Castilla-La Mancha llevará un registro de los 'lobbies' en la Ley de Transparencia
Los ‘lobbies’ o grupos de interés de la región deberán registrarse ante la Junta de Comunidades y comunicar toda su actividad, tal como lo establece el primer borrador de la Ley de Transparencia propuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objetivo, que ha señalado el Vicepresidente del ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro, es conocer la actividad de los grupos, saber cuál es el objetivo que persiguen y que la ciudadanía sepa siempre con quien se están reuniendo para cumplir con sus metas. “Dar transparencia no sólo al Gobierno, sino también a quien quiere influir en el Gobierno, diputados u otras Administraciones”, señaló el Vicepresidente.
Entre estos grupos de interés se incluyen, en especial, los que trabajan en el ámbito político, desde los mismos partidos hasta las agrupaciones de electores, pasando por las fundaciones vinculadas a formaciones políticas y todas las instituciones que dependan de este tipo de organizaciones. Las entidades privadas tendrán que someterse a la misma exigencia, al igual que los sindicatos.
Los ciudadanos podrán participar en la redacción de este anteproyecto de Ley desde este 11 de noviembre, a través del Portal de Transparencia de la Junta de Comunidades. La idea que persigue el Gobierno, asegura Martínez Guijarro, es abrir un proceso lo más participativo posible, siempre de una manera “más ambiciosa” de lo que pretende la normativa estatal. La Ley pretende hacer públicos todos los contratos públicos, incluso los menores, así como la designación de las mesas de contrataciones y toda la información de subcontratas que lleven a cabo las empresas adjudicatarias
Tal como explicábamos en eldiario.es/clm, los altos cargos que no publiquen sus declaraciones de bienes o sus agendas institucionales, entre una treintena de indicadores, serán sancionados. Las infracciones pueden llegar hasta los doce mil euros, además de poder ser cesados o, incluso, declarados como inhabilitados para poder volver a ser altos cargos hasta por cinco años, en el caso de infracciones muy graves.
El anteproyecto de la Ley de Transparencia incluye también un Consejo regional de Transparencia y Buen Gobierno, que será un órgano “independiente” adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha para garantizar su “total independencia” de la Administración Pública. Los miembros de dicha comisión serán elegidos por los diputados regionales. Parte de este anteproyecto procede del trabajo conjunto que ha llevado a cabo PSOE y Podemos en la subcomisión de Transparencia de la comisión del Acuerdo Institucional de investidura, pero Podemos señala que todavía faltan reuniones de cara al trámite final para la aprobación de la Ley el año que viene.
