La Junta asumirá 980.000 euros para sellar el amianto si los dueños de parcelas no actúan
Las rachas de viento de los últimos días en Toledo y el hecho de que hayan pasado más de dos meses desde que los propietarios de parcelas con restos de amianto fueran requeridos para que adoptaran medidas al respecto, son las dos circunstancias que han provocado que los vecinos del barrio del Polígono de Toledo mantengan una “gran intranquilidad e incertidumbre” sobre esta cuestión. Desde la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que se adopten medidas urgentes y han alertado de que sigue habiendo partículas de fibrocemento en el aire con el consiguiente riesgo para los vecinos. Es el motivo por el que a principios de marzo, el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, mantuvo un encuentro con miembros de este colectivo y también de la Asociación de Vecinos 'El Tajo'. En esta reunión les detalló la segunda fase que se sigue ahora, y sobre la que no hay plazos concretos debido a la “complejidad” del procedimiento.
Se trata de la primera reunión que Portillo ha mantenido con representantes de los vecinos para conocer sus inquietudes. En la misma les trasladó que una vez localizados todos los restos de amianto y enviados los requerimientos a los siete propietarios de parcelas individuales del Polígono para que procedieran a actuar sobre las mismas, el proceso entra en una “segunda fase”. Se han rechazado las alegaciones y recursos presentados por los dueños y ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha está a la espera de dos circunstancias: el inminente informe de la comisión técnica del Ayuntamiento donde se perfilarán algunas cuestiones sobre el tratamiento del amianto, y la aprobación de los Presupuestos regionales de 2017, prevista para principios de abril.
En cuanto a lo primero, Portillo explica que una vez recibido el informe técnico, la Junta procederá a solicitar a los propietarios que voluntariamente permitan a la Administración regional entrar en sus parcelas, como responsable subsidiaria en medio ambiente, y proceder al sellado de los restos. En los casos en que los dueños se negaran dentro un plazo razonable, la Junta comunicaría al juez esta circunstancia para obtener la autorización judicial que les permita entrar en las parcelas. En este proceso, también se comunicaría a los dueños el coste, con facturas individuales y desagregadas, para que la Junta pueda reclamarles el pago.
Medio Ambiente recuerda que estos propietarios son los responsables de los restos de amianto, independientemente de que compraran las parcelas sin conocer esta circunstancia, por lo que la Junta debe abordar este proceso “con todas las garantías”. “La decisión de todos los propietarios no va a ser homogénea, porque ni todos tienen el mismo poder adquisitivo ni todos tienen la misma cantidad de amianto. Por eso las acciones tienen que ser diferentes y de ahí la complejidad del proceso”, destaca Portillo.
El viceconsejero destaca la necesidad de que en todo el procedimiento la Administración debe ser “muy clara” y comunicarles que se procederá al sellado por vía judicial “si no hay voluntad” por parte de los dueños. En realidad, el procedimiento es similar al que se produjo tras el incendio de una planta de residuos tóxicos en Chiloeches, cuando se comunicó a los dueños de las empresas afectadas que se entraría a realizar tareas de limpieza.
Y en cuanto a los Presupuestos, la cuestión fundamental es que los correspondientes a 2017 todavía no se han aprobado. La previsión es que las Cortes de Castilla-La Mancha los ratifiquen a principios de abril. En estas cuentas se ha destinado una partida de 980.000 euros para abordar exclusivamente el sellado del amianto en las parcelas particulares.
El cálculo se ha hecho en función de las recomendaciones de EMGRISA
Esa cantidad procede de las recomendaciones que EMGRISA realizó sobre el terreno en el anterior informe técnico, y según la Junta, cubriría suficientemente la tarea. El cálculo se ha hecho por lo alto: “incluso aunque luego fuera más dinero, es más que suficiente para cubrir el amianto”. Ahora se trata de encapsularlo, de “eliminar el riesgo inmediato”, no de retirarlo. Cabe recordar que el coste total que esta empresa pública cifró para todo el procedimiento, es decir, sellado y retirada, es de 10 millones de euros.
Estos son los motivos por los que, según el viceconsejero de Medio Ambiente, los plazos para las medidas más urgentes no se pueden concretar. “Necesitamos que primero se aprueben los Presupuestos y luego hay que tener en cuenta que son diferentes propietarios y cada uno puede tomar acciones diferentes. Puede haber incluso alguno que iniciara un proceso contencioso administrativo y se alargue el procedimiento”, argumenta.
Portillo concluye afirmando que su objetivo ha sido transmitir a los representantes vecinales que “en todo lo que nos toque como Administración, el proceso se hará con todas las garantías y adecuadamente”. “Se les seguirá ofreciendo toda la colaboración, sobre todo en aquellas cuestiones más sensibles. Entendemos la preocupación y la angustia, y también nos gustaría que este problema se resolviera lo antes posible, pero no podemos saltarnos la legislación y los derechos de todos”, concluye.
