El incendio de Chiloeches: entre una veintena de imputados y una polémica gestión de residuos
En la madrugada del pasado 26 de agosto comenzaba a arder una planta dedicada a la gestión de residuos peligrosos en la localidad de Chiloeches (Guadalajara). En la misma se acumulaban pinturas, disolventes y aceites, entre otros productos químicos, lo que hizo que se activara el Plan de Emergencias de Castilla-La Mancha y con ello todos los medios de extinción de la provincia. No había trabajadores en la planta, pero el fuego provocó enseguida una nube tóxica que llevó al desalojo de otras empresas cercanas y a las pocas horas el peligro se hallaba en las inmediaciones de los arroyos que confluyen en el río Henares, ante el posible vertido de residuos.
Fue la segunda crisis medioambiental a la que el Gobierno de Emiliano García-Page tuvo que hacer frente en menos de tres meses y tras el controvertido incendio del cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo). Desde entonces, al igual que ocurrió en el anterior siniestro, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido la rápida actuación de la Junta tanto en las labores de emergencia como en la construcción de diques para evitar los vertidos. El Gobierno regional pidió una estación medidora de calidad del aire para su control, que según los resultados, nunca dio resultados perjudiciales para la salud.
Otra versión han venido ofreciendo desde Ecologistas en Acción, que han denunciado el “lamentable” estado de la 'zona cero' del incendio. El colectivo señala que, tras las recientes lluvias se han acumulado balsas de agua contaminada que finalmente podrían ocasionar la rotura del muro donde se almacenan “varias montañas” de residuos tóxicos. Ante esto, piden un plan para finalizar los trabajos y descontaminar los suelos Por otro lado, Ecologistas asegura que todavía no se han tratado en “su totalidad” los residuos tóxicos en Chiloeches, y que la no descontaminación de los suelos en los exteriores de la planta, desde las laderas hasta el arroyo del Vadillo y el río Henares, suponen un “grave” riesgo de contaminación de suelos y aguas superficiales. Por eso, instan a la Junta a retirar los residuos de la planta siniestrada y que descontamine los suelos afectados.
Esta organización ha trasladado una propuesta al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha que conlleve una modificación de la legislación vigente para evitar este tipo de desastres ambientales. Los abogados están tramitando también la personación del colectivo en la causa abierta sobre el incendio de Chiloeches, en los Juzgados de Guadalajara para permitir una defensa de los “intereses generales, la salud pública y la defensa del medio ambiente”.
Lo cierto es que el Gobierno de Castilla-La Mancha había decretado un mes antes del incendio la suspensión temporal de la autorización para gestionar residuos de la empresa encargada de esa planta, KUK Medioambiental, por no cumplir con la normativa. La decisión se tomó se tomó a raíz de sendas inspecciones realizadas tanto por el servicio regional de Medio Ambiente competente como por unidades del Seprona de la Guardia Civil. Sin embargo, la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, que él achacó a motivos personales, levantó las sospechas sobre posibles responsabilidades políticas.
Diligencias y auto judicial: 19 imputados
Así lo confirmó el auto emitido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara, en el marco de las diligencias previas para investigar el incendio, citando a declarar como imputadas a un total de 19 personas. Entre las mismas se encuentran el mencionado exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, varios cargos y excargos de la Junta de Castilla-La Mancha de las legislaturas de Emiliano García-Page, María Dolores de Cospedal y José María Barreda, o el exalcalde de la localidad, César Urrea (PP). También aparecen como investigados los gerentes, administradores y encargados tanto de KUK Medioambiental, gestora de la planta; como del Grupo LAYNA que la arrendó; o de SALMEDINA, que recibía residuos inertes.
En el auto aparecen como primeros imputados el administrador único de la empresa KUK Medioambiental, propietaria de la planta incendiada, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. Por los mismos delitos se cita como investigados a los responsables del Grupo LAYNA, que arrendaron casi la totalidad de las instalaciones que la mercantil KUK poseía en la localidad guadalajareña; y a otra persona que ejercía labores de comercial, “teniendo pleno conocimiento presuntamente de las mezclas de residuos peligrosos y no peligrosos que se estaban realizando y el posterior traslado de las mismas a vertederos de residuos inertes”.
Asimismo, el juzgado imputa los tres mencionados delitos al antiguo administrador de KUK, siendo además quien formalizó el contrato de arrendamiento con Grupo LAYNA; al gerente de la empresa SALMEDINA Tratamiento de Residuos Inertes; y al administrador único de Gaber Ambiental y Reciorganics, como presunto encargado de “conseguir los residuos peligrosos” que llegaban a KUK Medioambiental.
Los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (o prevaricación mediombiental) se atribuyen también en el auto al exalcalde de Chiloeches, César Urrea, por no haber ejercido presuntamente su función de inspección y sanción contra la empresa Investigación y Tratamiento del Reciclaje y posteriormente contra KUK Medioambiental, que tenían sus instalaciones en esa localidad.
A continuación aparecen imputados hasta siete cargos y ex altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha de las tres últimas legislaturas. A todos ellos los cita en calidad de investigados por presunto delito contra los recursos naturales. Entre ellos se encuentra el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, quien, apunta el auto, habría otorgado presuntamente a KUK mediante una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER (de residuos no peligrosos) a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción.
Otros cargos imputados por el mismo delito son el ex director general de Evaluación Ambiental entre septiembre de 2009 y julio de 2011, el Jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial, la ex directora general de Calidad e Impacto Ambiental entre julio de 2011 a julio de 2015; la Jefa del Servicio de Calidad Ambiental; el Jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial hasta el año 2011; y el que fuera director general de Evaluación Ambiental en 2008. Finalmente, aparecen como personas jurídicas imputadas las empresas KUK Medioambiental S.A., Grupo LAYNA, y SALMEDINA S.L, Tratamiento de Residuos Inertes, por presuntos delitos contra el medio ambiente.
En total el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara llama a declarar en calidad de investigados a 19 personas físicas y 3 personas jurídicas. Dichas declaraciones está previsto se produzcan en sede judicial los días 20 de diciembre de 2016, 17 y 24 de enero de 2017, y 21 de febrero de 2017. En el procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE). En el auto se acuerda además la toma de declaración de 22 testigos.
Mientras, el Gobierno regional está revisando el Plan Regional de Gestión de Residuos Industriales (2014-2020). Una revisión de la que ya se conocen algunos detalles. El más importante es que la Junta exigirá una garantía financiera a las empresas que quieran instalar vertederos en la región. Esta cantidad variará en función del residuo y su peligrosidad, “para evitar que los ciudadanos tengan que hacer frente a las contaminaciones”.
Encima de la mesa, ha añadido el consejero, está también la revisión de la política impositiva en materia de medio ambiente enfocada a la premisa que alega que “quien contamina, paga”. Esta garantía no será aplicable a los vertederos ya existentes, que “no pueden ser gravados” porque no se daría el efecto retroactivo. No obstante, ha subrayado que sí se les puede exigir “medioambientalmente más”. En definitiva, habrá una “auténtica revolución en materia de residuos para que Castilla-La Mancha sea un ejemplo”.
