La evaluación ambiental será obligatoria en cotos de caza de zonas naturales “sensibles”

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha remitido a las Cortes regionales la reforma de la Ley regional de Caza que modifica ampliamente la polémica normativa que aprobó el Ejecutivo anterior de María Dolores de Cospedal y que es la que actualmente está en vigor. Entre sus novedades se encuentra la obligatoriedad de que se realice una evaluación ambiental en zonas de caza intensiva que se encuentran en áreas naturales “sensibles”. Además, se recupera la prioridad del uso de caminos y montes para actividades como la micología frente a las acciones cinegéticas. También se ha modificado el precepto que permite disparar a animales “asilvestrados” como perros y gatos. Se ha incorporado que estos últimos no tendrán consideración de piezas de caza pero podrán ser capturados, priorizando la “captura en vivo y con métodos no lesivos”.

Los principales cambios los ha detallado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha reclamado primero los tres grupos parlamentarios del Parlamento castellano-manchego el apoyo para que la Ley se apruebe con el máximo consenso posible porque “beneficia a todos”, tanto a los cazadores como a los interlocutores económicos y sociales y “particularmente” a las asociaciones ecologistas y a la plataforma que se constituyó con la Ley de Caza de Cospedal. A todos ellos ha agradecido su participación en la redacción del texto, en torno al cual se han mantenido casi un centenar de reuniones.

“Es una ley vanguardista y moderna que permite compatibilizar la actividad cinegética y la conservación del medio ambiente, que es el objetivo que se trazó al inicio de legislatura”, ha subrayado. De hecho, ha reconocido que no ha obtenido el cien por cien de respaldo de ninguno de los colectivos mencionados pero que ha contado con una “interlocución inigualable”. “No hemos pensado en intereses particulares ni de los cazadores ni de los ecologistas, sino en los de los ciudadanos”. Dicho esto, ha destacado la importancia de la caza, que factura alrededor de 600 millones de euros, y genera unas 110.000 licencias en cerca de 6.000 cotos.

La “caza social y sostenible, vinculada al territorio y frente a la caza intensiva” es el eje sobre el que se vertebra la nueva ley, según ha repetido el consejero en varias ocasiones. Para ello, cuenta con una serie de novedades como la recuperación de las áreas colectivas para sociedades de caza en los pueblos, de forma que se puedan implantar sin necesidad de desarrollo reglamentario, y eliminando trabas burocráticas.

Asimismo, se contemplan exenciones de licencias de caza y pesca para jubilados mayores de 65 años residentes en la comunidad autónoma, se reducen en un 15% las tasas de cotos sociales que estén federados, y se impone la obligatoriedad de evaluación ambiental en aquellas zonas de cotos de caza “sensibles” por si pudiera tener efectos negativos. También se recupera la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos en el medio natural.

Otras novedades son la eliminación de prácticas no sostenibles como el lanceo del jabalí. En relación a ello, Martínez Arroyo ha recordado la relación que con esta nueva normativa tiene la futura Ley de Bienestar Animal que por su parte prohibirá el tiro al pichón, lo que “nos sitúa en un pensamiento mucho más moderno”. Y por último, también se prioriza el uso de los senderos y caminos para particulares frente a la caza, para fomentar un “uso sostenible” de los montes. Según ha recalcado, sobre este punto, ha habido consenso absoluto por parte de todos los interlocutores.

Finalmente también se ha modificado una de las medidas más polémicas de la normativa actual: la que permite disparar a animales “asilvestrados” o abandonados en el campo (como perros y gatos) que se adentren en cotos de caza. En el último borrador del proyecto de ley se establece que estos últimos “no tendrán  la consideración de piezas  de caza” pero “podrán ser capturados por razones  sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico, previa autorización del órgano provincial, donde se especificarán los medios de captura a utilizar, que en cualquier  caso, serán selectivos priorizando la captura en vivo y métodos no lesivos”.

Sobre este punto se ha congratulado la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha quien ha agradecido los cambios “fundamentales” de la norma. Ha dicho reconocer el “esfuerzo” realizado por el actual Gobierno para atender las demandas de un “cambio sustancial” en la normativa cinegética y, en particular, el realizado por Martínez Arroyo, “quien tiene que soportar a diario la desquiciada sobreactuación del lobby cinegético con sus indefendibles argumentos”.

Un ejercicio de “higiene democrática”

“Cambiar la ley de caza de la era Cospedal es una necesidad para Castilla-La Mancha. Es un ejercicio de higiene democrática llamado a restituir buena parte de los derechos de los no cazadores y de los principios de protección animal y conservación de la naturaleza que la actual ley conculca”, han defendido.

No obstante, han advertido de que todavía se queda “corto” el proyecto de reforma en cuestiones como la edad para cazar, la limitación de determinados métodos de caza como la nocturna o el empleo de alimentación suplementaria que generan sobrepoblaciones de ungulados, la eliminación de vallados ilegales o la supresión de los cuarteles de caza comercial.

Finalmente, el consejero ha querido hacer especial mención al colectivo de agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, cuya labor en el cumplimiento de esta norma será “muy importante”. La nueva Ley de Caza entrará en el Parlamento regional antes de final de año bajo la previsión de que se tramite durante el primer trimestre de 2018 pueda estar aprobada en la próxima primavera.