Tratar las 90.000 toneladas de amianto de Toledo costará más de 10 millones de euros
Millones de euros costará finalmente el tratamiento de los restos de amianto del barrio del Polígono de Toledo, según el estudio encargado por el Ayuntamiento a la empresa pública EMGRISA titulado ‘Propuesta de alternativas para el tratamiento del emplazamiento afectado por residuos de amianto’. El completo documento incluye los informes municipales, estudio de las muestras recolectadas, y también recomendaciones para los trabajadores que se encargarán finalmente de retirar estos restos.
En los antecedentes de los vertidos de amianto, se señala que la empresa Ibertubo se dedicaba a la fabricación de materiales de construcción con el amianto como materia prima. En este proceso, se producía como residuo unos lodos con contenido en amianto y se generaban piezas como residuo procedentes de excedentes. Estos depositaron “durante un tiempo” sin control, sin acondicionamiento y de forma “totalmente ilegal”.
La empresa pública señala nueve núcleos con restos de amianto en la zona del barrio de Santa María de Benquerencia. Estos van desde el primero, junto al inicio del Camino de Nambroca, por otro que incluyen parcelas particulares. La mayoría se concentran alrededor del arroyo Ramabujas, como han denunciado las asociaciones ecologistas y de vecinos. La descripción de los restos suele señalar que se trata de “mezclas de piezas y cascotes”, parcialmente tapados por capas de diversa.
Dos alternativas para el tratamiento
El documento detalla diversas “alternativas” para retirar los restos de amianto, explicando cual es la más adecuada para cada núcleo. En el caso del primero, el tercero, el cuarto, el séptimo, el octavo y el noveno, la técnica propuesta es la de “excavación a cielo abierto”, que se basa en la retirada del material con riesgo de presencia de amianto mediante maquinaria pesada a cielo abierto. El material se instalaría en sacos especiales y resistentes, que serán encapsulados para luego ser trasladado hasta un vertedero autorizado
En el caso del núcleo dos se propone la “cubrición” con capa impermeabilizante, al igual que para el núcleo 6. Esta técnica incluye una capa impenetrable por el agua. Finalmente para el quinto foco de depósito, se propone la excavación selectiva con confinamiento sin depresión. En total, se señalan 90.065,03 toneladas de masa a tratar, con un coste de 10.768.706,02€. En el caso de decidir mantener los restos ‘in situ’, el coste sería de 5.298.525,83€. Cabe señalar que la superficie afectada por los vertidos, según el documento, es de más de 15.000 metros cuadrados. El volumen de los residuos es tal, que harían falta más de 3.000 camiones de los llamados “bañera” para transportarlos.
Medidas urgentes a la espera de una solución definitiva
En cuanto a la característica de los depósitos, la empresa ha detallado la friabilidad de los materiales según cada uno de los núcleos detectados por el Ayuntamiento de Toledo. “Material friable” se refiere a aquel que puede ser reducido a polvo “con la sola acción de la mano”. Estos materiales se encuentran predominantemente en los depósitos del núcleo 1, pero en el resto hay una mezcla que ambos tipos. Por otro lado, la empresa señala que no se ha producido transferencia de fibras de amianto por efecto de escorrentía o del viento en los terrenos próximos a los vertidos “incontrolados”.
En las conclusiones, EMGRISA señala que el plan de remediación medio ambiental de los terrenos afectados “debe” ser propiciado, acordado y consensuado por las tres administraciones involucradas. Es decir, el Ayuntamiento, donde se encuentran los depositos incontrolados, la Junta de Castilla-La Mancha por ser la “Autoridad competente en materia de Residuos Peligrosos” funcionar también como Autoridad Laboral y Ambiental y la Confederación Hidrográfica del Tajo, ya que tiene restos depositados en su finca.
La empresa pública señala también que para evitar riesgos para la salud de la población y a la espera de otras actuaciones “más complejas”, se deben cubrir de forma urgente las superficies afectadas por los vertidos de amianto, a fin de evitar que “receptores sensibles” puedan entrar en contacto con el mismo. La cobertura se compone de láminas de polietileno, que sería luego cubierta con tierra y suelo y se puede complementar con geomallas y geotextiles para dar mayor sujeción. “Esta medida se deberá tomar hasta el momento en el que se ejecute una solución definitiva”, aseguran.
