Suspenso a Castilla-La Mancha en el Estado Social de la Nación
Hay una España en la que apenas se nota la supuesta salida de la crisis económica de la que habla el Gobierno y que ofrece muchas situaciones dramáticas bajo todos los prismas sociales. Son aquellas situaciones que, a través de datos y una rigurosa investigación, ha recogido el Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, y que sitúa a Castilla-La Mancha en los peores puestos de indicadores tan importantes como la pobreza o la exclusión social. Se trata de un panorama que viene denunciando desde hace tiempo el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la región, y que ha decidido combatir, por su lado, con la petición de instauración de 25 medidas de emergencia social.
Como ejemplo, en el análisis en inversión en infancia que se realiza en ese Estado Social de la Nación, el informe desvela que las comunidades autónomas que más invertían en infancia en 2007 y que más han reducido su inversión a lo largo de los últimos seis años están Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y La Rioja, en ese orden. Además, contrasta la situación de estas regiones con una alta tasa de pobreza infantil en todo el país, “teniendo en cuenta que la pobreza no se reduce solo a una carencia de medios económicos, sino que está asociada a la exclusión social y a la falta de acceso a educación y vivienda”.
De hecho, a la hora de analizar la tasa de pobreza, los autores del estudio detallan que el punto de partida analizado, el año 2009, ya presentaba enormes diferencias entre comunidades: la tasa de pobreza para España era del 21,3% y había cinco comunidades muy por encima de la media: Extremadura, Canarias, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Así, añade que mientras que en el conjunto de Europa el incremento en el periodo hasta 2013 ha sido de 2,1 puntos, en España ha sido de 9,1 puntos, y que por encima incluso de ese incremento de la pobreza, se situaron ocho regiones, entre ellas Castilla-La Mancha, pasando del 27,4% de 2009 al 43,4% de 2013, la tasa más alta del país solo superada por Extremadura. (46,7%).
El Informe también señala a la región en cuanto a la reducción de su gasto en servicios sociales. Sobre esta partida, indica que entre las regiones que más han reducido gasto entre 2011 y 2013, en términos absolutos (euros por habitante y año) y relativos, muy por encima de la media estatal, se encuentra Castilla-La Mancha, con una reducción de 144,84 euros por habitante y año, lo que supone un descenso del 28,18%.
Ayudas de emergencia social
Son unas cifras que están en concordancia con el informe ‘Situación social y de los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha’ del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la región, que ya denunció, entre otras cuestiones, que la legislatura de María Dolores de Cospedal ha supuesto un millón de euros diarios menos en servicios sociales.
Precisamente, esta organización ha elaborado una batería de 25 medidas de emergencia social para revertir la situación, entre las que se encuentra el desarrollo reglamentario de la Renta Básica de Castilla-La Mancha, multiplicar por diez el actual Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y los sistemas de garantía de ingresos mínimos, y ayudas sociales públicas urgentes que combatan la pobreza económica y atiendan las necesidades de las familias “de forma integral, y no parcheando problemas que no resuelven casi nada”.
En su bloque de propuestas urge también a la creación de un Plan de Empleo Juvenil, otro para parados de larga duración, y un Plan de Integración Social de Castilla-La Mancha. Se centra posteriormente en pedir la “recuperación” de la atención sociosanitaria en una triple dirección: servicios directos a los pacientes, enfermos o usuarios; respiro a las cuidadoras familiares que cuidan a sus enfermos casi las 24 horas del día; y trabajo multidisciplinar “en un sector que es altamente necesario y beneficioso para todos”.
Los trabajadores sociales demandan igualmente rescatar la Atención Social Básica en la región, que “actualmente no cumple” con sus objetivos, y “sacar del cajón” la Ley regional de Servicios Sociales, norma básica avalada por todas las entidades sociales representativas de la región aprobada por unanimidad en diciembre de 2010.
