La exministra Narbona duda de las garantías de seguridad del silo nuclear
Falta numerosa información, no hay suficientes criterios técnicos y los plazos para la tramitación se han acelerado sin existir motivos para ello. Son los tres argumentos básicos sobre los que se sustentan las causas por las que la exministra de Medio Ambiente y consejera a propuesta del PSOE del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona, emitió el único voto en contra del emplazamiento del cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca). Muchos de estos razonamientos coinciden con la frontal oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha y de decenas de colectivos sociales y ecologistas, y aunque Narbona no habla de criterios “políticos”, sí pone en duda numerosos aspectos del proceso, con duras críticas dirigidas a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
Narbona expone en primer lugar que un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado es una instalación “absolutamente necesaria” para España dado el volumen de residuos radiactivos acumulados en el “envejecido” parque nuclear español. Este argumento le lleva a añadir que precisamente por ello las condiciones para su emplazamiento, construcción y explotación deben ser óptimas. Comienza así a relatar un bloque de críticas, encabezadas por el hecho de que muchos de los informes técnicos de evaluación del organismo regulador atómico alertan “con claridad” sobre la “mala calidad” de los terrenos de la parcela escogida en Villar de Cañas.
“Se trata de terrenos inadecuados tanto desde el punto de vista de la seguridad como del previsible incremento del coste que implicaría” su construcción, alega. En este punto incorpora un extracto de los informes realizados por el Área de Ciencias de la Tierra (CITI) que “confirma las características desfavorables de la cimentación”, al igual que los tres informes independientes encargados a la consultora URS, que certifican “numerosos y graves problemas” en los terrenos.
Pasa después Narbona a arremeter contra Enresa por varios motivos. En primer lugar afirma que “no ha sido capaz” de aportar en la actualidad la información solicitada por el CSN “con la calidad y los plazos requeridos”. Faltan así los estudios sobre actividades complementarias para verificar las bases de diseño, las medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo, y un análisis de detalle de las medidas protectoras.
Dice, por tanto, que cabe la “duda razonable” de si la envergadura de las condiciones propuestas por la empresa de residuos se ajusta las necesidades en materia de seguridad del proyecto. “Nadie puede garantizar que se haya comprobado con el rigor necesario (ni con la transparencia exigible) la adecuada proporcionalidad real entre las necesidades a resolver del ATC y los recursos económicos, humanos y tecnológicos que habrá que aplicar para garantizar su seguridad operativa y funcional”, resalta.
Enresa se basa en un Plan de Residuos Radiactivos no ajustado a la directiva europea
Hay más motivos que justifican el voto en contra de la ex ministra. Según explica, Enresa ha elaborado su proyecto del ATC basado en el VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado en 2006, que no contempla las nuevas disposiciones posteriores de la directiva europea sobre esta materia, y cuyas previsiones “han quedado superadas por la realidad”.
Además, afirma no entender ni aprobar “la rapidez” con la que se está tramitando este expediente, “ya que no hay ningún plazo ni técnico ni legal en el horizonte que obligue al CSN a tomar decisiones con celeridad, máxime conociendo los numerosos informes técnicos que ponen de manifiesto la insuficiente información aún disponible sobre el emplazamiento de Villar de Cañas”. Y es que la situación es tan “rocambolesca” que Enresa ha licitado nuevos sondeos para completar la caracterización “geotécnica” y el análisis “hidrogeológico” de la parcela, lo cual no estaba previsto hasta septiembre de 2015.
Antes de realizar una serie de recomendaciones, la exministra concluye señalando que no considera adecuado que, sin haber “disipado las incertidumbres actuales” y sin contar con “todas las garantías investigadoras y científicas necesarias”, el pleno del CSN apruebe el informe favorable al emplazamiento. Insiste en la necesidad de hacer compatible la necesidad de un ATC con el “respeto a las máximas condiciones de seguridad”, especialmente “tras las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima, donde la actuación del organismo regulador se reveló clave”.
