Los museos públicos de Castilla-La Mancha podrán ser gestionados por empresas privadas
El artículo 52 de la nueva Ley de Museos establece que se permite a la gestión del “servicio museístico” utilizar las distintas fórmulas de la normativa de contratación del sector público y, por lo tanto, la cesión a empresa privadas, aunque siempre bajo la “supervisión y control técnicos” de la dirección general competente.
Además la Ley compromete a la Junta a buscar mecanismos para obtener ingresos por “venta de entradas, comercialización de espacios y servicios” (artº 50), confirmando así tanto el cobro del acceso que se ha iniciado este año, como la posibilidad de ceder los museos y sus servicios para actividades lucrativas.
En consonancia con este enfoque la Junta queda también obligada a promover e impulsar “iniciativas empresariales que permitan ofrecer al público servicios culturales de calidad en el marco de las instituciones museísticas” (artº 51). Una redacción suficientemente amplia y ambigüa como para que surjan las sorpresas en las actividades que se puedan desarrollar en los museos públicos regionales.
El propio consejero Marcial Marín, en la defensa de la nueva Ley en las Cortes el pasado 8 de mayo, declaraba que había que “buscar nuevas fórmulas para prestar esos servicios que la sociedad demanda, sin que ello se convierta en una carga imposible de mantener a medio y largo plazo comprometiendo la propia integridad del patrimonio cultural que custodian”.
Marín se mostró partidario de conjugar aquellos modelos en los que la financiación pública es el único soporte y aquellos otros, más propios del mundo anglosajón, en los que la iniciativa privada es la única valedora, “sin perder de vista que los museos son un servicio público, y como tal hay que garantizar su sostenimiento”.
Fin de la gratuidad de los museos
Este mismo año una Orden de precios públicos en museos, archivos y bibliotecas de la Junta de Comunidades estableció el fin de la gratuidad en los museos de titularidad de la Junta, pasando a costar 3 euros la entrada en todos los casos salvo en los Museos de Santa Cruz y de los Concilios, ambos situados en Toledo, que cuestan 6 euros.
Han sido numerosas las críticas a esta medida, tanto desde el Ayuntamiento de Toledo como de organizaciones ciudadanas que han llegado a promover una recogida de firmas para mostrar su rechazo.
Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez, han mostrado también la oposición de su formación a los nuevos precios de entrada a los museos toledanos gestionados por la Junta, que consideran discriminatorios. Jiménez ha criticado los criterios establecidos para bonificaciones o reducciones en el precio de las entradas; “las familias numerosas pagan casi cinco euros por entrar a cada uno de estos museos; a una familia le sale mucho más barato comer en un burguer que visitar el Museo de Santa Cruz o el de los Concilios”.
Por su parte, Aurelio San Emeterio, ha denunciado “la obsesión de la presidenta De Cospedal por convertir cualquier cosa en producto de mercado sin importar si con ello deja a una parte de los ciudadanos sin acceso a los servicios. Primero ha sido la sanidad y la educación y ahora la cultura y los museos. Detrás de una subida como esta sólo puede haber una estrategia planificada de buscar una rentabilidad económica que permita externalizar o privatizar la gestión de los museos. Beneficios frente a servicios, PP en estado puro”.
