La Junta tiene 6 días para readmitir a 391 interinos despedidos ilegalmente
La Junta esperará hasta el último día dado por la justicia para negociar la readmisión de los 391 interinos que despidió ilegalmente en agosto de 2012. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha fue firme el 16 de octubre y daba a la Junta dos meses para readmitir a los profesionales, bajo pena de desobediencia judicial.
El 16 de diciembre, el día que acaba el plazo, la Junta ha emplazado a los sindicatos de la región a una Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General para modificar la Relación de Puestos de Trabajo y así incluir a estos 391 trabajadores. Esta modificación afectará a todas las consejerías de la región.
La sesión tiene una duración prevista de ocho horas y a ella han sido llamados miembros de Comisiones Obreras, UGT, CSI-F y STAS. También se señala que las sesiones se alargarán tantos días como sean necesarios hasta llegar a un acuerdo en la negociación.
Esperar hasta el último día para acatar una sentencia judicial
A estos trabajadores hay que seguir pagándoles por su puesto de trabajo a pesar de no trabajar en la Junta, como determinó el tribunal en su sentencia, un gasto que será de 30 millones de euros en nóminas a unos trabajadores que fueron apartados de la Administración Pública de manera ilegal, más los costes del proceso judicial.
La Junta emitió un comunicado de prensa en su día en el que “renunciaba” al recurso de casación interpuesto con fecha de 26 de octubre y que lo hacía “por el bien de los castellano-manchegos”; sin embargo como ya contamos la documentación demuestra que la Junta mintió: el recurso no fue retirado voluntariamente sino que fue rechazado por el propio Tribunal Supremo diez días antes, concretamente el 16 de octubre. El recurso de la Junta ni siquiera llegó a estar en trámite porque fue firmado el 20 de octubre por el consejero de Administraciones Públicas, Leandro Esteban, cuando el día 16 el Supremo ya había fallado la sentencia y había emitido el auto correspondiente.
A este medio, tras consultar con abogados y asesores jurídicos, se nos señaló que este tipo de sentencias empiezan a “correr” en plazo desde el momento en que se emiten, con independencia de si al afectado o acusado le llega la notificación, por lo que aunque a la Junta le llegase la notificación en noviembre, esta sentencia tiene como fecha máxima de cumplimiento el 16 de diciembre.
Leandro Esteban, consejero de Administraciones Públicas, ya avisó de que la Junta acataría la sentencia pero “cuando fuese firme”, sin embargo lo lleva siendo desde hace mes y medio.
