La UCLM en la encrucijada de definir estrategia, financiación y control interno
A mediados de este mes de enero, el consejero de Educación, Ángel Felpeto, mantendrá reuniones de trabajo con las dos universidades públicas con sede en la región, tanto la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) como la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para seguir hablando de estrategia y de financiación pública a medio y largo plazo.
El recién concluido 2017 fue complicado, en particular para la UCLM, en sus relaciones con la Junta castellano-manchega. La sorpresa saltó en noviembre cuando la institución académica consideró como insuficientes los 140 millones de euros consignados para 2018 en los Presupuestos regionales y de los que había venido hablando con la Junta, para pasar a pedir 160 millones de euros como subvención nominativa. Semanas atrás la UCLM ya había lanzado algunos mensajes hablando de “infrafinanciación”.
A partir de ahí, anunció una campaña en redes sociales y movilizaciones advirtiendo de que la “ infrafinanciación pública” le obligaría a reducir plantilla o eliminar becas, entre otras cosas. Los estudiantes se sumaron a la protesta, convocando marchas en todos los campus y ruedas de prensa, echando más leña al fuego de un conflicto que quedaba zanjado con la aprobación de los Presupuestos regionales para 2018 y a la espera de la firma de un contrato-programa entre ambas instituciones. Unos presupuestos que la UCLM se planteó recurrir, sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto.
La UCLM reducirá su plan de inversiones “condicionada” por la Junta
El Consejo de Gobierno de la UCLM académica aprobó antes de iniciar las vacaciones navideñas su presupuesto para 2018 que ronda los 220 millones de euros. Es una cifra inferior (en 226.826 euros) a la de 2017 que, según la propia institución académica reducirá su plan de inversiones hasta 2019 debido a unas cuentas “condicionadas” por la subvención nominativa que recibirá de la Junta, 140 millones de euros frente a los 160 millones que la UCLM reclama como “suficiente”.
La UCLM desplazará hasta 2019 actuaciones previstas para este año, tales como la Facultad de Medicina de Ciudad Real, la Escuela de Arquitectura, la rehabilitación de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén o las aulas abiertas de Talavera de la Reina.
La financiación a la universidad ha marcado las relaciones Junta-UCLM en los últimos meses. El Gobierno de Emiliano García-Page la vincula no solo al hecho de que la universidad presente un Plan Estratégico sino a un contrato-programa que ambas instituciones deben suscribir como marco para sus futuras relaciones económicas.
El rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, no ha dado detalles sobre el Plan Estratégico que la Junta lleva pidiendo desde hace meses -la Universidad de Alcalá de Henares sí ha dado cuentas del suyo- pero sí ha anunciado la creación de una Comisión de Estrategia cuyas funciones serán las de analizar la situación y el entorno de la universidad, evaluar los principales retos a los que se enfrenta, e identificar las buenas prácticas de otras universidades. Esta comisión se encargará también de diseñar el mapa de titulaciones de grado y máster para los próximos años, proponer la estrategia de la UCLM para el futuro y sentar las bases para la redacción de un marco de financiación en forma de contrato-programa, con un horizonte “a diez años”, según anunció en su día el presidente regional, Emiliano García-Page.
La UCLM empezaba en este curso académico a replantear algunos de sus grados. El caso más sonado fue la polémica decisión de eliminar el Grado de Geografía para unificar estos estudios con los de Historia provocando la protesta del Colegio de Geógrafos de España.
El ‘rifi-rafe’ por el control interno de la UCLM
Otro de los capítulos más sonados han sido las discrepancias sobre el control financiero de las universidades castellano-manchegas. Una fiscalización a la que se opuso radicalmente el rector de la UCLM alegando que la institución académica no es “una dirección general de la Junta”.
El rector de la UCLM llegó a proponer que la Junta recupere la Sindicatura de Cuentas con el fin de que la Institución académica sea fiscalizada por un organismo dependiente del poder legislativo para garantizar la autonomía de la universidad. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, respondía a la sugerencia del rector comentando que ese mecanismo sería un tipo de control externo como el que ya realiza el Tribunal de Cuentas y que lo que ahora se pretende es un control interno desde la propia Comunidad Autónoma para saber cómo y en qué se gasta la UCLM los recursos públicos que le llegan de la Junta.
El Gobierno regional viene insistiendo en que este mecanismo de control interno lo exige el Tribunal de Cuentas y, por tanto, la Junta está “obligada” a ponerlo en práctica. No es, además, algo novedoso porque ya se realiza en la mayoría de la universidades.
Será otra de las cuestiones a definir en las próximas semanas, una vez que los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2018 hayan incluido una declaración de intenciones sobre esa fiscalización de las cuentas. Al igual que también permanece como pendiente la aprobación definitiva de la Ley de Investigación de Castilla-La Mancha, otro de los ‘caballos de batalla’ de la universidad.
