Devolver plusvalías de vivienda puede costar casi 91 millones a los ayuntamientos de la región
La extensión a toda España de la doctrina que declaraba nulo el pago de plusvalías municipales por la venta de vivienda con pérdidas en las provincias de Álava y Guipúzcoa ha generado toda una reacción en cadena en el país, con la puerta abierta a que muchos afectados comiencen a reclamar. Así lo ha manifestado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera que este fallo “allana de forma definitiva el campo para que puedan pedir la devolución los miles de afectados” por este Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, muy polémico desde su aprobación.
Según la tasadora Tinsa, en Castilla-La Mancha hay un total de 20.200 viviendas afectadas cuyos propietarios pueden iniciar reclamaciones a los ayuntamientos siempre que la venta de sus inmuebles se haya realizado con pérdidas. Concretamente, son 7.400 viviendas en la provincia de Toledo, 4.400 en Ciudad Real, 3.600 en Guadalajara, 2.900 en Albacete y 1.900 en la provincia de Cuenca.
En todo el país, contando con los vendedores que han pagado a los ayuntamientos una media de 4.520 euros por el impuesto, el impacto en reclamaciones podría llegar hasta los 10.000 millones de euros, según varios despachos de abogados que ya están animando a los propietarios a reclamar, en un proceso que guarda algunas similitudes con las cláusulas-suelo.
La plataforma Reclamador.es ha elaborado un cálculo aproximado y provisional de los pagos a los que tendrían que hacer frente los ayuntamientos por comunidades autónomas. Este importe, en el caso de Castilla-La Mancha puede ascender a casi 91 millones de euros, pero no es la comunidad autónoma con mayor impacto. De hecho, en regiones como la Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, los cálculos superan los 300 millones de euros; y en el caso de Aragón, la cifra asciende a unos 475 millones de euros.
Por provincias, de los 91 millones de euros correspondientes a Castilla-La Mancha, esta plataforma cifra en una tercera parte (unos 33 millones de euros) el dinero que tendrían que devolver los ayuntamientos de la provincia de Toledo. En la provincia de Ciudad Real, el importe sería de casi 20 millones de euros; en Guadalajara, de 16,2 millones de euros; en Albacete, la cifra alcanzaría los 13 millones de euros; y en la provincia de Cuenca, los 8,5 millones de euros.
El tributo impide al ciudadano contribuir al fisco
En la sentencia del Tribunal Constitucional se explica que el tributo impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir al fisco de acuerdo con su capacidad económica al reclamarle pagar plusvalía por un bien que en realidad ha perdido valor. Por ello, entre otras razones, declara la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley cuando atañe a inmuebles que se venden por menos valor del que se compraron.
En Castilla-La Mancha, varios ayuntamientos se han pronunciado durante estos meses a cuenta de este polémico impuesto. Por ejemplo, el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, del PP, ha pedido al Gobierno central medidas compensatorias que ayuden a afrontar la reducción del presupuesto municipal en aplicación de esta sentencia. Y en Toledo, el Consistorio municipal también está estudiando “con mucho rigor” las cuentas públicas teniendo en cuenta posibles reclamaciones por la inconstitucionalidad del tributo.
En general, en las capitales de provincia como Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, y en otras grandes localidades como Puertollano, Alcázar de San Juan o Villarrobledo, los equipos municipales de Gobierno están realizando los cálculos de sus próximos presupuestos locales en base a los importes que previsiblemente tendrán que devolver a los propietarios.
