Trabajadores de seguridad de la Junta se movilizan para mantener el convenio estatal
Los sindicatos regionales USO, UGT y CCOO han anunciado concentraciones en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el Palacio Fuensalida para el presente mes de febrero. El motivo: el concurso abierto del Servicio de Seguridad de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara y el hecho de que la nueva adjudicataria sea Sinergias, que tiene su propio convenio, según afirma Carlos García Montoya responsable de Construcción y Servicios de CCOO.
El hecho de que se aplique el convenio de la empresa, en este caso, “viene a aminorar condiciones salariales y sociales casi en un 40% de lo que veníamos percibiendo”, asegura. En este sentido. afirma que “es fácil que haya reducción de salario entre los 300 y 400 euros”.
Desde los sindicatos quieren que existan unas garantías por parte de la Junta para que esto no ocurra. “Sea la empresa adjudicataria la que sea, lo que queremos es la garantía de que efectivamente se siga aplicando el convenio vigente y no otro”, subraya Montoya. La empresa que lo gestiona actualmente y desde los dos últimos años es Grupo Sureste y la que “tiene todos los visos de que sea la adjudicataria por los números y por la propia adjudicación objetiva del pliego”, según ha confirmado la Junta a CCOO, sería Sinergias.
Para los sindicatos, lo fundamental, al margen de la adjudicación, es que a los trabajadores se les siga aplicando lo mismo convenio anterior, es decir, el Estatal de Empresas de Seguridad. Así, están “preocupados” porque “todos tenemos hijos y que me digan si alguien con 700 euros de paga por un mes entero de trabajo puede vivir con ese sueldo”. Además, recuerdan que los vigilantes están expuestos a todo tipo de peligros y trabajan 162 horas al mes, “teniendo en cuenta también que con la crisis hemos sido un sector muy castigado”.
Elaboración de un texto conjunto para salvar el pliego de condiciones
De este modo, el problema que ven los trabajadores, al igual que los sindicatos, es que tiene su propio convenio, no el de vigilancia privada, “y la Junta contrata a esta empresa, que incumple la ley”. Afirman además que el jefe de la compañía que puede ser la adjudicataria está investigado por la Fiscalía y “debe un montón de millones a la Seguridad Social”, comenta uno de los trabajadores.
Finalmente las convocatorias previstas para esta semana han sido suspendidas y los sindicatos han quedado en elaborar un texto que intente satisfacer “lo que nosotros queremos para que recojan de alguna manera esas garantías que perseguimos”, y a la vez, para que también ellos “puedan salvar de alguna manera el pliego de condiciones”.
El objetivo es elaborar un documento conjuntamente en el plazo de 10-15 días que recoja la garantía por parte de la Junta de seguir manteniendo a los trabajadores con el convenio estatal. Al margen del plazo de diez días, en la asamblea de trabajadores celebrada este pasado miércoles se ha decidido de forma unánime seguir con las movilizaciones los próximos días 8, 9 y 16 ante el Palacio de Fuensalida (sede del Gobierno regional) y el jueves 24 ante las Cortes aprovechando la celebración del Pleno.
Por último, el responsable de Construcción y Servicios de CCOO insiste en que el problema de todo esto “es que jurídicamente hablando no pueden acarrear el que les saquen fuera del concurso”, sino “que se tome la decisión política que se tenga que tomar”. “Tenemos que intentar ser capaces de poner en el pliego de condiciones o en un documento que la Junta va a velar porque las condiciones de la gente se mantengan”.
