2016 se cierra sin solución para un silo nuclear paralizado por las dudas sobre su ubicación
El Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos de las centrales nucleares españolas debía estar terminado a principios de 2018 pero se cierra 2016 y aún no se ha puesto ni un solo ladrillo. Sigue sin haber solución a los residuos radiactivos tras un largo periodo que va desde el año 2004 –cuando el Congreso instó al Gobierno a construir el silo nuclear- pasando por 2011 -fecha en la que se eligió su lugar de ubicación en Villar de Cañas (Cuenca)- hasta este 2016 en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha bloqueado la posibilidad de que se construya ampliando la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito (Cuenca), que incluye los terrenos del ATC.
España se encuentra en tiempo de descuento porque en junio de 2017 tendrá que empezar a pagar una penalización de 70.000 euros diarios a la empresa francesa Areva que custodia los residuos de la antigua nuclear Vandellòs I. Unos residuos que debían ser trasladados al ATC. El resto de centrales nucleares españolas han comenzado a construir almacenes temporales individualizados (ATI’s) ante la incertidumbre.
El año 2016 arrancaba con la presentación de un escrito (el tercero ya) ante la Fiscalía Anticorrupción en el que la Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas aportaba nuevos documentos ampliando su denuncia de 18 de diciembre de 2015 contra el silo nuclear. Su objetivo: demostrar que Enresa habría gastado 16 millones de euros en “comprar voluntades realizando un enorme derroche de dinero público para congratularse con los vecinos y favorecer la posición política de Cospedal y Benjamín Prieto”.
Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos
Pero si hay algo que ha caracterizado este año han sido los informes que ponen en duda la idoneidad de la ubicación del ATC. En marzo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) accedía -obligado eso sí- a hacer públicos los documentos que apuntan esa dirección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de Transparencia Internacional España, lo hizo posible. Pero no todos se publicaron.
Transparencia Internacional no logró sacar a la luz pública el informe de adjudicación del emplazamiento, el presentado por los geólogos sobre las condiciones de los terrenos o el documento que da su aprobación al emplazamiento elegido. Tampoco se aceptó la petición de información acerca de la cuantía del proyecto, argumentando que el ámbito económico del proyecto no es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear.
Sí que se hicieron públicos, en cambio, los detalles del estudio que llevó a cabo la consultora URS sobre la calidad de los suelos en los que se ubicaría el ATC. Esta empresa señalaba que el emplazamiento previsto para el cementerio nuclear es “inadecuado”, por presentar condiciones que no podían asegurar la estabilidad de los edificios que se pretenden construir en el terreno. Sin embargo, algunos párrafos del informe aparecieron censurados, según denunció Transparencia Internacional. Más de 20 páginas en negro con información “tachada” parcialmente o borrada en su totalidad.
De forma más reciente, en noviembre, un nuevo estudio de la empresa Ingema -encargado por Ecologistas en Acción- reforzaba la tesis de que Villar de Cañas no es idóneo para el ATC. Un geólogo de esta empresa analizaba los informes internos del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) y del Servicio de Ingeniería (SIN) del propio CSN así como el emitido por la consultora URS para concluir que las condiciones geológicas del terreno no son las adecuadas.
Ecologistas en Acción ha pedido la dimisión del presidente del regulador atómico, Fernando Martí. “Lo más grave es que el Pleno del CSN conocía los riesgos de los terrenos en base a la información de sus propios técnicos y por tanto, dio el visto bueno (excepto una de sus consejeras) a sabiendas de que con su decisión, ponían en enorme riesgo a toda una comarca”, señalaron.
La organización ecologista recuerda que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aún no ha emitido la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA). En un ‘cara a cara’ organizado por eldiarioclm.es entre el portavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde y el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, este último explicaba que la Junta se planteó ampliar la zona ZEPA de la Laguna de El Hito (próxima a la instalación del cementerio nuclear) no solo “porque realmente hay elementos de singularidad vegetal y animal que nos indican que es interesante proteger ese espacio” sino porque está previsto que el ATC se construya “sobre un suelo de yeso que se hunde, con problemas que encarecen el proyecto y el propio CSN ha tenido que reconocer que ni siquiera tiene los estudios preceptivos para hacer la obra. Es una auténtica aberración”.
La tesis del PP es muy distinta. El pasado verano el presidente del PP en Cuenca, Benjamín Prieto recordaba que el proyecto del silo nuclear fue apoyado “en las urnas” en Cuenca, al ganar los populares las elecciones en esta provincia. Y defendía el silo nuclear como un proyecto “ilusionante” que “ya ha beneficiado” a la provincia. En agosto, el Gobierno central expropiaba varias fincas en el entorno de Villar de Cañas y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, diputado nacional por Cuenca, defiende que el proyecto creará “desarrollo y empleo”.
Trabas legales: la estrategia de García-Page
La estrategia del Gobierno de Emiliano García-Page durante este año ha sido poner todas las trabas legales y burocráticas posibles a la puesta en marcha del ATC. Desde anular el POM de Villar de Cañas, pasando por exigir la Evaluación de Impacto Ambiental al proyecto 'depósito de tierras y piedras limpias asociado a la obra del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y Centro Tecnológico Asociado', cuyo promotor es Enresa. Pero la gran ‘estrella’ de su acción ha sido la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito que finalmente ha sido aprobada a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy por evitarlo ante los tribunales.
Mientras, el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, del Partido Popular, no se ha quedado parado. El Ayuntamiento anunció un recurso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal de la localidad.
También ha interpuesto otro recurso contra la Junta de Comunidades tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves. “Traigo un proyecto de mil millones de euros a mi pueblo, la comarca y la provincia, que falta hace, y el presidente de Castilla-La Mancha, en vez de echarte una mano, te echa un pie al cuello”, lamentaba. Una postura que defiende la Plataforma de afectados por la ampliación de la ZEPA.
El PP hizo el 'penúltimo' intento en su apuesta por el ATC en un Pleno celebrado en las Cortes regionales el pasado 1 de diciembre. Presentó una resolución que pedía “aparcar” los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) para realizar “un estudio serio y concienzudo”. Fue defendida por el diputado Francisco Núñez quien admitía que los planes de gestión de zonas ZEPA hay que hacerlos pero solicitada “rigor” para hacerlos compatibles con la actividad agrícola y ganadera y de forma consensuada.
En este sentido lamentaba que ninguno de estos principios se cumple, ya que los planes de gestión se basan en estudios de 2003 y el Gobierno “juega con las ZEPA cuando les viene en gana”, como pasó con el aeropuerto de Ciudad Real o con la zona cercana al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Y lo calificaba de “expropiación encubierta”.
El Gobierno central tiene la opción de declarar la construcción con la categoría de ‘excepcional interés público’ para seguir adelante con el proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que el Ejecutivo central no podría tomar la decisión en solitario y se necesitaría la intervención de la Unión Europea.
Enresa y su oscilante política de adjudicaciones y contratos
A pesar de las trabas legales, las adjudicaciones no han cesado ni tampoco el intento de Enresa para contratar personal, 40 personas, a comienzos de año. Algo que finalmente paralizó. En noviembre anunciaba recortes de sueldo por exceso de contrataciones. “Quieren quitar un 5% de la paga de objetivos de 2015, dos meses de ayuda de comida y una parte de las ayudas de estudios”, explicaba una fuente interna, que cifra el recorte en un mínimo de 1.800 euros anuales por persona y relaciona esta decisión con “las continuas contrataciones” de los últimos meses, pese a que el principal proyecto de Enresa, el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, está congelado por las dudas sobre los terrenos elegidos debido al empeño de la entonces presidenta castellano-manchega y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Actualmente la plantilla de la empresa que gestiona los residuos nucleares es de unos 326 empleados, frente a los 305 que tenía al cierre de 2011, según sus cuentas de ese ejercicio.
Las “alternativas” del PSOE al ATC
En el intento de poner todas las trabas posibles al ATC, el PSOE también ayuda. Lo hacen alcaldes socialistas como el de Tarancón. José Manuel López Carrizo lanzó en mayo una propuesta para construir una planta solar fotovoltaica que produciría 200 megavatios. En definitiva, un proyecto de energías renovables que pretende demostrar que “hay alternativas” al ATC como inversión en la zona.
Una idea similar es que se quiere trasladar desde el PSOE con la puesta en marcha de la llamada Inversión Territorial Integrada (ITI) como instrumento de desarrollo en la provincia de Cuenca, con ayuda de fondos europeos. El ATC “no es compatible” con el desarrollo de Cuenca, aseguraba el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, en una entrevista con eldiarioclm.es, que en su opinión pasan por potenciar la actividad agraria, ganadera, aprovechar recursos forestales para la biomasa y la actividad turística.
El ATC puede impedir el desarrollo de empresas turísticas y agroalimentarias“, sostiene. ”Ojala tuviésemos el dinero, casi 1.000 millones, que cuesta el ATC para frenar la despoblación de Cuenca“, lamenta el delegado. Y el propio Gobierno castellano-manchego apuesta por potenciar las energías renovables en el llamado 'Pacto por la Recuperación' de Castilla-La Mancha con horizonte 2020 y en particular quiere regular el uso de la biomasa como fuente de energía.
En este 2016 también asistimos al debate sobre la conveniencia o no de ampliar la vida de las nucleares de los 40 a los 60 años, lo que generaría aún más residuos nucleares a los que habría que dar solución. No hay que olvidar que Castilla-La Mancha tiene en su territorio dos centrales nucleares. Ambas en la provincia de Guadalajara. La ‘José Cabrera’ en Almonacid de Zorita -en proceso de desmantelamiento- y la central nuclear de Trillo. En el caso de esta última, a su Almacén Temporal Individualizado aún le queda una vida de 22 años para seguir albergando residuos.
