El envenenamiento de diversas aves corre peligro de quedar prescrito
20 aves rapaces murieron en Nambroca (Toledo) en diciembre ya del año pasado, entre ellas 5 milanos reales que están en peligro de extinción; dos águilas imperiales ibéricas en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) en febrero de 2015. Fueron dos casos ejemplares del envenenamiento de aves protegidas que, sin embargo, están cerca de prescribir judicialmente y que quienes causaron su muerte queden impunes. Otro caso de envenenamiento masivo en Albacete está a punto también de quedar prescrito por el tiempo que se tarda en dar una salida a los expedientes.
Ecologistas en Acción denuncia la pasividad de la Consejería de Agricultura para emitir los informes necesarios para encausar a la persona o personas culpables de estos hechos, unos informes fundamentales para poder hacerlo. Meses después de los sucesos no solo no hay informes sino que las necropsias de determinados animales están también pendientes en algunos casos, cuando en muchos de estos casos el delito prescribe a los seis meses. El Laboratorio Agroalimentario y Ambiental (LARAGA) aún no ha emitido los informes de qué veneno fue el empleado en matar a estos animales y, según la asociación ecologista, los diferentes Servicios Periféricos de la consejería no han adoptado ninguna medida desde la muerte de los animales. Ni se han iniciado los expedientes, ni se han tomado medidas cautelares para proteger a la salud ni las personas ni hay propuesta ningún tipo de sanción.
La Consejería de Agricultura, a peticiones por escrito de esta organización, tampoco ha respondido a qué se debe el retraso a la hora de tomar medidas. El LARAGA es el laboratorio que debe hacer las investigaciones cuando un animal, especialmente los protegidos, son encontrados heridos o muertos, y desde la Consejería su creación se anunció como una herramienta para agilizar estos problemas. Sin embargo no está agilizando el sistema sino todo lo contrario, ya que sus resoluciones mantienen los procesos parados.
La falta de estos informes lleva camino de conseguir que en Castilla-La Mancha no pase nada por envenenar animales en peligro de extinción, ni siquiera el pago de una sanción. Por ello Ecologistas en Acción pide explicaciones al Director General de Agricultura y Ganadería, Tirso Yuste, que fue a su vez impulsor de la creación del LARAGA.
Las sanciones impuestas en Castilla-La Mancha han venido por el Ministerio de Agricultura, y no por la competencia autonómica. Sanciones como por ejemplo las de las construcciones ilegales en el parque de Cabañeros o los cerramientos en dicho parque, que han acabado con una multa (la menor estipulada) de 200.000 euros, han venido impuestas desde la autoridad central mientras que la autonómica solo ha abierto expedientes informativos y sancionadores leves por dichos casos. Eso en los que se ha hecho, ya que según señala Ecologistas en el cerramiento de la finca de Valleleor, dentro de ese parque, ni se ha incoado ningún expediente. Ello a pesar de que sus propietarios se enfrentaban a un delito incluso por la vía penal. Por ello piden explicaciones a Matilde Basarán, Directora General de Calidad e Impacto Ambiental, cuyo departamento no está realizando las valoraciones ambientales pertinentes de construcciones en parques naturales que agreden el estado del mismo.
