El debate sobre la asistencia religiosa gratuita llega a las Cortes regionales
Desde que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el secretario regional de Podemos, José García Molina, escenificaron su acuerdo inicial para los Presupuestos regionales de 2016, parte del foco de atención se ha puesto sobre uno de los puntos que se incluyen en ese pacto: la eliminación de la atención religiosa gratuita en los centros públicos sanitarios, educativos y asistenciales. La fórmula será a través de una proposición no de ley conjunta que se debatirá en el pleno del próximo jueves, día 31, y que promete convertirse en polémica debido a la frontal oposición del PP.
La propuesta de PSOE y Podemos parte del hecho de que la libertad ideológica, religiosa y de culto es un derecho fundamental pero que, según la Constitución, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Explica que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 no establece diferencias entre confesiones y que son los poderes públicos quienes adoptan las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios o asistenciales, entre otros.
A ello se une el hecho de que en 1985 España alcanzara un acuerdo con la Iglesia Católica sobre asistencia religiosa en centros hospitalarios, en virtual del cual el Estado asumía la financiación de asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos, obligación transferida a las comunidades autónomas.
Una “discriminación” que “choca” con la Constitución
Tres décadas después de este acuerdo, PSOE y Podemos argumentan que en España se reconoce el arraigo de otras confesiones, y consideran que aunque se garantiza su acceso a los centros sanitarios, el acuerdo con la Santa Sede ha provocado una situación de “evidente discriminación” que choca con la Constitución. Se trata, añaden, de una “situación injusta” que además supone para los Presupuestos castellano-manchegos un gasto de más de 400.000 euros para garantizar esa asistencia religiosa, algo que discrimina no solo al resto de confesiones religiosas sino a todos aquellos que no profesan religión alguna.
Es por todo ello, por lo que la propuesta que se debatirá en el pleno del próximo jueves pide al Gobierno central suspender cualquier disposición derivada de acuerdos internacionales que trasladen a las comunidades autónomas la obligación de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión particular en el ámbito de áreas públicas como la sanidad, la educación o bienestar social.
En el PP no han dejado de arremeter contra la propuesta desde que se hizo pública. Consideran que se trata de una medida propia “de la más rancia ideología de la izquierda radical”, según ha apuntado el portavoz en las Cortes, Francisco Cañizares. Argumenta que como el PSOE y Podemos “han incumplido todos sus compromisos”, se dedican a “enredar con otros temas”. De hecho, ha criticado especialmente que esta iniciativa se ponga en marcha en Semana Sanga, lo que demuestra su “falta de sensibilidad con los sentimientos religiosos de muchos castellano-manchegos”.
El PP lo interpreta como un ataque a la “libertad religiosa”
Los ‘populares’ van más allá e interpretan la iniciativa como “un ataque a la libertad religiosa de los ciudadanos”, poniendo de manifiesto un “tremendo sectarismo político”. “Es miserable atacar algo tan personal e ir contra la libertad religiosa de los ciudadanos, algo con lo que sólo se consigue crear nuevos problemas y enfrentamientos para tapar la incompetencia de un gobierno”, concluye este partido.
Como es lógico, tampoco ha gustado esta propuesta en la Iglesia Católica. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, calificó la propuesta de “un sofisma muy grande” y “un brindis al sol”. A su juicio, hacer “toda una exposición de motivos sobre la libertad de todo ciudadano español a expresar sus ideas religiosas y vivirlas y que después se garantice que no haya discriminación, parece que los que hacemos discriminación somos la iglesia porque en muchos centros hospitalarios hay uno, dos o tres sacerdotes que se desviven y trabajan muchas horas para ayudar a las personas que piden ayuda espiritual”.
Por el contrario, la propuesta ha sido bien recibida en otros colectivos como Alternativa Laica, quienes no solo denuncian que la financiación pública de asistencia religiosa en servicios públicos va en contra de la separación constitucional Iglesia-Estado, sino que también han criticado desde hace tiempo el hecho de que haya símbolos religiosos católicos de todo tipo en escuelas, residencias y hospitales públicos.
