La justicia anula la venta de 'Aguas de Alcázar'
La venta de 'Aguas de Alcázar', o concretamente el 52% de la misma, queda anulada. La justicia decreta que Alcázar de San Juan debe seguir teniendo su agua pública después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 haya admitido un recurso de Rosa Melchor, candidata a la Alcaldía de Alcázar, por la que todo el proceso de la venta de la empresa de aguas queda anulado. A este auto judicial cabe apelación en los próximos quince días por el Ayuntamiento, pero la resolución de la apelación llevaría varios meses, fácilmente hasta final de 2015. De manera cautelar el proceso no se paraliza sino que tiene que ser la denunciante (Rosa Melchor) la que pida que se pare el proceso.
Todo viene curiosamente no de que sea ilegal su venta sino el proceso que el Ayuntamiento presidido por Diego Ortega (PP) ha llevado a cabo para hacerlo. Concretamente viene del Pleno del 14 de octubre, que fue la sesión en la que se aprobó la venta. Esa sesión se convocó con carácter extraordinario, algo que la justicia avala “cuando existe un proceso que requiere la máxima velocidad de ser llevado a trámite”. Pero el mismo auto indica que “nada habría cambiado si el Pleno se hubiese ordenado dos días después por vía ordinaria” y de hecho indica también que “el declararlo extraordinario se hizo para saltarse diversos trámites legales de información del proceso, especialmente con la oposición”. Una oposición, los concejales del PSOE, que no recibieron la información del Pleno, alegaciones y puntos del día hasta el viernes 11 en algunos casos mientras que otros documentos los recibieron el mismo día del Pleno a primera hora.
La justicia indica que “se debe aportar la documentación de los argumentos a debatir mínimo con dos días laborables de antelación. El día 12 de octubre era festivo, mientras que el 13 era domingo, por lo que no dispusieron de ese tiempo para preparar una oposición o estudiar la documentación”. Por otro lado las apelaciones a la venta de la empresa eran 110 folios que recibieron el mismo día del Pleno “siendo imposible preparar una respuesta”, según el auto. Por ello, por las formas tomadas por el Ayuntamiento, la justicia anula todo ese Pleno y lo que se dispusiera en él, así como todo lo que se aprobase posteriormente en relación con el mismo. Es decir, que se anula la venta de 'Aguas de Alcázar' a Aqualia, la mesa de contratación, el contrato firmado entre Ayuntamiento y Aqualia y todo lo relacionado con el caso, ya que el Pleno del 14 de octubre fue el de la venta de la empresa.
Desde la Plataforma indican que “no sabemos cómo sentirnos. Nos ha pillado de sorpresa y no sabemos si esto ya es real o solo más burocracia”. El auto ha sorprendido a todos los implicados en el caso, también a quien puso esa denuncia, Rosa Melchor, que ha indicado a este medio que “por fin se hace justicia. Hemos conseguido la clave que era llegar a las elecciones sin la empresa vendida. Ahora en las elecciones podrá ganar otro partido y ya se habrá acabado la venta de la empresa. La clave era llegar a las elecciones y lo hemos conseguido, el agua seguirá siendo pública”.
A 24 de mayo, fecha de las próximas elecciones, 'Aguas de Alcázar' será pública si Diego Ortega no es reelegido alcalde de Alcázar de San Juan. Si Ortega vuelve a ser alcalde la justicia resolverá el recurso de apelación al auto de Rosa Melchor decidiendo si accede a atender las alegaciones con Consistorio o si las rechaza, bloqueando finalmente el proceso.
La Plataforma contra la privatización del agua lleva desde hace casi dos años luchando por lograrlo, y este auto es un duro golpe para el gobierno de coalición PP-Ciudadanos por Alcázar que se había empeñado en hacer el proceso a pesar del rechazo de la ciudadanía (un 94% de alcazareños lo había rechazado en referéndum). Queda por saber en qué quedaría el contrato con Aqualia en caso de paralización y si el Ayuntamiento tendrá que pagar a esa empresa una indemnización por no poder finalmente ejercer la actividad, algo que está por ver pero que sí se contemplaba en el contrato con la empresa. Sí que tendrá que pagar costas del proceso judicial el Ayuntamiento, como indica el auto.
Siguientes pasos a seguir
El proceso queda anulado pero no paralizado. Para paralizarse, la demandante (Rosa Melchor) debe pedirlo a la justicia alegando los posibles inconvenientes que acarrearía seguir con el proceso. La paralización del proceso se daría solo definitivamente y cuando la justicia resolviese las apelaciones. Es decir, que de manera cautelar el proceso sigue en pie mientras decide la justicia, aunque este tribunal lo haya anulado.
Toda apelación serviría para prolongar el proceso, pudiendo elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha e incluso al Supremo para que durante unos meses más se continúe con el proceso. En primer lugar la justicia debe resolver el recurso que con toda seguridad presentará el Ayuntamiento en los próximos días a este auto, una resolución que se daría para final de año con facilidad. Si hubiese más recursos, el proceso sería el mismo, siguiendo en pie hasta que todos quedasen resueltos. Ahí sería el paso en que el proceso quedaría ya definitivamente anulado. Algo que por otra parte es de esperar con la sentencia tomada por el tribunal, pero los recursos podrían usarse para alargar en el tiempo los plazos (algo que también aumentaría los costes de la operación al Ayuntamiento y a su vez a todos los alcazareños).
