Moltó, de azote de un banquero a dos años de cárcel por falsear cuentas

Abril de 1994. Juan Pedro Hernández Moltó interrogaba a Mariano Rubio, el que había sido gobernador del Banco de España, en una comisión de Economía del Congreso de los Diputados. A Rubio se le acusaba por estar implicado en un presunto delito de fraude a Hacienda. El discurso es conocido por como empieza “Míreme a la cara de frente”, le decía Hernández Moltó, quien también preguntaba a Rubio si era “consciente de las consecuencias que estaba generando en la sociedad española su proceder”. Además, advertía al exgobernador de que tenía una última oportunidad “para salvar la poca dignidad” que le quedaba y que, si era culpable, no quedaría impune ni él ni “aquellos que hayan faltado a la honestidad”.

Mariano Rubio estuvo dos semanas entre rejas. Ahora, la Audiencia Nacional condena a a Juan Pedro Hernández Moltó a dos años de prisión, junto a Ildefonso Ortega, acusándolos de ser coautores de un delito de falsedad contable. La Audiencia ha señalado que está probado que los acusados han alterado la cuenta de resultados de Caja Castilla-La Mancha, de modo que la entidad registrase beneficios que no existían al cerrar el ejercicio de 2008.

En 2009, cabe señalar, la Caja regional tuvo que ser intervenida por el Banco de España en el mes de marzo. La entidad acordó sustituir a sus administradores, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Caja y, por eso, le inyectó unos 9.000 millones de euros. La decisión se tomó para evitar una fuga de depósitos de la entidad. El juez ha señalado que ambos acusados conocían la situación de pérdidas por la que pasaba la caja y decidieron llevar a cabo un “ardid contable” que han calificado como un “engaño, disimulo o artimaña” para maquillar las pérdidas.

En su defensa, Hernández Moltó llegó a asegurar que su papel, mientras era presidente de la primera caja en ser intervenida, era el de “animador sociocultural”. Además, aseguró en la primera jornada de su juicio que las cuentas del ejercicio de 2008 eran “transparentes y provisionales”, argumentando que no había sido consciente de que la aplicación de los requerimientos del informe que luego llevó a cabo el Banco de España podría llegar a reflejar pérdidas en la caja. El déficit que mostró dicho documento fue de 182 millones de euros.

Consejero, diputado... Sentenciado

Y, sin embargo, la carrera de Moltó no podía predecir lo que ocurriría esta semana en la Audiencia Nacional. El economista entró en la Junta de Comunidades pocos años después de ingresar a las filas socialistas, y llegó a estar al frente de tres consejerías, entre los años 1981 y 1988. Antes de cumplir los 40 años, Hernández Moltó ya había ingresado a las filas del Congreso, representando a la provincia de Toledo, e incluso fue portavoz socialista en la Comisión de Economía y también en la de Industria. Fue como portavoz en la primera comisión en la que se enfrentó a Mariano Rubio por el caso de Ibercorp.

Hernández Moltó se presentó en 1999 como candidato a la alcaldía de Toledo, pero sólo alcanzó el cargo de concejal, al haber sido derrotado por el 'popular' José Manuel Molina. Pocos meses después, se anuncia como el nuevo presidente de Caja Castilla-La Mancha, cargo que ocupó durante toda una década. Lamentablemente, la entidad bancaria es conocida por todo España, pero no por la brillante gestión que llevaron a cabo sus responsables.

Uno de los casos que más pesan en la figura de la Caja, y de la que también se aprovecha de forma reiterada el Partido Popular de Castilla-La Mancha, es la inversión que llevó a cabo la entidad en el aeropuerto de Ciudad Real. La infraestructura sigue todavía en un proceso eterno de subasta, su venta directa se acaba de reabrir de hecho. Fue el informe concursal del Aeropuerto el que desveló que la Caja poseía más de la mitad de las acciones del aeródromo, entre las acciones propias y las pignoradas.

No era la primera vez que Moltó era juzgado por su gestión al frente de CCM. El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, pidió en 2014 una fianza solidaria de 138,2 millones debido al “perjuicio económico” que habían causado a la entidad. Ruz acusaba tanto a Moltó como Ildefonso Ortega por la concesión de varios créditos irregulares y “con tratos de favor” a los beneficiarios con la que causaron un “grave perjuicio” a la entidad bancaria. El juez investigaba entonces operaciones que llegaban hasta los 60 millones de euros.