La Ley de Memoria Democrática de Podemos tiene “graves carencias e incongruencias”

El Foro por la Memoria de Castilla La Mancha se ha referido este martes a la negativa del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a tramitar la Proposición de Ley sobre Memoria Democrática presentada en las Cortes Regionales el pasado 7 de septiembre por el Grupo parlamentario de Podemos.

El colectivo recuerda que la proposición de ley fue “redactada y presentada sin contar con la inmensa mayoría de colectivos memorialistas” de la región a excepción del encargado precisamente de su redacción. “Ninguna otra asociación o colectivo de víctimas del franquismo ha sido en ningún momento consultado ni informado, teniendo que recibir incluso el texto por terceras personas y posteriormente a su presentación en la Mesa de las Cortes”, lamenta.

Critica este foro que, a pesar de que se ha intentado dar la idea de se ha contado con “colectivos memorialistas”, eso es algo que no se ha producido. “No ha habido en ningún momento ningún proceso de debate previo sobre su alcance o contenido ni se ha pedido opinión a los colectivos interesados”, insiste.

Algunos de los principales colectivos y asociaciones históricos de la región, apunta el Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha, “hemos manifestado nuestro descontento con el proceso, aunque no hemos querido hacerlo público hasta este momento” . La mayoría de los colectivos de la región somos firmantes de la llamada “Carta de Vicálvaro” en la que 88 colectivos de memoria histórica de todo el Estado español expresamos nuestras reivindicaciones. Carta que fue entregada a los principales candidatos de todos los partidos en los dos recientes procesos electorales incluyendo a varios candidatos de Podemos y Unidos Podemos. “Esta carta y su contenido no ha sido en absoluto tenida en cuenta en el proyecto presentado y creemos ha sido conscientemente”, aseguran.

“Los mismos vicios y defectos”

Al margen del procedimiento empleado por la formación morada que denuncia este colectivo, también critican que la norma propuesta tenga “lamentablemente los mismos vicios y defectos en los que incurre la ley 52/2007, más conocida como ”ley de memoria histórica“, alejando a las víctimas del derecho al acceso a la justicia”. En este punto, explican que tiene un “defecto añadido” ya que, al tratarse de una ley regional, es de rango inferior y por tanto tiene menos competencias.

“Se nos quiere intentar convencer de que o bien este proyecto es una especie de desarrollo regional de la Ley de Memoria, o que viene a completarla, cuando lo que necesitamos no son marcos jurídicos nuevos, sino que se cumplan los que ya existen”.

Creen que si “el PSOE ha demostrado no tener voluntad política para aceptar ni desarrollar este proyecto”, algo que califican de “lamentable”, en el caso de Podemos “ha ofrecido una ley con graves carencias, algunas incongruencias y con propuestas que exceden las competencias propias de la Autonomía”.

Una ley “reduccionista” en contenido

En relación al contenido de la proposición de ley, recuerdan que corresponde a la administración central de Justicia “la investigación y persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y que la autonomía no tiene competencias en esta materia. De hecho, añaden, ”no existe ni siquiera una comisión de Justicia o una de Derechos Humanos en las Cortes regionales. Una ley autonómica crea un agravio comparativo entre las víctimas de una autonomía frente a las de otra que no la tengan“.

También dicen echar de menos una mención en su exposición de motivos en la que se inste al Estado a anular las sentencias y a que declare nulos los tribunales que “condenaron ilegalmente a las víctimas del franquismo” porque, “se trata de una declaración de intenciones que creemos indispensable aunque sea simbólicamente”. Igualmente creen que falta “una reivindicación que exija la derogación o inaplicación de la Ley de Amnistía de 1977, verdadero muro de impunidad que impide el acceso a la justicia de las víctimas de la dictadura”.

En definitiva, creen que la propuesta de Podemos es una “ley reduccionista que limita su reivindicación al ámbito principalmente familiar, lo que es importante, pero consideramos indispensable que cualquier ley de estas características base su contenido en el reconocimiento de las propias víctimas como sujetos de derecho y una vez más encontramos que no es así”. En su opinión, se vuelve a crear un agravio comparativo entre las víctimas que tienen familiares conscientes y demandantes de derechos, y aquellas víctimas, (la mayoría) que no tienen ningún descendiente consciente que luche por sus derechos.

Otro de los defectos que encuentran es que esta ley parece identificar a las víctimas principalmente con los desaparecidos cuando, apuntan, “los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo fueron prácticamente todos los especificados como tales en la Carta de Londres de 1945”. Es decir, conspiración para la guerra, encarcelamiento ilegal, trabajos forzados, maltrato a prisioneros, expolio de bienes, tortura, y miles de fusilados que no son desaparecidos ya que están perfectamente localizados en cementerios y fueron fusilados en cumplimiento de sentencias que, a pesar de su clara ilegalidad, siguen siendo consideradas legales para la actual justicia. “Son asesinatos de una naturaleza totalmente diferente y responden a diferentes tipos penales a las llamadas desapariciones forzadas y por tanto que exigen un tratamiento distinto, cosa que no es reflejada en este proyecto”.

Sí se muestran, en cambio, de acuerdo con el régimen de sanciones propuesto para quienes no cambien los nombres de las calles o retiren monumentos franquistas. “Nos parece correcto pero existen muchas cosas sobre las que nos hubiera gustado ser consultados”. Se refieren entre otras cosas a la titularidad de los monumentos que se inauguren o a la “necesidad” de diferenciar los escenarios de crímenes del resto de lugares de memoria, que requieren un tratamiento penal y a los que no puede dar respuesta una ley autonómica. “El hecho de que todos estos lugares sean tratados como patrimonio, o el hecho de priorizar un tratamiento arqueológico y privatizado a las exhumaciones, son detalles que rechazamos”.

Y es que, matizan, el mapa de fosas, identificación de restos, o banco de ADN que defiende son necesarios, pero no como objetos de estudio académico o arqueológico, sino como “pruebas judiciales de crímenes imprescriptibles cometidos por la dictadura”.

También afean que no se investigue “el patrimonio de las empresas que se lucraron con mano de obra esclava”, y en general, creen que su contenido crea confusión con términos como “legalidad” y “legitimidad”, además, sólo se pasa por encima de la reivindicación de las víctimas deportadas a los campos nazis.

La negativa de la Junta, una “pugna por la hegemonía política”

El Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha lamenta también la negativa por parte del Gobierno regional a tramitar la norma en las Cortes regionales que, en su opinión, “parece estar encuadrada en la pugna por la hegemonía política a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos entre el PSOE y Podemos”. Algo que “por desgracia se traduce en que la indefensión de las víctimas del franquismo, para las que parece que no alcanza el Estado de Derecho”.

Recuerdan que las llamadas leyes de memoria, tanto estatales como autonómicas, “están ahora mismo bloqueadas, no se cumplen, o se les ha quitado todo su presupuesto” y reclaman un marco normativo regional “con la base de conocer sus limitaciones, y sabiendo que es al Estado central a quien corresponde lo más importante, es decir la anulación de las sentencias y la investigación de los crímenes cometidos”.