Los arquitectos iniciales del hospital de Toledo llevan su recurso al Tribunal Superior

Tras ser rechazado el recurso presentado por el taller de arquitectura Sánchez-Horneros en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, concretamente en su Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el mismo día que se conocía que sólo una empresa, una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, OHL y una empresa satélite de ACS se ha ofertado al pliego de condiciones para gestionar el centro y acabar la obra, el mismo taller ha comunicado que elevará su queja al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para defender sus derechos, manteniendo su petición de 3 millones de euros por el incumplimiento, según entienden los arquitectos, del contrato con la Junta de Comunidades en la rescisión unilateral de contrato que realizó el gobierno de Cospedal al paralizar y suspender la obra cuando llegó al poder.

En dicha queja se pide de nuevo la suspensión cautelar del proceso que ha sido reiniciado.

“Lo consideramos un atropello por parte de la Administración regional y consideramos que tenemos que defender nuestros derechos” han declarado desde el gabinete arquitectónico, que no han descartado más acciones legales como las planeadas por derechos de autor de los planos del centro. El recurso aceptado previamente entró a trámite ya que todo recurso que sea correcto en forma jurídica y plazos es admitido y por tanto bloquea el proceso cautelarmente.

Los arquitectos también se han mostrado muy molestos con que el gobierno de Cospedal les culpe de querer paralizar el proyecto cuando fue la Junta una vez el PP llegó al poder la que unilateralmente paró toda obra y proceso y rescindió el contrato, y argumentan que ellos simplemente están defendiendo el interés como empresa, que no puede estar por encima del interés del gobierno de la Junta ni del de cualquier ciudadano.

De hecho en la paralización de la obra, de la UTE contratada para elaborar el proyecto inicial, una de las empresas era Acciona, empresa que está en la única UTE que ha presentado una oferta al nuevo proyecto de Cospedal. Lo que desde el taller de arquitectura se considera un conflicto de intereses ya que aseguran que Acciona ha ayudado al SESCAM a elaborar los pliegos técnicos de licitación del proyecto: no puede ser que una empresa elabore los pliegos técnicos para un concurso público y después lo gane, entendiendo que tienen por un lado información privilegiada de todas las condiciones y por otro un conflicto de intereses flagrante. El despacho de abogados que gestiona el caso está estudiando si presentar una denuncia por estos hechos.

La demanda de derechos de autor es paralela y distinta por parte de los creadores, el portugués Álvaro Siza, uno de los arquitectos más renombrados del mundo, y Antonio Sánchez-Horneros. Señalan además que existe jurisprudencia de otros casos en los que se obligó a la Administración a la demolición del edificio ya construido si desean construir otro proyecto que altere esos planos, y según ellos no se pueden usar las obras y planos actuales y modificarlos a gusto de la Junta para hacer el edificio como ellos quieran ya que esos planos fueron los ganadores del concurso público y están protegidos bajo derechos de autor.

Tras tres años de obras paradas, Sánchez-Horneros ha pedido a la Junta que no les culpen del bloqueo de las obras que es responsabilidad única de la administración regional.