El ‘hachazo’ a las renovables afectará a unas cinco mil familias castellano-manchegas
La cuestión de las energías renovables y del continuo freno que desde el Gobierno se ha realizado a su expansión es un tema complejo y de largo recorrido en todo el país. Pero en el caso de Castilla-La Mancha es especialmente paradójico. Por un lado, se trata de la comunidad autónoma con más potencia eléctrica generada por energía solar fotovoltaica, según constata el último informe de Greenpeace sobre incidencia social en medio ambiente. Pero al mismo tiempo, esta situación ha hecho que muchas familias confíen en la implantación de nuevas fuentes de energía o en la inversión en las mismas, animadas desde las administraciones. Es una situación que puede salirles cara a la luz del cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables aprobado en junio del año pasado por el Consejo de Ministros, y también por el borrador del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se conoció el pasado viernes, y que creará un nuevo gravamen para el uso de baterías o sistemas de almacenamiento por parte de los autoconsumidores de electricidad.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Castilla-La Mancha es uno de los numerosos colectivos que además de promover la petición a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la Orden de 2014 junto a organizaciones y partidos políticos, están realizando alegaciones al último borrador de Industria. Son conscientes de que se trata de una situación “enmarañada y perversa desde sus orígenes”, y precisamente por ello quieren que se conozca su importancia en la región.
“En Castilla-La Mancha se están dando situaciones dramáticas de gente que invirtió en instalaciones fotovoltaicas (placas solares) o energía eólica”, explica Paco Gómez de la Cruz, quien detalla que no se trata tan solo del sustento de muchos de ellos sino también de inversiones hechas por jubilados o pequeños empresarios, especialmente en zonas como la comarca de La Sagra en Toledo y en otras partes de la provincia. Muchos avalaron esas inversiones con su patrimonio y su vivienda, y desde la Plataforma estiman que podrían verse afectadas hasta 5.000 familias.
Es un dato “más que alarmante”. El borrador del decreto aprobado por el Consejo de Ministros para el autoconsumo impone un peaje a la energía que una persona produzca en el tejado de su casa con sus propios medios y que vaya a consumir en su propia casa. Es decir, tendrá que abonar un gravamen por una energía en la que ha invertido y que solamente utiliza como combustible la energía del sol. “Es un impuesto al sol absurdo donde los haya; es como si plantas tus tomates y cada vez que coges uno para hacerte una ensalada, tuvieras que bajar al tendero de la esquina y pagarle 50 céntimos por cada uno que te tomas”, apunta el portavoz de la Plataforma. Una tabla incluida por el Ministerio de Industria en la parte final del borrador resulta muy gráfica para comprender este “disparate”, ya que hasta en el propio enunciado se habla de “impuesto por autoconsumo”.
Es solo la punta del iceberg de todo un conjunto de medidas contra el autoconsumo a las que decenas de colectivos defensores de las renovables están realizando alegaciones porque “no cumplen ningún precepto constitucional ni legal, ni se enmarcan en ninguna directriz europea sobre eficiencia energética y desarrollo sostenible”.
En el caso concreto de Castilla-La Mancha, que ha sido pionera en este tipo de iniciativas, el autoconsumo se verá “muy afectado”. “Llevan ya tres años amenazando con este decreto. Las grandes empresas eléctricas han convencido a los políticos de que esos son los costes que tiene que haber, cuando ni siquiera hay una auditoría que diga a la ciudadanía cuáles son los precios reales del sistema eléctrico. Y los políticos han convencido a su vez a la población de que el estatus de la energía es ese y no puede ser otro”.
Al hablar del tratamiento de residuos que recoge la Orden que el Gobierno aprobó en 2014 para su tratamiento y que ahora se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, los problemas son similares. Un ejemplo claro en la región fue el cierre de las plantas de tratamiento de purines de Polán y de Consuegra, donde se generaba biogás para producir energía eléctrica, eliminando los efectos tóxicos de los residuos para el medio ambiente.
El cierre acabó con 50 puestos de trabajo y provocó que se volvieran a generar residuos tóxicos
Se perdieron 50 puestos de trabajo directos tres días después de aprobarse la Orden, y las dos empresas, punteras en tecnología y en economía social, entraron en concurso de acreedores. Además, diversos colectivos apuntaron que el cierre afectó de manera indirecta a unos 400 empleos en el sector ganadero y que debido a ello comenzaron generarse de nuevo residuos tóxicos (entre 30 y 50 toneladas de purines al día) con el visto bueno del Gobierno, que no contempló sanciones medioambientales.
“Y ahora, la gestión de residuos se hace al estilo de la más pura camorra napolitana, con prácticas pseudomafiosas, que han dejado sin efecto a empresas solo porque suponían una pequeña competencia de las centrales de ciclo combinado de gas natural, por las que han apostado a futuro las grandes corporaciones”, aseguran desde la Plataforma.
Tampoco es solo una cuestión del Gobierno central. Señalan que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos tienen un “amplio margen de maniobra” para paliar estas situaciones y combatir la legislación nacional, a través de la licitación de instalaciones o de ordenanzas y reglamentos que favorezcan ese tipo de economía social, “que no está basada en productos financieros ni en la especulación, sino en la economía real, y que también podrían crear numerosos empleos”.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción contra el irregular recorte a las renovables ha sido impulsada por la Fundación Renovables y la Plataforma por un nuevo Modelo Energético, junto con organizaciones de todo tipo como Ecologistas en Acción y partidos políticos como PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU, UPyD, CHA, Equo, Compromís, ICV y Ahora Madrid.
