Ley de Investigación de Castilla-La Mancha: ¿un paso hacia el cambio de modelo productivo?

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha publicado el borrador del anteproyecto de la Ley  de Fomento y  Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha. Es la primera de estas características que tendrá la región y supone el desarrollo de la normativa nacional que data de 2011 (Ley  14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación). Hay que recordar que las  competencias en materia de investigación científica y técnica e innovación están recogidas en el Estatuto de Autonomía.

La ley castellano-manchega viene a responder a una de las reivindicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (que concentra el 98% de la actividad investigadora regional) y de otros agentes y tendrá tres ejes de actuación. Por un lado, deberá implantar el sistema de planificación, seguimiento y evaluación conjunto para definir prioridades y programar la utilización “de forma estable, periódica y previsible”, de los recursos disponibles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la I+D+i.

También supondrá crear una nueva estructura institucional de la Junta en esta materia así como establecer medidas para  promocionar e incentivar la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

La ley hace una especial mención al “importante papel que desempeña la Universidad de Castilla-La Mancha en el ecosistema investigador e innovador regional” pero también apunta la necesidad de  impulsar la I+D+i en el sector empresarial.

Definir la carrera científica y propiciar un cambio en el modelo productivo

En la justificación de esta ley, el Gobierno regional cita “la necesidad de definición de una carrera científica predecible, basada en méritos y socialmente reconocida” y también un “cambio en el modelo productivo, agotados los históricos, hacia una economía basada en el conocimiento”. 

Hasta ahora, ese conocimiento  científico, el desarrollo tecnológico y los procesos innovadores habían sido propiciados por los  sucesivos Planes Regionales de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Ahora se han convertido en “objetivos imprescindibles” para la sociedad castellano-manchega y para el sector productivo regional. De hecho la norma apunta que deben “incorporarse definitivamente como actividades sistemáticas en todas las empresas, con   independencia de sector y tamaño”.

Una Agencia de Investigación en Castilla-La Mancha

La normativa definirá  el llamado “sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha” formado por el conjunto de entidades y estructuras tanto de la Junta como por fundaciones, entidades o estructuras públicas o privadas que contribuyan a  la investigación científica y tecnológica así como a la transferencia de conocimiento a la sociedad y a la aplicación de los resultados.

Por parte de la Junta habrá una Consejería  competente en materia de I+D+i (ahora sería la de Educación, Cultura y Deportes) a la que se sumarán la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha (AIDICM).

En este último caso, se trata de un organismo autónomo que tendrá su propia consignación en los Presupuestos de Castilla-La Mancha. Uno de sus cometidos será la captación de inversiones extra regionales y, de forma especial, las dirigidas a la localización de empresas con alto potencial en I+D+i en Castilla-La Mancha. Además, una de sus características es que podrá crear o participar sociedades mercantiles relacionadas con actividades de investigación y desarrollo tecnológico o la prestación de servicios técnicos.

Además, habrá un registro público con los distintos agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha. Entre ellos, las universidades, el SESCAM, el  Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, los centros públicos y privados de I+D+i, el  Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha o agrupaciones o asociaciones empresariales y empresas que desarrollan actividades de I+D+i.

¿Cómo se aplicará en la práctica esta ley?

Las llamadas Estrategias de Especialización Inteligentes serán el marco de actuación para la ley y  se concretarán en un Plan  Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación que incluye “infraestructuras estables de investigación”. Y es que la ley contempla que este plan tenga una duración mínima de tres años y máxima de cinco hasta que se diseñe el siguiente.

El Plan Regional de Investigación incluirá “previsiones acerca de sus medios de financiación y los importes globales a destinar al mismo”, procedentes tanto de la Junta como del Estado o de la Unión Europea o incluso de aportaciones de otras entidades públicas o privadas. Una financiación que se irá incrementando “progresivamente”, incluyendo lo destinado a las universidades regionales. El objetivo es acercarse a los porcentajes de financiación en España (la media se sitúa en el  1,3% del PIB, frente al actual 0.5% del PIB que se destina a investigación en Castilla-La Mancha).

Los recursos humanos del sistema I+D+I de Castilla-La Mancha y un plan de retorno del talento

¿Qué ocurre con los investigadores? La Junta quiere que su actuación se rija por la Carta Europea del Investigador. Los recursos humanos vinculados al sistema I+D+I de Castilla-La Mancha serán tanto los investigadores como los tecnólogos y los gestores.

Está prevista en la norma  la convocatorias periódicas para contratar y formar (con carácter plurianual) al personal investigador o a consolidar  grupos de investigación existentes y fomentar la aparición de otros nuevos. La ley alude a la puesta en marcha de un Plan Integral de Retorno del Talento Investigador y Tecnológico  con medidas como los “módulos de sensibilización entre la juventud sobre la relevancia de las carreras investigadoras” y otras para “la atracción de investigadores al sistema regional”. De hecho, en este último aspecto, la idea pasa también por incentivar  la proyección nacional e internacional de las actividades de I+D+i regionales.

Además, se premiará a los organismos, instituciones o empresas innovadoras que inviertan en actividades de I+D+i y que acerquen sus progresos a la sociedad y se apostará por la investigación cooperativa y la creación de clústeres. La norma también hace referencia al sistema de protección jurídico de los resultados de la actividad investigadora relacionados con la propiedad industrial e intelectual.

Como viene haciendo el Gobierno de Emiliano García-Page en la vigente legislatura se incorpora también a esta ley  “la promoción de la igualdad de género en la investigación”, un tema que se considera “transversal” en la acción de Gobierno, también en el aspecto legislativo. Además, en la ley se recoge el impulso a la participación de las entidades del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha en la cooperación al desarrollo.