La Junta notifica a la justicia que ya ha cumplido la sentencia sobre los interinos
La Junta de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado por el que informa que ha enviado una notificación al Tribunal Superior de Justicia de la región indicando que ha cumplido con la sentencia con fecha de 16 de octubre de 2014 que le obligaba a la readmisión de 391 interinos despedidos ilegalmente en agosto de 2012. En la nota dice señalar que la situación de estos trabajadores ya ha vuelto a la indicada por la sentencia judicial y da así por cerrado el asunto con la justicia.
Es la versión de la Junta de Comunidades si bien esta llega más de un mes tarde, ya que la justicia fijó como fecha tope para obedecer la sentencia el 16 de diciembre. A ello hay que sumar que esta versión es distante con la que mantienen los propios sindicatos, que indican (según UGT) que 71 de los 391 trabajadores que debían ser readmitidos aún no lo han sido, por lo que no se ha cumplido aún la sentencia. Tampoco se ha cumplido aún la sentencia porque, según también los sindicatos negociadores, muchos de los trabajadores readmitidos están sufriendo malos tratos laborales y “mobbing”, con orden de que a ellos no se les dé ninguna tarea y no dándoles ni el material necesario para poder trabajar, negándoles incluso el uso de los equipos informáticos.
Otro asunto son los aproximadamente 32 millones de euros que debe pagar la Junta a estos trabajadores en concepto de todas los salarios que debía haber pagado a estos trabajadores desde agosto de 2012, en total 33 pagas que debe abonar a cada uno de estos trabajadores y que en las negociaciones con los sindicatos no se entraba a valorar el cómo pagarlo. Para la gran mayoría de trabajadores su primera nómina después de todo este tiempo será la de enero de 2015, pero no para todos como marcaba la justicia.
La Junta afirma que “ya se han realizado las actuaciones pertinentes para la reincorporación a sus puestos de trabajo y el reintegro de los derechos económicos de los empleados públicos afectados por esta sentencia”, así como que está llevando a cabo las acciones necesarias para informarse de los datos laborales relativos a estas personas como su legislación en la Seguridad Social. Evita así la posible demanda por incumplimiento de sentencia a la que se enfrentaba por acatar la misma más de un mes tarde a lo estipulado.
Sin embargo algunos sindicatos ya han señalado que se plantean denunciar de nuevo a la Junta por incumplimiento puesto que no todos los trabajadores están en sus puestos ni han cobrado lo que se les debe, a pesar de que la Junta indique que trabaje en ello.
La Administración regional, como anécdota, vuelve a señalar que “con este cumplimiento pone fin a la situación de incertidumbre es estos trabajadores públicos”, algo que ya publicó hace meses cuando indicó que retiraba el recurso a la sentencia. Esa retirada del recurso era mentira puesto que el recurso en realidad había sido rechazado cinco días antes, y lo que la Junta anunció como una decisión propia en realidad fue un fallo judicial. De hecho ese comunicado de prensa, una vez que se conoció que era mentira, fue retirado de la página web de la Junta de Comunidades y de toda su hemeroteca.
