Piden a la Junta que frene las “reclamaciones de la vergüenza” a los dependientes

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha vuelto a arremeter contra el Gobierno regional, en esta ocasión para denunciar que el Ejecutivo está realizando “reclamaciones de la vergüenza” a los dependientes de la comunidad autónoma. Son cantidades “supuestamente cobradas indebidamente” por los cuidadores familiares y que “no se ajustan a la legalidad” como, añade, lo están sentenciado los juzgados “a los que los dependientes se ven obligados a recurrir”.

Este colectivo explica que las cantidades se “basan” en una supuesta incompatibilidad entre la prestación por cuidados en el entorno familiar y el cobro del complemento de ATP (Ayuda a Tercera Persona) por parte de la Seguridad Social. Según afirma, la Consejería de Bienestar Social, reclamando estas devoluciones, no está teniendo en cuenta que las revisiones de prestaciones de dependencia y el reconocimiento del complemento de ATP, “teóricamente incompatible”, lo realiza la misma persona y en el mismo acto.

“Por tanto, desde ese mismo momento la Consejería tiene la información de dicha incompatibilidad. Si luego, por incompetencia de los responsables, se tarda mucho en regularizar la prestación, es únicamente responsabilidad del administrador, no del administrado”, argumenta.

La Plataforma apunta que estas cantidades reclamadas al “colectivo más frágil y desamparado” se elevan hasta los 7.000 y 8.000 euros, “todo ello basado en la incompetencia de gestión” de la Junta, que “está tardando, en muchos casos, hasta 17 y 18 meses” en emitir resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA).

Con ello, añade este colectivo, se está obligando a los grandes dependientes y a sus familiares, en situaciones económicas “muy precarias”, a acudir a los tribunales o viéndose en la situación de tener que pedir créditos para hacer frente a este proceso, que ha denominado “ las reclamaciones de la vergüenza”. De hecho, apunta que estas peticiones “siguen exactamente las mismas políticas del Ejecutivo de Cospedal”.

Finalmente, acusa al presidente regional, Emiliano García-Page, de “no enterarse o no querer enterarse” de lo que ocurre en la Consejería de Bienestar Social. “Nos recuerda uno de los episodios más negros de los últimos tiempos: la reclamación de 2.600 euros que hizo el Gobierno de Cospedal a la madre del niño gran dependiente fallecido, Jomian Leonel, y que fue utilizado para su incineración. Pedimos por tanto al presidente que pare de inmediato estas reclamaciones”.