La deshonra del PP en el Palau de la Generalitat Valenciana: tres expresidentes al banquillo por corrupción

El PP ocupó el Palau de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2015. De los cuatro presidentes del Ejecutivo autonómico, tres de ellos —Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps— se sentarán en el banquillo de los acusados por casos de corrupción. Sólo Alberto Fabra, que gobernó la última legislatura tras la dimisión de Camps, se ha salvado. Un triplete que supone una deshonra institucional para la Generalitat Valenciana y que agrava el pesado fardo para los populares, que se enfrentan a una campaña electoral empañada por las graves acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra sus máximos representantes en el poder institucional de las últimas décadas.

Carlos Mazón, el actual líder del PP valenciano adscrito a la corriente zaplanista, no acaba de librarse de la imagen que irremediablemente persigue al partido. La portavoz popular en las Corts Valencianes, Maria José Catalá dijo tras la apertura del juicio oral a Zaplana y Olivas que la formación conservadora respeta tanto la acusación de Anticorrupción —el Ministerio Fiscal pide una pena de 19 años de prisión para el primero y seis para el segundo— como la presunción de inocencia.

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, considera que Zaplana, tras abandonar la política activa, se dedicó a ocultar “el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros”. La investigación del 'caso Erial', comandada por Anticorrupción y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha localizado un botín en paraísos fiscales de 20,6 millones de euros fruto de presuntas mordidas. Después de haber confesado su necesidad de hacerse rico, en unas famosas conversaciones intervenidas en 1990 en el marco del 'caso Naseiro', la UCO ha confirmado que así fue.

La presunta organización criminal, liderada por Zaplana, estaba perfectamente estructurada. “Durante su extensa carrera política”, sostiene el fiscal, “formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno”. Todo ello, “en su propio beneficio e interés”, apostilla el fiscal.

Además, las pesquisas han podido acreditar el flujo de las mordidas en una compleja lavadora internacional. Los blanqueadores —el abogado uruguayo Fernando Belhot y Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía— han cantado la Traviata ante los investigadores apuntalando así una acusación complicada de combatir para las defensas. Belhot incluso entregó 6,7 millones de euros escondidos en Suiza por los acusados, una cantidad transferida a la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos.

El sucesor de Zaplana

Para el sucesor de Zaplana en el Palau de la Generalitat, José Luis Olivas, la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho y de prevaricación. Olivas se presenta ante el banquillo de los acusados con antecedentes vinculados al 'caso Erial' al haber sido condenado hace un lustro por los delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública por una operación realizada junto con el empresario Vicente Cotino para justificar el abono de un soborno de la trama. El Ministerio Público acusa a Olivas de haberse quedado con una comisión de 480.000 euros del pelotazo de la privatización de las ITV y de la adjudicación del Plan Eólico.

El tercer presidente del PP en el Palau de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha sido absuelto o ha salido indemne de numerosas causas de corrupción. Sin embargo, aún tiene una causa pendiente en la Audiencia Nacional, en el marco del 'caso Gürtel, por supuestamente dar instrucciones a la entonces directora general de Promoción Institucional Dora Ibars para favorecer a Orange Market, empresa de la trama Gürtel en Valencia, en el montaje del expositor en Fitur, cuyo coste ascendió a 366.529 euros.

Si Zaplana y Olivas afrontan el banquillo con un complicado panorama, el de Camps no lo es menos. Anticorrupción solicita una pena de dos años y medio de prisión y 10 meses de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Numerosas defensas del caso han alcanzado pactos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes, Isabel Jordán y Cándido Herrero, todos miembros de la red Gürtel, y de Silvia Caballer, exdirectora general del libro, y Carmen Quintero, exdirectora de la Fundación de la Luz de las Imágenes.

El peor escenario para tres expresidentes de la Generalitat Valenciana.