El Plan de Garantías contará también con una mesa de Participación Ciudadana
El Consejo de Gobierno ha aprobado el “mecanismo integral” del Plan de Garantías Ciudadanas de Podemos, que incluirá también una Mesa de Participación Ciudadana. Fue una de las novedades comunicadas por la consejera coordinadora de la iniciativa, Inmaculada Herranz, que ha afirmado que en él participarán sindicatos y organizaciones no gubernamentales, entre otras, para dar cabida a las demandas de los castellano-manchegos para el Plan. El otro representante de Podemos en el Gobierno regional, el vicepresidente segundo José García Molina, tendrá a su cargo también la Dirección General de Participación Ciudadana.
Herranz ha recordado que con esta medida se aprueba un mecanismo “integral” que garantizará las condiciones de vida de las personas de Castilla-La Mancha, para que la administración contemple de manera “general y conjunta” los derechos y objetivos de las personas. “Pone en el centro de la vida política a la persona y conjuga las medidas de distintas consejerías de la Junta de Comunidades”, aseguró. Las tres vértices del Plan son ya de sobra conocidos: garantía habitacional, garantía de suministros y garantía de rentas.
Herranz recordó que un 13,1% de la población de la región ha admitido retrasos en el pago de la hipoteca y por eso se busca evitar situaciones de “riegso habitacional” y garantizar el acceso a la vivienda. Por otro lado, unos 24.000 hogares han declarado no haber podido utilizar algún tipo de fuente de energía, y por eso se plantea luchar contra la pobreza energética y formar a los consumidores para un uso “más eficaz”. Finalmente, señaló que las personas en riesgo de pobreza y exclusión social alcanzan el 37,9% de la población.
El Plan incorpora igualmente un avance presupuestario para la previsión de las cuentas de 2018, según el cual el Plan tendrá 23,8 millones de euros más que este año. Un aumento presupuestario que llegará fundamentalmente a las áreas de empleo y bienestar, que crecerán respectivamente en un 25,1% y un 17,9%. Por su parte, el Ingreso Mínimo de Solidaridad, que pasará a ser finalmente la renta garantizada, ha crecido en un 48% en su dotación desde 2016 hasta llegar a los 15 millones de euros previstos para 2018.
En la Ley de Presupuestos para 2018 se incorporan igualmente dos mejoras: por un lado, en el Ingreso Mínimo de Solidaridad se suprimirá la interrupción de los tres meses y se abre la posibilidad de la cobertura por encima de los 24 meses. Su cuantía media también se irá hasta llegar, de forma estimada, hasta los 500 euros. Se aplicará también el principio de integralidad, por el que se reconocen las familias en situación de precariedad económica el acceso y facilitación a prestaciones pertenecientes al sistema de educación diferenciadas en dos partes: exenciones y bonificaciones a pagos de precios públicos educativos y reconocimiento de derechos en el ámbito educativo.
