La futura Ley Antifracking: gasto cero para Castilla-La Mancha
Es una de las leyes de inminente aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha, y una de las medidas medioambientales sobre las que más ha incidido el Ejecutivo regional. El nuevo proyecto de Ley de Fractura Hidráulica o ‘Antifracking’ de la comunidad autónoma incorpora una serie de requisitos imprescindibles para la elaboración de esta práctica que prácticamente imposibilitarán que los permisos sean concedidos, incluso con carácter retroactivo. Se trata de una vuelta de tuerca que la Junta ha buscado para prohibir implícitamente el ‘fracking’ y que el al mismo tiempo el Tribunal Constitucional no tumbe la normativa como ha sucedido en otras comunidades. Además, el coste de su aplicación será cero.
Así lo refleja el informe justificativo de no incidencia económica elaborado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre la nueva norma. En el mismo se explica que al existir varios titulares de permisos de investigación de hidrocarburos con derechos otorgados en esta comunidad autónoma, debe valorarse su posible daño económico a la entrada en vigor de la ley como consecuencia de una posible reclamación de responsabilidad patrimonial.
En febrero se realizó una consulta tanto al Ministerio de Industria, que no recibió respuesta, como a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Esta última puso de manifiesto la vigencia de los premisos de investigación de Esteros y Almorada, otorgados a favor de Oil and Gas Capital, S.L., con avales en concepto de garantía por un importe total de 15,3 millones de euros. Estipulaba así que los costes indemnizables serían los gastos de investigación realizados hasta la fecha.
Pero en este caso, Medio Ambiente advierte de que puesto que no se encuentran autorizados aún los sondeos susceptibles de utilizar la técnica de fracking, pues están condicionados a la previa evaluación de impacto ambiental, “no existirían derechos adquiridos de los que derivasen responsabilidades patrimoniales” por parte del Gobierno regional.
En cuanto al resto de proyectos, ante la falta de respuesta del Ministerio, la Consejería realiza su informe en base a los permisos de investigación en tierras castellano-manchegas que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. En primer lugar, aparecen los proyectos ‘Aries 1’ y ‘Aries 2’, de las provincias de Albacete y Murcia, otorgados en 2008 por seis años y cuya vigencia ya ha finalizado.
Seguidamente, se encuentra el proyecto de investigación de hidrocarburos ‘Cronos’ en las provincias de Soria y Guadalajara, otorgado en abril de 2013, a Frontera Energy Corporation, con una inversión prevista de 30,3 millones de euros en seis años. Por último, aparece el permiso de investigación ‘Leo’, de las provincias de Albacete y Murcia, concedido también en abril de 2013 a la Sociedad Oil And Gas Capital, por seis años y con un importe de 16,8 millones de euros.
El informe establece que en los reales decretos citados de otorgamiento de estos permisos de investigación se establece que los trabajos específicos requieren previa autorización y en su caso, previa evaluación de impacto ambiental. Por ello, argumenta que los trabajos específicos para ejecución de sondeos que pueden utilizar la fractura hidráulica requerían autorización previa por lo que tampoco en estos casos se derivarían responsabilidades patrimoniales por parte de la Junta.
Permisos “ya concedidos o en tramitación”
Todo ello en virtud de la Disposición Transitoria Segunda del proyecto de Ley, que establece que las previsiones contempladas en la norma (es decir, los requisitos que buscan impedir el ‘fracking’) se aplicarán a los trabajos específicos de los permisos “ya concedidos o en tramitación” para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en Castilla-La Mancha.
El proyecto de Ley ‘Antifrackint’ comenzará a tramitarse en noviembre en las Cortes de Castilla-La Mancha y tras su entrada en vigor, el Gobierno regional confía que no pueda realizarse esta práctica en todo el territorio de la comunidad autónoma. Para ello, confía en contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios durante la tramitación
“Es una práctica arriesgada en todos los casos supone más riesgo que beneficio, por lo que esta ley es un ejercicio de prudencia. No hay elementos de juicio científicos suficientes que establezcan que existen riesgos en esta práctica. Además, trabajaremos para que la fractura hidráulica se prohíba en toda España”, ha afirmado esta semana el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo.
