UGT exige la dimisión de García-Tizón por intentar cerrar la Unidad pública de Alzheimer en Toledo
La lucha por mantener la Residencia Social Asistida San José en Toledo, la única que cuenta con una Unidad de Alzheimer en la provincia de Toledo, sigue en pie. La última concentración de los trabajadores y familiares de los pacientes tuvo que ser cancelada, debido a los días de luto por el accidente del vuelo de Germanwings, pero los afectados insisten en que la Diputación de Toledo debe devolver las condiciones oportunas al centro.
Dentro de estas reivindicaciones se vuelve a pedir la dimisión de Arturo García-Tizón, presidente de la Diputación de Toledo y del Partido Popular en la provincia, al considerar que es el responsable de intentar cerrar la Unidad de Alzheimer. La decisión del cierre del centro se paralizó cautelarmente el año pasado, gracias a unas medidas solicitadas por el grupo socialista en la institución, que suspendía la Orden de la Diputación de extinguir los servicios de la residencia.
De este modo, los delegados de la sección sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Diputación de Toledo han solicitado, junto a 150 firmas de empleados y familiares de los pacientes del centro, la dimisión de Arturo García-Tizón. La petición no sólo se debe al intento de cierre, sino también a que la Diputación ha mantenido cerradas las listas de ingresos de la Residencia, así como por la política de personal que han llevado a cabo, que han señalado como “cargada de despidos improcedentes y nulos”. Por otro lado, han acusado a la institución provincial de un desconocimiento en cuanto a política de personal y la dejación de la gerencia del centro, así como falta de información y transparencia de los temas que competen a los trabajadores.
La organización sindical señala también que se ha incumplido el Convenio Colectivo, y que se ha cargado de forma “abusiva” del complemento de productividad debido a un “carnet político clarísimo”. Además, han acusado a los trabajadores de la Diputación de Toledo de no ser capaces de asumir las responsabilidades políticas que les corresponde a raíz del “caos” que se ha vivido en el centro durante esta legislatura.
La Diputación de Toledo intentó cerrar a finales de octubre de 2012 el centro toledano, además de bloquear los posibles nuevos ingresos al centro, único en la provincia de Toledo. Este bloqueo ha provocado que más de la mitad de las plazas estén vacías, lo que también ha servido como excusa para justificar su cierre. Los trabajadores y familiares del centro han denunciado también un consiguiente deterioro de las infraestructuras, donde se atiende a personas con discapacidad psíquica y ancianos en avanzado deterioro físico y mental.
