Villarrobledo aprueba un plazo de 18 meses para el traslado de la alcoholera local
El Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) ha aprobado por unanimidad, con los votos a favor de PSOE, PP, Se Puede Villarrobledo, IU y el concejal no adscrito poner un plazo de 18 meses para que la empresa alcoholera ‘Viuda de Joaquín Ortega’ traslade sus instalaciones desde el barrio de San Antón, en pleno casco urbano, a la carretera de Barrax, donde posee también parte de sus dependencias.
Durante la sesión plenaria se debatieron las dos proposiciones presentadas tanto por el PSOE como por Se Puede Villarrobledo para fijar la moratoria en el traslado de la empresa. Ambas salieron aprobadas por unanimidad. Según el alcalde se decidió “compatibilizar” ambas propuestas en lo que a plazos se refiere. Tanto PSOE como Se Puede Villarrobledo se mostraron favorables a modificar sus propuestas iniciales -el PSOE apostaba por dar un plazo máximo de dos años frente a los 12 meses que pedía Se Puede Villarrobledo- para dejar una moratoria de 18 meses para el traslado.
También se aprobó un plazo máximo de seis meses para que la alcoholera presente un calendario para hacerlo efectivo y en caso de incumplimiento el Ayuntamiento se plantearía recurrir a los tribunales. Sin embargo, el alcalde ha desvelado a eldiarioclm.es que la alcoholera presentó ayer mismo, “a las tres menos cinco de la tarde, antes de cerrarse el Registro” la documentación que incluye el calendario para el traslado. Una documentación que, según Alberto González, aún no han estudiado en profundidad aunque el plazo “se va algo más allá de los 18 meses aprobados por la Corporación municipal horas después”.
Este calendario se unirá al dossier de 500 folios que la empresa presentó con la memoria financiera para proceder al traslado, con un coste que asciende a seis millones de euros. El alcalde cree que “la empresa tiene voluntad y que el traslado se realizará sí o sí” y por eso asegura “hay que ser inflexibles con el traslado pero flexibles y razonables con la empresa para facilitarles los trámites en la búsqueda del dinero necesario”.
Una vez que se traslade la alcoholera “que es lo que contamina”, dice el alcalde, la empresa dejará previsiblemente las instalaciones de la bodega donde están, en el barrio de San Antón. Alberto González cree que de cara a la resolución definitiva del problema no hay que ser “radicales” sino saber combinar los plazos de producción de la empresa “para que no se vea interrumpida por el traslado” y que no afecte a sus 44 empleados. Algunos estuvieron anoche presentes en el Pleno municipal.
Hay que recordar que Se Puede Villarrobledo inició hace unas semanas una campaña en redes sociales para denunciar los problemas derivados de la presencia de la factoría en plena ciudad. #LlueveCenizaEnVillarrobledo fue el mensaje utilizado por Podemos Villarrobledo para visibilizar la preocupación ciudadana ante un problema que se prolonga desde el año 2004. Los habitantes del municipio salieron a la calle el pasado domingo para expresar su protesta y tanto Ayuntamiento como empresa parecen haber recogido el guante.
IU tiene dudas sobre las intenciones del alcalde
Sin embargo, y pese a la unanimidad en el Consistorio, el Grupo Municipal IU ha expresado sus dudas sobre las intenciones del equipo de Gobierno socialista. La formación asegura que votó a favor de las dos propuestas “por responsabilidad” pero también dice no asumir el discurso del PSOE “y mucho menos después de la intervención del señor alcalde en la que todos los presentes tuvimos claro que esta moción tenía el mismo objetivo que la que su partido presentó ya en 2004, que no es otro que desmovilizar a los vecinos que están saliendo a la calle para pedir el cese de las emisiones”. Creen que también tratan de desmovilizar a todos los colectivos que apoyan la lucha de estos vecinos como los estudiantes, AMPAS o la Plataforma en Defensa de lo público entre otros muchos.
Por este motivo instan al alcalde a “dar un ultimátum público” a la empresa ya que los vecinos “no solo de ese barrio, de todo Villarrobledo, llevan demandando décadas” el fin de las emisiones. Además, creen que el Consitorio debe dar otro ultimátum a la Junta “para que de una vez por todas se pongan los medidores” que el propio Gobierno regional garantizó para marzo de 2016.
