No sólo en el Tajo falta agua: el caso de la sequía y los pozos del Alto Guadiana
Las denuncias alrededor de la mala gestión del agua en la zona del Alto Guadiana pueden buscarse una década atrás. Desde 2008, ha asegurado la Unión de Pequeños Agricultores, existen 2.000 expedientes de regularización de pozos de los que todavía siguen algunos sin solucionarse. El origen de este problema data de la sequía de los 90, por la que se permitió en el año 1995 que los agricultores pudieran regar a través de pozos 'alegales', en un limpo legal. Una posible solución venía con la redacción del Plan Especial del Alto Guadiana, que ha sido tachado como “papel mojado”.
En 2017, la organización ha asegurado que estos regantes han empezado a recibir sanciones mientras estos pozos siguen sin regularizarse, lo que tiene a cientos de familias “indignadas”. “No se les da una salida, y lo único que en estos momentos les está llegando son sanciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y penalizaciones de controles de condicionalidad por parte de la Consejería de Agricultura”, criticaba este verano el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo. Ante esto, desde la organización también recordaban que mientras en la región “no llegan las soluciones” en otras se resuelven los problemas “incluso con nuestra agua”, afirmaban.
Por Castilla-La Mancha pasa más de la mitad del río Guadiana, principalmente la zona conocida como el Alto Guadiana. Según ha señalado el consejero de Agricultura castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, las reservas del río en la región no superan el 20%, algo que no ocurre en el resto del río, donde incluso hay puntos en que las reservas llegan hasta el 70%. La situación de la sequía por la que pasa el caudal es preocupante y se ha achacado desde la región a la gestión del Gobierno de España. Así lo explicaban en abril de este año, cuando desde el Ministerio de Agricultura explicaron que no se aprobaría un decreto de sequía para el río, al haber otras cuencas en peor estado, como la del Duero.
Inversiones que se quedan en otras regiones
No ha habido manera de que la región pueda hacer escuchar su voz acerca de la “dramática” situación por la que pasa la parte alta del río Guadiana, o por lo menos ninguna que pueda reflejarse en un decreto o normativa. Al igual que en abril, en octubre el departamento de Isabel García Tejerina se negó a incluir la cuenca en un decreto de sequía al no cumplir con “los mínimos para ser considerada una situación de alerta”. Y es que a la altura del bajo Guadiana la capacidad rodea el 70%, y en su paso por Badajoz, llega al 45%. Desde Castilla-La Mancha lamentaban, igualmente, “si no llueve este invierno en el alto Guadiana, tendremos serias dificultades en el sector agrícola y en el acceso al agua de la población”.
Además, el consejero castellano-manchego, lamentaba que los 30 millones de euros contemplados en el Real Decreto de Sequía, se han invertido “prácticamente en Murcia” y esperaba que parte de los fondos llegasen a la región, debido a la situación de los regantes. “En Albacete hay regantes que tienen los mismos problemas que los murcianos y no salen a la prensa, porque su problema no se visualiza, y tenemos que ponerlo encima de la mesa. Tenemos las mismas condiciones que en Murcia, las mismas dificultades y el mismo derecho a contar con planificación hidrológica y de sequía, puro sentido común”, explicaba.
Reducción del agua para los regantes
La situación para los regantes del Alto Guadiana se ha complicado aún más a final de año, tras la última reunión de la Confederación Hidrográfica del río. Antes de que la misma se celebrase, el Gobierno regional ya advertía de que se reducirían las dotaciones hídricas destinadas a los regantes de cultivos herbáceos y leñosos de la demarcación del Alto Guadiana. La Unión de Pequeños Agricultores arremetía en contra de la “doble vara” de medir del Gobierno de Mariano Rajoy, a quien acusaban de discriminar “siempre” a los regantes castellano-manchegos. De hecho, la asociación señalaba que los profesionales están “tocados de muerte” en la zona del Alto Guadiana, debido a las nuevas restricciones.
En este sentido, explicaban que cada agricultor con una decena de hectáreas de regadío sólo podría sembrar entre dos y tres hectáreas de productos como melones, sandías y pimientos, dejando el resto para secano. “ Un hecho muy grave para la economía de una zona que depende sobre todo de la agricultura y donde vive un tercio de la población de la región”, afirmaban. Además, aseguraban que “es posible que la única zona de nuestro país donde existe una limitación a las dotaciones de riego similares”. Mientras tanto, en el caso de Levante se “garantizan todos los recursos necesarios” y se hacen inversiones mientras a los castellano-manchegos se “les impone limitaciones y restricciones”.
Por otro lado, explican que en los programas de actuación aprobados para las masas de agua del Alto Guadiana “obligan a los regantes a instalar equipos de medida en un plazo de un año. Es decir, instalar contadores y que los paguen los propios agricultores”, señalaba el secretario general de Julián Morcillo. “La única zona de España y si me apuras del planeta donde se va a obligar. No estamos en contra del control, estamos a favor, pero este control lo queremos para todo el país”, lamentaba.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado que “no puede ser que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) aplique mayores restricciones a los regantes de nuestra región que a los de otros lugares”, debido que de este tipo de actividades “depende el futuro de muchas familias y el futuro del sector económico más importante de nuestra región”. Así reaccionaba tras la votación de la Junta de Gobierno de la Confederación en la que la Junta y los regantes de Castilla-La Mancha “están en clara minoría” y por eso las limitaciones han salido adelante.
La Confederación redujo las dotaciones de riego 4.278 metros cúbicos por hectárea a 2.200 metros cúbicos para herbáceos y de 2.000 metros cúbicos por hectárea a 1.500 para leñosos. Los recortes afectan, por primera vez, a los agricultores de cultivos hortícolas de la masa de agua de Altomira, la mayoría en pequeñas explotaciones y, lo más preocupante, que no aprobará ni una sola nueva concesión, ni para los nuevos jóvenes agricultores que se acaban de incorporar gracias a las ayudas de la Junta.
Desde el Gobierno regional han lamentado que se ponga en riesgo cultivos tan sociales como el melón, la sandía, el pimiento, la cebolla o el ajo morado de Las Pedroñeras, que crean “mucho empleo” en La Mancha occidental y que vienen manteniendo una de las zonas con más población de la comunidad autónoma, vinculada a la agricultura. “De cada 100 euros que generamos en Castilla-La Mancha todos los ciudadanos, 14 provienen del sector agrario y agroalimentario”, recalcaba Martínez Arroyo. “El agua tiene que ayudarnos a generar desarrollo aquí, al igual que en otros territorios”, destacaba el consejero.
Los municipios afectados por las restricciones de uso de aguas subterráneas en la masa de Altomira del Alto Guadiana pertenecen a las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Toledo, en La Mancha occidental. En la provincia de Cuenca, la más perjudicada por estas restricciones, son decenas los municipios afectados, mientras que en Ciudad Real son tres y cinco en Toledo.
