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No hay nada nuevo en que el PSOE de Castilla-La Mancha rechace una ley de memoria histórica presentada por Podemos. De hecho, nada es la palabra que ha definido la actitud del PSOE regional ante la Memoria Histórica.
A comienzos 2010, seis asociaciones de Memoria Histórica de Castilla-La Mancha consensuamos un documento solicitando una reunión a la Junta para que, tras más de tres años de aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, hiciera algo al respecto en nuestra región. Nos recibieron el director general de Justicia y el de Coordinación. Como imaginarán de un grupo heterogéneo partieron gran cantidad y diversidad de propuestas. La repuesta a todo fue no. Tiempos aquellos en los que la directora de la Oficina de Víctimas del Franquismo y la Dictadura del Ministerio de Justicia se mostraba estupefacta viendo como la Junta no atendía a sus requerimientos, alineándose así solo con las comunidades entonces gobernadas por el PP. Claro desde fuera no se veía lo que había aquí.
La única consecuencia de esta reunión fue la decisión del PSOE de Castilla-La Mancha de crear un proyecto en la UCLM. Así nació el Portal de Víctimas de la Dictadura de Castilla-La Mancha a finales de 2010, aprobando su financiación el gobierno de Barreda; si había que sacar pecho se sacaba, si había que esconderse se decía que era un proyecto universitario. Muy PSOE, por desgracia. El proyecto en sí, con el que hemos colaborado, es muy interesante pero su historia, como ven, lo es menos.
Volviendo a la financiación de este proyecto, no se liberó el dinero hasta finales de 2014 por el gobierno del PP. Se ve, señor Cañizares, que Cospedal se encontraba entre esa inmensa minoría que sí se preocupaba de la Memoria Histórica, liberando los fondos ya aprobados en 2010 y tras limpiar sus tijeras de sangre de euros cortados a la sanidad. Señor Cañizares ¿recuerda usted, cuando Francisco Pulido, alcalde popular de Cuenca, aprobó que esta asociación levantara un memorial a las víctimas del Franquismo en el cementerio? ¿O cuando Valentín Bueno asumió el permiso otorgado por su predecesor socialista en Villarrobledo para idéntico fin en las fosas de los Barreros? Si es que la memoria no es mala señor Cañizares, de verdad. Y la inteligencia tampoco, que ya está bien de escuchar siempre la misma retahíla arrogante, poco perspicaz y nada reconciliadora.
En resumen, todo esto lo hacía el PSOE por considerar que no le venía bien la Memoria Histórica electoralmente. Triste destino que tras no haber hecho nada por ella perdieron las elecciones lo mismo.
La verdad es que tampoco hay nada especialmente nuevo en que Podemos presente un proyecto de ley de Memoria, al fin y al cabo esa era la línea marcada por el PSOE, no en Toledo claro, para desarrollar la ley de 2007; se pretendía que las comunidades autónomas fueran las que se corresponsabilizaran y desarrollaran muchos ámbitos de la ley. Así, como vemos no desentona tanto.
ARMHCUENCA se solidariza con todas las iniciativas que surjan al respecto de la Memoria Histórica, se ha hecho mucho pero queda tanto por hacer… No obstante, nos resulta incomprensible que Podemos haya prescindido de la sociedad civil, de las asociaciones memorialistas, que tanto menciona en su texto. De hecho, como otras asociaciones, hemos podido estudiar su texto al llegarnos el proyecto a través de terceros. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. En realidad, no se han puesto en contacto con ninguna de las asociaciones que asistimos a aquella reunión en Toledo en 2010, varias como los foros de la Federación Estatal de Foros por la memoria de Toledo y Guadalajara, o la Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña, que ya estaban trabajando cuando nosotros empezamos hace ya más de 12 años. Así no se hacen las cosas.
Desaprobamos claramente que se acabe usando la Memoria Histórica para disputas entre partidos que, a la postre, no tienen tanto que ver con ella. Si quieren hacer algo, que sea práctico. A arremangarse y manos a la obra que tenemos una ley vigente, independientemente de sus muchas y graves deficiencias, cuyo cumplimiento se obstaculiza desde las mismas instituciones democráticas.