mancha”, asegura por su parte el Gobierno castellano-manchego sobre la gestión del Ministerio, incidiendo que esta comunidad autónoma está “seca y agotada” y se le están “hurtando todos sus derechos en cada rincón”. Según han apuntado, tras la firma de este documento, el Ministerio pretende consolidar el derecho otorgado mediante la firma de un futuro convenio que fije las condiciones de explotación de esa masa de agua.
Para la Junta, el Gobierno central lo ha justificado como una posibilidad contemplada en el Plan Hidrológico que aún no ha entrado en vigor y que obtuvo el voto en contra del Gobierno de Castilla-La Mancha durante el Consejo Nacional del Agua. Esta circunstancia se produce además con el Plan de la cuenca Hidrográfica del Júcar recurrido por el Ejecutivo autonómico.
Por su parte, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha reprochado al Gobierno central que el acuerdo con los regantes del Vinalopó se haya adoptado sin consultar al Ejecutivo regional y resaltando que debería haber contado con el apoyo de la cuenca cedente, apostando por una “gestión integrada de los recursos hídricos”.
