El termalismo social se recupera tras graves recortes y el “abandono” del PP
La Consejería de Bienestar Social ha anunciado las bases reguladores del Plan de Termalismo Social de Castilla-La Mancha, que establece estancias cortas a un precio “mucho más asequible”, de 115 euros, mucho más económicos que los ofertados por el anterior Ejecutivo, que llegaban a los 315 euros, o los del IMSERSO. “El programa se adapta muchísimo más a sus necesidades, es una opción más cómoda y flexible para quienes consideran las estancias del Imserso demasiado largas”, ha afirmado Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional.
Hernando ha señalado que las ayudas suman un total de 324.000 euros y ha incidido en que se trata de una manera de ayudar a los usuarios y mejorar su calidad de vida, tras el “abandono” que sufrió la iniciativa en los últimos cuatro años. “Casi todo el gasto corría a cargo de los participantes lo que redujo de forma drástica los beneficiarios”, afirmó el portavoz regional. En este sentido, Hernando señaló que en 2011 los usuarios llegaban a los 14 mil, los que se redujeron a 190 en 2015, un recorte del 99%.
Las ayudas están destinadas al acceso de personas mayores dependientes y “con graves dolencias”, para quienes se ofertarán tres mil plazas. Actualmente, hay nueve balnearios en Castilla-La Mancha que participan en el programa y ofrecen alojamiento, manutención y tratamiento termal. El programa forma parte de la estrategia de envejecimiento activo que ofrecerá más de 120.000 plazas para las actividades, con un incremento del 20% respecto a 2015.
2012, la supresión del termalismo social
María Dolores de Cospedal anunció en 2012 como parte de su gran plan de ahorro, que ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo, la eliminación del programa de termalismo social, que estaba en funcionamiento desde el año 2000. Con la medida, el anterior Ejecutivo del PP pretendía ahorrar unos 8 millones de euros.
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados criticó duramente la medida, señalando que no se había tenido en cuenta el diálogo con los agentes sociales y tampoco los beneficios que el programa suponía a las personas de edad más avanzada. La UDP llegó a calcular que la eliminación del programa podría llegar a afectar a unos 40.000 jubilados a lo largo de la región.
